En pocas palabras

Polémica por una estación de servicio
La arremetida del Colegio de Arquitectos de Tucumán en contra de una estación de servicio ubicada en los predios de la terminal de ómnibus, frente al parque 9 de Julio, será dirimida por la Justicia.
La ampliación de la estación de servicios desencadenó una presentación judicial en contra del intendente de la capital, Domingo Amaya. El pedido de clausura fue realizado ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ese criterio también fue compartido por los concejales de la oposición, que consideraron que no se respeta la autoridad municipal.
La reacción de los arquitectos y de los ediles obedece a que la autorización para realizar las obras fue emitida por un organismo provincial; en este caso la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), firmada por Daniel Diambra, en diciembre de 2004. Luego, en mayo de 2005, el Concejo Deliberante aprobó una resolución, a instancias del radical José Luis Avignone para que se ordene la suspensión de la obra. Sin embargo, los empresarios continuaron con los trabajos en el local comercial destinado al expendio de gas natural comprimido y, ahora, está casi listo para ser inaugurado.
El concejal Hugo Danesi (Copade) respaldó la postura del Colegio de Arquitectos, aunque aclaró que él no hubiera recurrido a la Justicia. “No corresponde que la Provincia actúe sin contar con la autorización municipal. Una cosa es que el predio sea de la Provincia y otra es lo relacionado con las autorizaciones de lo que pueda construirse en ese lugar”, afirmó el edil que preside la comisión de planeamiento y desarrollo urbano.
La presentación judicial del Colegio de Arquitectos alteró el ánimo de los funcionarios de la intendencia. Apenas se enteraron de la denuncia judicial hubo algunos llamados telefónicos para intentar bajar el tono del conflicto. Sin embargo, los profesionales efectuaron la demanda.

Procesan a los ex jefes militares
El juez federal Jorge Parache procesó a los generales retirados Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi como presuntos responsables mediatos ideológicos de la desaparición de Daniel Enrique Fontanarrosa, ocurrida el 31 de mayo de 1977, y los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. El juez federal fijó un embargo de $ 500.000 sobre los bienes de cada uno de los acusados. Parache resolvió, además, ampliar los procesamientos de los ex jefes militares por la desaparición de Graciela del Valle Bustamante de Argañaraz, y fijar embargo en $ 700.000 a cada uno.

Primera reserva de color en la interna del justicialismo
La convocatoria a elecciones internas en el Partido Justicialista tiene ya a su primer protagonista. El viernes, la Agrupación Perón Vuelve, que conduce Juan Cirnigliaro, formalizó la reserva del color celeste, como identificación de la lista que tiene previsto presentar en los comicios llamados por el presidente del peronismo, Fernando Juri, para el 20 de agosto.
“Entendemos que el propósito es organizar definitivamente el PJ, garantizando un proceso de democracia interna transparente y limpio. El objetivo debe estar orientado a garantizar la representatividad de las bases, a recrear la olvidada doctrina de Juan Domingo Perón y a asegurar el surgimiento de una nueva dirigencia, que debe estar desvinculada de los vicios que generan el poder y el dinero”, sostuvo Cirnigliaro.
El dirigente convocó a los referentes peronistas del interior y de la capital a impulsar la incorporación de nuevos militantes y a generar entre las filas justicialistas el debate doctrinario. Con estas actividades pretende que los candidatos a los cargos en disputa “surjan de la voluntad de los afiliados y no de decisiones de las cúpulas, que responden a intereses personales”. “Vamos a defender al PJ, para que nunca jamás se repita la historia de un candidato radical en nuestro movimiento”, afirmó, en referencia al pasado del gobernador José Alperovich.