Acusan a Jerez de tener una actitud autodestructiva

Los empresarios de la construcción expresaron ayer su malestar por la denuncia del diputado nacional, Esteban Jerez, en contra del emprendimiento denominado “Lomas del Tafí”.
“Vemos con preocupación que algunos referentes políticos tienen una actitud autodestructiva, en un momento en que Tucumán obtiene recursos adicionales para la obra pública”, afirmó el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Fernando Battig.
Dijo que el sector empresarial no será afectado por la suspensión, ya que están trabajando en otras obras públicas que encaró el Gobierno.
Battig advirtió que los más afectados serán los obreros de la construcción y los futuros beneficiarios de las viviendas. “Hay una suerte de indignación de los proveedores de insumos y del sector obrero de la construcción”, remarcó.
El dirigente empresarial consideró que no habrá una suspensión definitiva del proyecto habitacional. “Desde lo legal y técnico se han dado todos los pasos establecidos en las normas. No hay nada que pueda ser sospechado”, resaltó.
Battig remarcó que en años anteriores se criticaba la falta de logros en la construcción de viviendas. “La dirigencia debe aprender mucho todavía, porque ahora que se trabaja en forma orgánica surgen estas denuncias que parecen buscar algún rédito político”, afirmó.
Este criterio fue expuesto ayer ante el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Durán. El funcionario explicó anoche a LA GACETA que las obras que continúan su curso en “Lomas de Tafí” corresponden a la primera etapa del plan de trabajo. Sin embargo, admitió que el planteo judicial de Jerez retrasará el inicio de las obras proyectadas para la segunda etapa.
Durán defendió las actuaciones del Gobierno respecto de este emprendimiento habitacional de 3.000 viviendas. “Ante cualquier requerimiento, estoy dispuesto a presentarme ante la Justicia”, resaltó.

La causa judicial tuvo inicio en una denuncia presentada por el diputado nacional Esteban Jerez en 2005. Como lo publicó LA GACETA el domingo 16 del corriente, el fiscal federal general Antonio Gómez remitió al procurador general de la Nación, Esteban Righi, las actuaciones preliminares vinculadas al proyecto.
De acuerdo con los elementos probatorios aportados por el denunciante, el escrito advierte sobre situaciones que pueden llegar a configurar al menos tres conductas ilícitas: una posible malversación de fondos públicos de la Nación en Buenos Aires; otra supuesta malversación en Tucumán y una presunta estafa en perjuicio del Estado nacional.
Gómez pretende que una investigación sea seguida en Capital Federal. Esta línea está referida a la actuación que le cupo al subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, ante la posibilidad de que  Tucumán se haya beneficiado con fondos que originariamente estaban destinados a San Luis y a Neuquén.
En esta provincia, en cambio, el expediente fue girado al fiscal federal Carlos Brito, a fin de que se determine si el monto por el que las obras fueron adjudicadas por el Poder Ejecutivo mediante cotejo de precios -no a través de una licitación pública- se ajusta a los valores vigentes en el mercado y a los objetivos del Programa Federal de Viviendas.