Sabsay advierte riesgos en la Constituyente

Lo niega con énfasis: "no participé de ninguna forma en la elaboración del proyecto oficial de reforma de la Constitución de Tucumán". Daniel Alberto Sabsay, abogado constitucionalista porteño, vino a Tucumán a dictar un módulo en la Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.
Sabsay, indignado, aclara que no fue convocado a trabajar en los aspectos técnicos de la reforma constitucional. "No entiendo por qué mi nombre quedó ligado con este tema", repite y agrega: "de una convención constituyente totalmente secreta no puede sino emerger una Constitución ilegítima".

- La reforma abre, sin embargo, la posibilidad de incorporar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el control de la cosa pública. ¿Podría sugerir algunos?
- Incorporaría una figura similar al amparo colectivo, que dé amplísima legitimación para la defensa de intereses difusos. Agregaría también el derecho al acceso a la información, y daría rango constitucional a la audiencia pública como instancia previa necesaria para la toma de diversas decisiones transcendentes. También incorporaría la evaluación del impacto ambiental como paso anterior a todos los proyectos de desarrollo que puedan importar alguna especie de daño. Mencionaría, además, los principios generales en materia de desarrollo sustentable que surgen de las convenciones internacionales, como el principio precautorio, el de prevención y el de sustentabilidad.

- Respecto del acceso a la información, ¿cuáles son los estándares que garantizan su libre ejercicio?
- Lo primero es el reconocimiento formal de este derecho. Eso es básico; luego, hay que organizar el sistema del acceso; es decir, en los distintos lugares donde la información es generada hay que articular un servicio de acopio regular, sistemático, actualizado y ordenado porque, de lo contrario, la información no estará disponible.
Además, el acceso no debe implicar ningún tipo de intimidación. Debe tratarse de algo neutral, que no amenace a quien informa ni comprometa a quien solicita la información. Al mismo tiempo, debe existir una obligación clara por parte de los organismos y funcionarios en condiciones de informar.
El principio general respecto de este derecho es que toda la información es pública y que sólo excepcionalmente hay algunos ítems que, motivados en la consideración del bien general, no pueden ser librados al público. Esto está relacionado con los temas de defensa, de negociación de tratados internacionales, y con aspectos vinculados al sigilo comercial. Son temas bien precisos que deben estar perfectamente definidos en la norma.
Una vez que están todos estos elementos, recién es posible comenzar a caminar en el tema. Si sólo hay un reconocimiento retórico del derecho es probable que, en los hechos, no funcione. Aún estando estos elementos, si la sociedad civil no se organiza para revertir la costumbre del secreto, considero difícil que pueda ser implementado.

Medio ambiente
Sabsay es un activo defensor del medio ambiente, en su rol de director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Asegura que desde el Protocolo de Kyoto (1998), la sociedad ha avanzado más en la toma de conciencia que los gobiernos en el cumplimiento de las convenciones internacionales. "Sin embargo, en Argentina hay una interesante cantidad de fallos judiciales trascendentes en materia ambiental. Lo que pasa es que esto sólo no alcanza; si no hay políticas públicas, el fallo caerá en el olvido. Servirá para prevenir en una única situación, pero el daño puede seguir perpetrándose", apunta.

- ¿Qué propondría para resolver la crisis de las papeleras?
- Volvería atrás dos años. Hay que restaurar o reparar todas las medidas no cumplidas y consideradas tanto en el derecho internacional como en el nacional de cada uno de los Estados. No fue observado el Estatuto del Río Uruguay de 1975, que es muy claro sobre el procedimiento de consulta y sobre el tipo de etapas que debían llevarse a cabo antes de la instalación de las plantas.
Tampoco han sido observadas las leyes internas que disponen la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental. Los informes que hay no responden a este parámetro porque fueron realizados por las partes interesadas. Por el contrario, las leyes internas hablan de verdaderos procesos de evaluación del impacto ambiental, lo cual es muy distinto, porque la parte científica es fundamental. También deben ser consultadas las poblaciones involucradas o afectadas por la instalación de las papeleras. Mi propuesta sería: hagamos todo lo que omitimos y veamos qué solución sale.

- Según su opinión, ¿cómo seguirá el conflicto?
- Lejos de solucionarse, seguirá aumentando la tensión. El Estatuto del Río Uruguay prevé la posibilidad de acudir a la Corte de La Haya, y es lo que debe suceder frente a la inoperancia de la negociación política. La Argentina no tiene otra posibilidad que concurrir a ese tribunal; es más, creo que sería un grave error dilatar esa salida. La vía judicial no implica el final de las negociaciones.

- Pero es probable que esta solución traiga aparejado un quiebre más profundo en la relación de ambos países.
- De esos países y del proceso de integración. Pero creo que esto último puede ser positivo porque el Mercosur ha demostrado ser una estructura de enorme fragilidad e ineficacia. Si esto puede servir para replantear la integración y construir algo mejor, bienvenida sea la crisis, que no tiene por qué ser mala. Lo mismo digo respecto del vínculo argentino-uruguayo. Inclusive, puede ser una lección importante con relación a las decisiones que son tomadas exclusivamente con base en el deseo de conseguir inversiones, crear puestos de trabajo y riqueza, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y ambientales que esas decisiones desatinadas puedan ocasionar para las naciones vecinas y para la población propia.