Revisión de jubilaciones especiales

Diputados es la Cámara que inicia en el tratamiento, en el Congreso, de la revisión de regímenes jubilatorios especiales, algunos de los cuales son observados por la sociedad como irritantes privilegios que deberán ser eliminados. La consideración por el plenario del cuerpo legislativo se espera para los próximos días, después de cuatro meses y medio de que el Poder Ejecutivo remitió un proyecto con la iniciativa. Sobre él existen un dictamen de mayoría y seis de minoría que también han tomado por base una iniciativa popular promovida por Poder Ciudadano, con el respaldo de medio millón de firmas.
La revisión comprende cinco leyes reguladoras de un número mayor de categorías de personal público que integran 9.200 ex funcionarios cuyo promedio de haberes es de 4.083 pesos, representando para el Estado un gasto anual de 486 millones. Están alcanzados por esos regímenes el servicio exterior, los investigadores científicos y docentes, ministros y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como legisladores, ministros y otros cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional, intendentes y concejales, amén de casos cuya enumeración no es reducida.
En su mensaje al Parlamento, el gobierno propuso el recálculo de todas las jubilaciones especiales y la rebaja de la totalidad de beneficios existentes, pero el dictamen de mayoría de Diputados determina un tope de 3.100 pesos para las vigentes, fundándose en la necesidad de evitar innumerables juicios en defensa de derechos adquiridos.
Si bien el análisis casuístico de los diferentes casos alcanzados por la revisión prolongará el debate parlamentario y seguramente habrá de tensionarlo, no es menos significativo que el problema de la desigualdad con que el Estado aplica el sistema previsional en su ámbito deba ser considerado con razonable objetividad.
En primer término, no es lo mismo un régimen de excepción por las condiciones laborales particularmente diferenciadas de sus beneficiarios, que lo que comúnmente se entiende como privilegio que no condice con las funciones efectivamente desempeñadas.
En la primera situación pueden incluirse -a título de ejemplo- jueces, diplomáticos profesionales o de carrera y los científicos, a quienes se les exigen edad, tiempo y exclusividades en el servicio público que les redituarían más en la actividad privada. Diferente es el caso de las funciones políticas donde cuatro años, sumados a los treinta de antigüedad y veinte de aportes en cualquiera otra les permiten acogerse al beneficio de excepción.
La revisión de excepciones previsionales llega precedida, por otra parte, de una larga y cuantiosa serie de denuncias de corrupción en el ámbito jubilatorio público que oscurece a veces la visión objetiva del problema, donde lo esencial debe consistir en poner fin al abuso por parte del Estado del sistema previsional.
Ese grado de inequidad -corresponde señalar- es funcional con el régimen estatal, cuya defensa e intentos de favorecerlo a costa del privado se ha enfatizado últimamente en coincidencia con las presiones públicas que exigen aquella revisión.
Ni los abusos desmedidos ni los hechos de corrupción por decisiones oficiales son viables en el régimen de administración privada, donde los afiliados controlan el destino personalizado de sus aportes.
Es de esperar que el debate contribuya a esclarecer la realidad del problema y aporte justicia al masivo sector previsional, castigado como ningún otro por el abuso político y el desconocimiento de sus derechos.