16 Abril 2006 Seguir en 
Con la presunción de que un 40% de los productos que se comercializan en Tucumán está en negro, el Ministerio de Economía lanzará mañana una campaña de concientización respecto del transporte formal de mercaderías.
“Señor transportista: se encuentra prohibido el transporte comercial de mercaderías o bienes, sin el respaldo documental correspondiente”, dice el encabezado de los folletos que, desde mañana, serán distribuidos, por personal estatal, en los puestos viales fronterizos.
La campaña se extenderá durante 15 días. Luego se aplicarán las disposiciones incorporadas en la reforma al Código Tributario, si es que el transportista no presenta a los inspectores de la Dirección General de Rentas (se afectará a medio centenar de personas a los operativos) las facturas, remitos, guías o carta de porte exigidos por la normativa fiscal vigente y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Las disposiciones
El Gobierno incorporó al Código Tributario un capítulo vinculado con el transporte de mercaderías o bienes. Entre otras disposiciones, con la reforma se incluyó la necesidad de que los transportistas acrediten fehacientemente la cantidad total y el titular de las mercaderías o bienes trasladados, su destino y origen, comprador o vendedor, consignatario o intermediario.
“Con estas medidas no estamos fomentando una caza de brujas; tan sólo combatir la situación irregular que se plantea con aquellos transportistas que ingresan o sacan mercadería de la provincia, infringiendo las leyes”, señaló ayer a LA GACETA el ministro de Economía, Jorge Jiménez.
Según un informe preliminar de esa área del Poder Ejecutivo, las transacciones comerciales (sin contar las exportaciones) en Tucumán rozan los $ 1.200 millones mensuales.
Esas transacciones incluyen todas las operaciones que se realizan en los distintos niveles de la cadena de comercialización.
Ese monto es lo que se encuadra en la economía formal, y por la cual se tributa Ingresos Brutos por un monto promedio mensual cercano a los $ 28 millones, indica el informe oficial.
El titular de Economía, a su vez, estimó que cerca de $ 450 millones en mercaderías no son declaradas por los transportistas considerados ilegales. Por esa cantidad, según expresó el ministro, la Provincia podría recaudar $ 50 millones más en impuestos al año.
“Los controles no sólo se efectuarán en los puestos camineros (dentro de dos semanas); también se organizarán operativos relámpago en distintas rutas de la provincia”, advirtió Jiménez. Aclaró que no sólo abarcará los camiones, sino todo rodado que se presuma que transporta mercadería de procedencia dudosa.
A lo largo de este año, el Ministerio de Economía también requerirá el acompañamiento de los inspectores de la AFIP-DGI.
“Creemos que podremos hacer operativos conjuntos, con el acompañamiento de los agentes de Policía”, planteó el ministro de Economía.
Apoyo empresarial
El control del traslado de mercadería cuenta el apoyo de la cámara tucumana que representa a los transportistas de cargas.
El titular de esa entidad, Luis Morales, puntualizó que las empresas están de acuerdo con todo lo que signifique combatir el transporte ilegal.
“Nos interesa todo lo que signifique competencia desleal contra firmas como las nuestras, que tienen personal en relación de dependencia y pagan sus impuestos -nacionales y provinciales-”, remarcó el también titular de la Federación Argentina del Transporte de Cargas.
Morales acotó que este tipo de controles servirá para poner en igualdad de condiciones frente a aquellos que no cuentan con la documentación respaldatoria que exige la AFIP, tales como los remitos, las guías y la identificación de los productos.
Procedimiento
• Si se constata la infracción, los inspectores dejarán constancia del incumplimiento.
• La autoridad policial y judicial competente podrá retener preventivamente la mercadería. El juez emplazará al o a los interesados para que acrediten la titularidad de la mercadería.
• Si no se acredita la titularidad, luego del emplazamiento judicial se procederá al decomiso de los productos y a su inmediata venta en subasta.
• El producido de las ventas será depositado en las cuentas del Gobierno, y tendrá como destino la atención social a familias necesitadas.
“Señor transportista: se encuentra prohibido el transporte comercial de mercaderías o bienes, sin el respaldo documental correspondiente”, dice el encabezado de los folletos que, desde mañana, serán distribuidos, por personal estatal, en los puestos viales fronterizos.
La campaña se extenderá durante 15 días. Luego se aplicarán las disposiciones incorporadas en la reforma al Código Tributario, si es que el transportista no presenta a los inspectores de la Dirección General de Rentas (se afectará a medio centenar de personas a los operativos) las facturas, remitos, guías o carta de porte exigidos por la normativa fiscal vigente y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Las disposiciones
El Gobierno incorporó al Código Tributario un capítulo vinculado con el transporte de mercaderías o bienes. Entre otras disposiciones, con la reforma se incluyó la necesidad de que los transportistas acrediten fehacientemente la cantidad total y el titular de las mercaderías o bienes trasladados, su destino y origen, comprador o vendedor, consignatario o intermediario.
“Con estas medidas no estamos fomentando una caza de brujas; tan sólo combatir la situación irregular que se plantea con aquellos transportistas que ingresan o sacan mercadería de la provincia, infringiendo las leyes”, señaló ayer a LA GACETA el ministro de Economía, Jorge Jiménez.
Según un informe preliminar de esa área del Poder Ejecutivo, las transacciones comerciales (sin contar las exportaciones) en Tucumán rozan los $ 1.200 millones mensuales.
Esas transacciones incluyen todas las operaciones que se realizan en los distintos niveles de la cadena de comercialización.
Ese monto es lo que se encuadra en la economía formal, y por la cual se tributa Ingresos Brutos por un monto promedio mensual cercano a los $ 28 millones, indica el informe oficial.
El titular de Economía, a su vez, estimó que cerca de $ 450 millones en mercaderías no son declaradas por los transportistas considerados ilegales. Por esa cantidad, según expresó el ministro, la Provincia podría recaudar $ 50 millones más en impuestos al año.
“Los controles no sólo se efectuarán en los puestos camineros (dentro de dos semanas); también se organizarán operativos relámpago en distintas rutas de la provincia”, advirtió Jiménez. Aclaró que no sólo abarcará los camiones, sino todo rodado que se presuma que transporta mercadería de procedencia dudosa.
A lo largo de este año, el Ministerio de Economía también requerirá el acompañamiento de los inspectores de la AFIP-DGI.
“Creemos que podremos hacer operativos conjuntos, con el acompañamiento de los agentes de Policía”, planteó el ministro de Economía.
Apoyo empresarial
El control del traslado de mercadería cuenta el apoyo de la cámara tucumana que representa a los transportistas de cargas.
El titular de esa entidad, Luis Morales, puntualizó que las empresas están de acuerdo con todo lo que signifique combatir el transporte ilegal.
“Nos interesa todo lo que signifique competencia desleal contra firmas como las nuestras, que tienen personal en relación de dependencia y pagan sus impuestos -nacionales y provinciales-”, remarcó el también titular de la Federación Argentina del Transporte de Cargas.
Morales acotó que este tipo de controles servirá para poner en igualdad de condiciones frente a aquellos que no cuentan con la documentación respaldatoria que exige la AFIP, tales como los remitos, las guías y la identificación de los productos.
Procedimiento
• Si se constata la infracción, los inspectores dejarán constancia del incumplimiento.
• La autoridad policial y judicial competente podrá retener preventivamente la mercadería. El juez emplazará al o a los interesados para que acrediten la titularidad de la mercadería.
• Si no se acredita la titularidad, luego del emplazamiento judicial se procederá al decomiso de los productos y a su inmediata venta en subasta.
• El producido de las ventas será depositado en las cuentas del Gobierno, y tendrá como destino la atención social a familias necesitadas.
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