Exigen mejores condiciones democráticas

“No sabemos qué puede salir de esta Convención Constituyente, pero nuestro diagnóstico es escéptico porque está cerrada y no se conoce qué temas está discutiendo”, afirmó a LA GACETA Soledad Pujó, coordinadora del Area Justicia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
La especialista calificó el proceso de reforma de la Carta Magna como autoritario, pues asegura que en él no se generan canales de participación cívica. “No veo una preocupación para mejorar las condiciones democráticas, y menos cuando todas las decisiones son tomadas entre dos personas, sin escuchar a los demás”, agregó.

Eliminación de la violencia
La referente del Cippec consideró importante que en la nueva Constitución provincial estén reconocidos los tratados internacionales firmados por la Argentina (como la eliminación de la violencia y la discriminación de la mujer o los derechos de los pueblos originarios), ya que de esa forma se simplifica el camino para litigar, se eliminan instancias previas y se evitan discusiones sobre competencia o jurisdicción.
“Luego de una reforma, se debe nutrir a los temas sancionados de mucho trabajo y de legislación de soporte, para que se transformen en mejoras efectivas para la gente”, aclaró Pujó, quien estuvo en Tucumán para disertar en un ciclo de charlas sobre la reforma, organizado por Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

Deficiencias de la Justicia
La abogada remarcó que la sociedad tiene un alto nivel de demandas insatisfechas sobre el Poder Judicial. Además, cuestionó el accionar de los magistrados judiciales y planteó los problemas de adecuación a los requerimientos del sistema democrático. “Los miembros del Poder Judicial se mantienen en su marco clásico y tradicional, como una élite exclusiva de la sociedad. Es muy difícil transmitirles los problemas de los sectores populares si no se cambian pensamientos culturales, porque se presentan incluso barreras de lenguaje y de comunicación”, mencionó.
Sostuvo que hay ciudadanos que no acceden a esa estructura cerrada porque es incomprendida. “Se debe trabajar en el perfil que debe tener un juez, lo que es más profundo que crear un Consejo de la Magistratura”, advirtió la profesional de Cippec.
Pujó explicó que hay pocas posibilidades de incidir en el Poder Judicial a partir de cambios que se produzcan desde la conducción, “porque -manifestó- tienen muy poca capacidad de pensarse en otra sintonía y de adaptarse a este tiempo”. Indicó que es así como se encaró el camino inverso y como se están logrando buenos resultados en contactos con la primera línea de acción, de modo sostenido y firme.

Resolución de conflictos
Una de las mejoras más importantes, según Pujó, es la difusión de métodos alternativos para la resolución de los conflictos, por fuera de los ámbitos tribunalicios, para limitar la judicialización a los casos imprescindibles. También resaltó como importante la creación de redes de contención social.


El vicepresidente de Recrear, Pedro Stordeur, se mostró complacido con que el convencional peronista Antonio Raed haya propuesto incorporar el instituto del Juicio de Residencia en la Carta Magna, y recordó que fue una iniciativa que él vino impulsando desde que se debatió en la Legislatura la ley que declaró la necesidad de la reforma. “Es un medio para luchar contra la corrupción, y bien articulado puede resultar muy efectivo”, dijo.
El proyecto fija que ningún funcionario que haya cesado en su cargo puede abandonar la provincia por cuatro meses, término por el cual queda sujeto al Juicio de Residencia, el que consiste en una evaluación de los bienes que tenía al ingresar y al retirarse de la función pública.
Raed también propuso el regreso a la Legislatura de las facultades implícitas o residuales, retiradas en la reforma de 1990, que le permitía actuar dictando normas (leyes o reglamentos) en las áreas necesarias para el cumplimiento de la Constitución y que no estén expresamente delegadas a los Poderes Ejecutivo y Judicial. Hoy la Cámara sólo puede ejercer las facultades enumeradas por el articulo 63.

• Rechazan una propuesta
Opositor pide garantias

Aberración. De esta forma calificó el edil José Luis Avignone la propuesta del oficialismo de alterar la integración de la Junta Electoral Provincial, incorporando al fiscal de Estado en lugar del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia. “Es un absurdo, porque se desplazaría a la garantía que tienen los partidos y candidatos que se presenten en los comicios”, dijo. Opinó que, de esta manera, quedarían a merced de los designios del partido oficialista, “porque la Junta resolvería qué urnas abrir y qué urnas no”.

• Reclamo de la central obrera
Aval a ambientalistas

La CGT, con la firma de Juan Daniel Acosta, expresó su respaldo a la Federación de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales, que planteó a los constituyentes que la actual estructura del Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente no cumple los fines para los que fue creado. “La participación del movimiento obrero fue desplazada”, señaló. En tal sentido la central obrera reclamó la reinserción en ese organismo “ya que los profesionales de saneamiento fueron los representantes de la CGT en esa estructura”.