30 Marzo 2006 Seguir en 
“Me desperté con una alegría; a las 7.30 me avisaron que iban a suspender el recital”, dijo ayer Luis Fernández, el padre de una de las víctimas de la tragedia de Cromagnon que visitó dos veces Tucumán en una semana para pedir que se cancelara el show.
“Estoy conforme con la decisión del gobernador (José Alperovich), porque es razonable; pero creo que tendría que haberla tomado antes. Es una situación que hasta Rubén Urueña (presidente de Central Córdoba) va a entender y ya se la veía venir, por eso no hace barullo”, dijo Fernández en comunicación telefónica con LA GACETA.
Además, el padre de Nayla aseguró: “hay que tomar conciencia de que esto no fue un capricho mío, sino un producto del dolor y del sufrimiento. Entiendo a los fanáticos de Callejeros que querían ver al grupo; pero hay mucha gente que perdió a sus amigos en Cromagnon, y la banda no cuidó a sus seguidores. Por lo tanto, tendrían que haber esperado al juicio para volver a tocar”.
Respecto de la denuncia por amenazas de muerte que le hizo el cantante de Callejeros, Patricio Fontanet, Fernández dijo que aún no fue notificado. “No soy el único que les va a impedir subir a un escenario. La música es un castigo muy grande para nosotros”, dijo en un tono mucho más suave que cuando anunció que al músico lo quería en el mismo lugar que a su hija, y que la banda no saldría viva de Buenos Aires, entre otras cosas.
“Quiero darle las gracias al gobernador por haber suspendido el recital, más allá de las cosas fuertes que le dije, por lo que le debo una disculpa”, dijo finalmente.
El abogado de Callejeros, Eduardo Guarna, sostuvo por su parte que la suspensión del recital fue una decisión política de Alperovich para no enfrentarse con los padres de las víctimas del incendio de Cromagnon.
“El gobernador no quiere pagar el costo de una situación de conflicto que venían planteando los padres de las víctimas”, expresó Guarna en declaraciones reproducidas por la agencia NA.
Uno de los abogados querellantes en la causa solicitó ayer nuevamente que la Justicia prohíba a la banda tocar en cualquier escenario, hasta que un tribunal oral defina la situación de sus integrantes en relación con la tragedia que cobró 194 víctimas el 30 de diciembre de 2004.
“Estoy conforme con la decisión del gobernador (José Alperovich), porque es razonable; pero creo que tendría que haberla tomado antes. Es una situación que hasta Rubén Urueña (presidente de Central Córdoba) va a entender y ya se la veía venir, por eso no hace barullo”, dijo Fernández en comunicación telefónica con LA GACETA.
Además, el padre de Nayla aseguró: “hay que tomar conciencia de que esto no fue un capricho mío, sino un producto del dolor y del sufrimiento. Entiendo a los fanáticos de Callejeros que querían ver al grupo; pero hay mucha gente que perdió a sus amigos en Cromagnon, y la banda no cuidó a sus seguidores. Por lo tanto, tendrían que haber esperado al juicio para volver a tocar”.
Respecto de la denuncia por amenazas de muerte que le hizo el cantante de Callejeros, Patricio Fontanet, Fernández dijo que aún no fue notificado. “No soy el único que les va a impedir subir a un escenario. La música es un castigo muy grande para nosotros”, dijo en un tono mucho más suave que cuando anunció que al músico lo quería en el mismo lugar que a su hija, y que la banda no saldría viva de Buenos Aires, entre otras cosas.
“Quiero darle las gracias al gobernador por haber suspendido el recital, más allá de las cosas fuertes que le dije, por lo que le debo una disculpa”, dijo finalmente.
El abogado de Callejeros, Eduardo Guarna, sostuvo por su parte que la suspensión del recital fue una decisión política de Alperovich para no enfrentarse con los padres de las víctimas del incendio de Cromagnon.
“El gobernador no quiere pagar el costo de una situación de conflicto que venían planteando los padres de las víctimas”, expresó Guarna en declaraciones reproducidas por la agencia NA.
Uno de los abogados querellantes en la causa solicitó ayer nuevamente que la Justicia prohíba a la banda tocar en cualquier escenario, hasta que un tribunal oral defina la situación de sus integrantes en relación con la tragedia que cobró 194 víctimas el 30 de diciembre de 2004.
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