09 Febrero 2006 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El senador Jorge Capitanich y el diputado Oscar Lamberto, ambos justicialistas, coincidieron en que toda modificación al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias hay que analizarla dentro de un contexto integral, que involucre otros gravámenes y las cargas sociales.
A raíz de la protesta de trabajadores del petróleo de Santa Cruz, a partir de un reclamo por Ganancias, Capitanich calculó que la suba del mínimo no imponible en un 25 % costaría al fisco unos $ 589 millones. De esa suma precisó que $ 284 millones son imputables a las provincias, que así verían afectados sus ingresos.
Lamberto sostuvo que toda modificación al ingreso mínimo para pagar ganancias hay que discutirla a partir de la nueva realidad impositiva en la Argentina, y advirtió: "por ahora, afecta mucho más el IVA sobre la canasta familiar, que se lleva el 20% de los ingresos del sector de menores recursos". "Nadie tiene la verdad en este tema, que tiene que ver con la redistribución del ingreso", agregó el diputado.
La ministra de Economía, Felisa Miceli, dejó trascender, ante legisladores justicialistas, que por ahora no habría cambios en el mínimo del impuesto a pagar, pero que están en estudio mecanismos para aliviar el peso del gravamen.
El mínimo no imponible del impuesto a las ganancias -así como el del llamado impuesto a la riqueza- quedó en los mismos valores que tenía en la última etapa de la convertibilidad peso-dólar, lo cual hizo que alcanzara a sueldos medios cuyos montos se fueron acomodando en los últimos años por negociaciones salariales. En vista de eso, Lamberto indicó que, como el impuesto a las ganancias es progresivo, el corte desde donde se paga es una decisión política cuya razón y oportunidad tendrá que definir el gobierno.
Capitanich dijo que en muchas provincias con salarios más bajos y con alto nivel de informalidad en la economía tienen un alto impacto las cargas sociales, por lo que había propuesto -sin éxito- que se pudiera descargar el 16 % de las contribuciones como crédito fiscal del IVA. (DyN)
A raíz de la protesta de trabajadores del petróleo de Santa Cruz, a partir de un reclamo por Ganancias, Capitanich calculó que la suba del mínimo no imponible en un 25 % costaría al fisco unos $ 589 millones. De esa suma precisó que $ 284 millones son imputables a las provincias, que así verían afectados sus ingresos.
Lamberto sostuvo que toda modificación al ingreso mínimo para pagar ganancias hay que discutirla a partir de la nueva realidad impositiva en la Argentina, y advirtió: "por ahora, afecta mucho más el IVA sobre la canasta familiar, que se lleva el 20% de los ingresos del sector de menores recursos". "Nadie tiene la verdad en este tema, que tiene que ver con la redistribución del ingreso", agregó el diputado.
La ministra de Economía, Felisa Miceli, dejó trascender, ante legisladores justicialistas, que por ahora no habría cambios en el mínimo del impuesto a pagar, pero que están en estudio mecanismos para aliviar el peso del gravamen.
El mínimo no imponible del impuesto a las ganancias -así como el del llamado impuesto a la riqueza- quedó en los mismos valores que tenía en la última etapa de la convertibilidad peso-dólar, lo cual hizo que alcanzara a sueldos medios cuyos montos se fueron acomodando en los últimos años por negociaciones salariales. En vista de eso, Lamberto indicó que, como el impuesto a las ganancias es progresivo, el corte desde donde se paga es una decisión política cuya razón y oportunidad tendrá que definir el gobierno.
Capitanich dijo que en muchas provincias con salarios más bajos y con alto nivel de informalidad en la economía tienen un alto impacto las cargas sociales, por lo que había propuesto -sin éxito- que se pudiera descargar el 16 % de las contribuciones como crédito fiscal del IVA. (DyN)
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