Aseguran que no hay reglas claras para invertir en servicios públicos

"No hay seguridad jurídica en la Argentina. Todavía se percibe una gran incertidumbre respecto de la regulación jurídica de los servicios públicos, ya que se observa un aplazamiento progresivo y sucesivo de las revisiones tarifarias inicialmente pactadas", sostuvo ayer ante LA GACETA el español Gaspar Ariño Ortiz, presidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de la Regulación (Asier).
El experto disertó ayer en el marco de las Jornadas de Estudios de Regulación, organizadas por el Asier y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unsta. "Hay que diseñar un sistema regulatorio que sea estable y equilibrado. Es decir, reglas de juego que sean respetadas por los reguladores", opinó luego de exponer en el encuentro que se realizó en el hotel Garden Park, en esta ciudad.
Por su parte, el reconocido experto en Derecho Administrativo Juan Carlos Cassagne coincidió con su colega español y admitió que en muchos casos los contratos de servicios públicos caducan por incumplimientos por parte de las empresas. En cuanto la anulación de la concesión del servicio de la firma francesa Aguas Argentinas por parte del Gobierno nacional, el especialista, que formó parte de ese proceso, aclaró que este inevitable desenlace se produjo porque la firma planteó la necesidad de subir la tarifa para afrontar todas las inversiones de desarrollo, ampliación y saneamiento. "Este es el principal problema de este sector", recalcó.
"El desafío para el sector es que logren sus objetivos en un marco de eficiencia, pero en la medida en que el costo del servicio pueda ser soportado por la sociedad", puntualizó Cassagne. Dijo que cuando las inversiones son millonarias, el Estado tiene que otorgar subsidios y no pretender que todos los recursos se financien con las tarifas.
En Tucumán también se enfrenta este dilema en el marco del proceso de renegociación del contrato de concesión con EDET. El español alertó que en esta situación el Estado debe buscar el equilibrio entre los usuarios y los inversores. "Los gobernantes deben subsidiar a los ciudadanos que no tengan capacidad de pago y, por otro lado, garantizar que los empresarios recuperen sus inversiones", subrayó Ariño Ortiz. Al referirse a la experiencia española, comentó que en su país le va muy bien respecto del sistema regulatorio de los servicios públicos. "En España se cumplen las leyes y existe un sistema equilibrado, con un esquema fiscal progresivo y recaudatorio", acotó. Dijo que cuando las inversiones son millonarias, el Estado tiene que otorgar subsidios y no pretender que todos los recursos se financien con las tarifas.
"Hay que tener en cuenta el bien común, que está dado por la protección de los derechos tanto de los usuarios como de las empresas. De lo contrario, los inversores no vendrán y tendremos servicios más ineficientes", opinó por su lado, Jorge Sarmiento García, quien se desempeña como profesor de Derecho Público en las universidades de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán.

Independencia
Los especialistas coincidieron en lanzar fuertes críticas contra el funcionamiento de los entes reguladores. "Están en manos de los políticos argentinos y por ello, hace falta que se independicen y que sean manejados por reguladores, que actúen como árbitros de fútbol, en forma neutral, o como jueces que aplican la regulación", señaló Ariño Ortiz.
"Es casi una falacia tener entes reguladores ?independientes?, que no lo son. Por esta situación, es preferible que el control lo realicen los mismos ministerios", disparó, por su lado, Cassagne. Agregó que la crisis en estos organismos radica en la desconfianza que hay hacia los reguladores, que no son considerados "personas creíbles e independientes".