Pedirán informes sobre los 33 lotes que quiere vender el PE

La Legislatura solicitará al Poder Ejecutivo informes sobre el estado de los 33 inmuebles públicos ubicados en Yerba Buena que pretende incorporar a la operatoria conocida como “Activo por Activo”. Así lo confirmó el titular de la Comisión de Hacienda, Fernando Juri Debo (PJ).
“El proyecto aún no fue analizado por la comisión. Lo primero que haremos es pedir a la Dirección de Catastro que informe cuál es la situación actual de los predios, en qué estado dominial se encuentran y por qué se pretende incorporarlos al listado ya existente”, explicó el presidente subrogante de la Cámara.
Juri Debo recordó que, también, deberán estudiar el destino previsto para esos inmuebles y si no se encuentran bajo ocupación o utilización del municipio en el que están emplazados, en este caso, Yerba Buena. Adelantó, no obstante, que la Comisión de Hacienda difícilmente se reúna durante la semana. “Podríamos sesionar antes de fin de mes y, si los informes son satisfactorios, tratarlo en el recinto en esa oportunidad”, aseveró.

Patrimonio provincial
Tal como lo publicó LA GACETA en su edición de ayer, el gobernador José Alperovich quiere sumar 33 terrenos públicos ubicados en Yerba Buena al listado de bienes que pueden ser enajenados a través del sistema “Activo por Activo”.
Los informes de la Dirección de Catastro estiman en más de $ 2 millones el valor fiscal de los lotes, que se sumarían a los anexos de la ley sancionada en 2001 y modificada en 2003. De prosperar la iniciativa del Poder Ejecutivo, los bienes en condiciones de ser canjeados por obras de infraestructura, vendidos o cedidos serán más de 80.
La norma fue duramente cuestionada por parlamentarios de la oposición y por distintas organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales. Argumentaron, fundamentalmente, que el proyecto tendía a liquidar el patrimonio histórico y cultural de la provincia y a convertirse en un mero negocio inmobiliario.
Inclusive, la Junta de Estudios Históricos llegó a presentar un recurso de amparo colectivo en pos de suspender la ejecución de la medida. A pesar de la vigencia de la norma, el Ejecutivo aún no pudo concretar ninguna operatoria bajo el Sistema Alternativo de Pago de Infraestructura Pública.