El PE quiere desprenderse de 33 lotes emplazados en Yerba Buena

El Gobierno provincial pretende ampliar el listado de inmuebles públicos que pueden ser enajenados a través de la operatoria conocida como “Activo por Activo”. El proyecto remitido a la Comisión de Hacienda de la Legislatura detalla el estado de 33 bienes fiscales emplazados en Yerba Buena.
El Poder Ejecutivo justificó en el temor de que sean usurpados la decisión de incorporar nuevos lotes del Estado a la norma. El gobernador José Alperovich y el ministro de Economía, Jorge Jiménez, remarcaron que por su ubicación y sus características, los bienes poseen un alto valor económico. La valuación fiscal mínima fue estimada por la Dirección de Catastro en $ 2 millones, pero el precio de mercado sería mucho mayor.
La determinación de los nuevos inmuebles disponibles para la venta fue encomendada a la Dirección de Catastro. En un escrito remitido por el titular de la repartición, Félix Herrero, al ministro de Economía, se destaca que los predios en cuestión se encuentran libres de ocupantes y sin utilidad específica por parte del Estado. “Actualmente están desocupados y sin destino. Por sus dimensiones, no son aptos para su asignación en carácter de bienes librados al uso público. Como consecuencia de esto, revisten neto carácter improductivo”, sostuvo Herrero.

Sin custodios
El funcionario, además, ponderó el valor económico de los bienes detallados. “De manera provisoria y con importes sensiblemente menores a los determinados por el mercado, representan un patrimonio superior a los $ 2 millones”, destacó.
Aseveró, en tanto, que por encontrarse desocupados, los inmuebles pueden verse afectados por ocupaciones ilegales. “Es imposible asignar personal de custodio a cada uno de los bienes. Por eso sugerimos, a los efectos de reorganizar, proteger y regularizar el patrimonio estatal, ampliar el anexo de la ley”, precisó el titular de Catastro.
El “Sistema Alternativo de Pago de Infraestructura Pública” fue impulsado por Alperovich en 2001. Mientras se desempeñaba como ministro de Economía, la Cámara sancionó la Ley 7.142. La norma creó un sistema de pago que funciona con tres opciones: las operaciones de canje de activo por activo; la generación de fondos con la venta de activos depositados en cuentas especiales o la constitución de un fondo fiduciario con préstamos gestionados ante entidades financieras. La ley también incluyó un extenso listado de bienes que podrían ser canjeados.
En 2004, el gobernador propuso la modificación de la norma. En abril de ese año, la Legislatura sancionó la Ley 7.379, que habilitó la creación de dos fondos fiduciarios -uno para atender eventuales emergencias financieras y otro para realizar obras de infraestructura-, además de ampliar la lista de inmuebles que pueden ser vendidos.
Si bien la norma lleva cinco años de vigencia, el listado de 48 inmuebles afectados no sufrió modificaciones, puesto que hasta el momento no se concretó ninguna operatoria. La transacción más avanzada es el traspaso a la AFIP de terrenos contiguos al ex Banco Provincia, en Laprida primera cuadra, por unos $ 2,8 millones. Según el PE, el valor global mínimo de los bienes asciende a más de $ 50 millones.