Reconocerán los derechos de las comunidades originarias

El texto reformado de la Constitución provincial reconocerá las potestades y garantías de las comunidades originarias. Esa es la voluntad de constituyentes del oficialismo y de la oposición, que promueven, por separado, proyectos para consagrar el derecho indígena en la Carta Magna.
Dos de las principales propuestas ingresadas son la del peronista Alejandro Martínez y la del democristiano José Páez.
Ambas coinciden en que el Estado debe reconocer la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad, las instituciones, la educación bilingüe e intercultural, la medicina tradicional y el desarrollo económico, político, cultural y social de los pueblos indígenas que habitan todo el territorio provincial.
La propuesta de Martínez, que contó con el aporte de la Fundación “AMI 21” que conduce Jorge Guerra, prevé garantizar para la Pachamama, la Ñusta, el Yastay y su comunidad los beneficios de la seguridad social y de los programas asistenciales. En compañía de la vallista Justa Pastrana, elegida en 1997 para representar a la “Madre Tierra”, Guerra precisó en LA GACETA que la coplera de Santo Viejo (a seis kilómetros de Amaicha del Valle) ni siquiera tiene pensión.
La propuesta crea un Registro Provincial de Ciudadanos Descendientes de Aborígenes, declara simbólicamente a Tucumán como “Provincia de Tucma” y promueve la creación de acciones de tutela eficaz de derechos.
El proyecto de Páez, además de reclamar estos institutos, reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras y recursos naturales que tradicionalmente ocupan estos pueblos, y su patrimonio cultural. El representante del ASI, incluso, plantea la restitución de territorios.
El proyecto, que recoge propuestas de ONG locales y nacionales, fija una cláusula transitoria que da un plazo de seis meses para dictar las leyes que reglamenten estos derechos.