Martínez Zavalía tildó de hipócrita a un sector de vecinos

El intendente de Yerba Buena, Roberto Martínez Zavalía, tildó de hipócrita a un sector de la comunidad de esa ciudad y a los ediles que se oponen a la actualización catastral. Según denunció, apenas 90 propiedades están tasadas en más de $ 50.000 y otras 9.000 casas valen menos de $ 5.000 para el fisco.
El jefe municipal recurrió a un e-mail para difundir a la sociedad las irregularidades detectadas en torno de las valuaciones fiscales y para justificar el conflicto institucional suscitado entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. "Durante estos dos años se trabajó mucho en el plano catastral. Había casas que figuraban como lotes baldíos y existe una subvaluación de las propiedades a niveles inaceptables: el 55% de la población paga $ 90 por año y sólo el 20% paga más de $ 200 anuales. De más está decir que con esos valores es imposible administrar una ciudad que tiene una población con un nivel de exigencia de servicios bastante alto", se quejó.
Martínez Zavalía recordó que Yerba Buena no actualiza los valores inmobiliarios desde 1992 y que, precisamente, ese fue el espíritu de la norma rechazada por los ediles. "Lo hicimos en diciembre de 2005, en acuerdo con el presidente del Concejo (Ricardo Salomón), que en ese momento estaba a cargo de la intendencia. Inexplicablemente, cuando volvió a ocupar su banca, propició una ordenanza a través de la que, en un claro avasallamiento de nuestras facultades, revocó el decreto de actualización", dijo.

Demagogos
El intendente insistió en sus críticas hacia el cuerpo deliberativo, y aseguró que la actitud asumida por los ediles generó un claro conflicto institucional en ese municipio.
"Esta actitud demagógica, además de crear un claro conflicto de poderes demuestra la hipocresía de un importante sector de la comunidad que, por un lado exige más y mejores obras y servicios, pero, por otro, cuando hay que pagar por esos beneficios acude al Concejo a llorar pobreza", disparó en su escrito.
En efecto, Martínez Zavalía comparó algunos de los gastos mensuales de la intendencia y advirtió que, de no producirse una revaluación fiscal de los inmuebles, el municipio no podrá mantener el actual nivel de obras y de servicios públicos. En su informe detalló que, en alumbrado público se gastan $ 100.000 por mes; que a la recolección de residuos se destinan $ 105.000 cada 30 días; que para el funcionamiento del centro asistencial Ramón Carrillo se necesitan $ 70.000 mensuales y para la escuela municipal $ 40.000 mientras que el Concejo Deliberante insume $ 160.000 por mes.


Los concejales de Yerba Buena decidieron postergar el tratamiento del proyecto que prevé la derogación de los descuentos tributarios a vecinos residentes de barrios privados. Para hoy, la Comisión de Hacienda citó a los representantes de los consorcios que administran los countries emplazados en ese municipio.
Los ediles mantuvieron el martes un encuentro con propietarios de viviendas ubicadas dentro del primer barrio privado de la ciudad, a fin de conocer los motivos que, en 1985, llevaron al municipio a concederles descuentos de hasta un 65% en el valor de la Contribución que Incide Sobre Inmuebles (CISI).
"Fue una exposición enriquecedora, porque se trata de un caso especial. En este country, los vecinos se organizaron para la realización de obras de alumbrado y las tareas de recolección de residuos", explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Marcelo Rojas (Ciudadanos Independientes).
Tras anunciar en la sesión concretada la semana pasada que la derogación de los descuentos en el valor del CISI sería abordado durante esta semana, los ediles ahora piensan en dilatar el tratamiento de la iniciativa girada por el Departamento Ejecutivo. El argumento que esgrimen es el temor a presentaciones judiciales de los vecinos residentes de countries. "Cuando se implementó la medida, ya había planteos judiciales", dijo el concejal.
En setiembre de 2003, el entonces interventor municipal Pedro Migliorini dispuso una reducción de hasta el 60% en el valor del CISI para quienes residen en countries. El argumento esgrimido fue que la Municipalidad no brinda, dentro de esos predios, los servicios públicos de alumbrado, limpieza, ni de recolección de residuos. En 2005, Martínez Zavalía elevó al Concejo Deliberante un proyecto para eliminar ese beneficio.