Dudas sobre el valor que tendrían las casas

Además de objetar el procedimiento llevado adelante por la Nación para aumentar el cupo de viviendas asignado inicialmente a Tucumán, el fiscal federal general Antonio Gómez concretó actuaciones preliminares a fin de establecer si las viviendas proyectadas por el Poder Ejecutivo estaban dirigidas a personas de escasos recursos, como lo preveía el programa inicial.
El fiscal ordenó una serie de medidas para determinar el valor de las casas, como así también el precio del terreno. Para eso, efectuó consultas a profesionales, a entidades intermedias y a empresas, puesto que el convenio marco firmado con la Nación en 2004 fija el precio de cada unidad habitacional en $ 30.000.
Según lo denunció el diputado Jerez, las viviendas costarán entre $ 38.000 y $ 78.000, por lo que no estarán al alcance de personas de escasos recursos. De esa forma, entiende, se desvirtuará el objetivo inicial del plan.
El Programa Federal de Construcción de Viviendas fue firmado entre la Nación y las provincias el 21 de julio de 2004. El convenio marco garantiza a cada distrito un aporte no reintegrable, con el objetivo de dar solución al problema habitacional de los sectores más desprotegidos.