14 Agosto 2002 Seguir en 
Descomposición, desorganización de las partes de un todo, disgregación o ruptura de los elementos de un ser compuesto. También fetidez, hedor, miseria, soborno, cohecho. Puede oponerse a la corrupción la transparencia, es decir ese cuerpo a través del cual pueden verse los objetos distintamente, que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse; claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad. Finalmente, sospechoso es aquel que da fundamento o motivo para sospechar o hacer mal juicio de las acciones, conducta, rasgos o caracteres.
En estos últimos días, el expediente con la declaración de la esposa de un legislador ante el fiscal anticorrupción, que tomó estado público, ha vuelto a salpicar con barro a un gobierno que, lejos de la luz, prefiere construir gabinetes en las sombras. La acusación de la compra de voluntades para votar la reforma de la Constitución puso al borde del abismo a 27 legisladores y al vicegobernador, que ya dieron sobradas muestras de su resistencia a ser investigados por supuesto enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, estos representantes del pueblo se habrían repartido $2 millones en Lecop.
El juez Víctor Pérez solicitó el lunes a la Legislatura la destitución, previo juicio político, del vicegobernador para poder citarlo a declarar como imputado por el presunto pago de coimas. Presentó en la Cámara un expediente de 1.111 folios y apoyó su pedido en las declaraciones juradas presentadas por el vicegobernador y su esposa entregadas a la AFIP-DGI y en el expediente sobre la denuncia de cohecho activo formulada por Alejandra Ducca, esposa del legislador Mariano Poliche, ante la Fiscalía Anticorrupción.
La comisión de Juicio Político, con mayoría oficialista, resolvió archivar el pedido del juez en una veloz deliberación, en la cual ciertamente fue imposible que leyeran las más de 1.000 páginas. Actitud que revela no sólo una escasa vocación por llegar a la verdad, sino también una ausencia de respeto por una sociedad que está exigiendo a los gritos transparencia, honestidad y capacidad de gestión.
Los escándalos por supuestos actos de corrupción se pierden con frecuencia en los vericuetos de la burocracia y de los intereses de distintos sectores, que mantienen como estrategia básica el ocultamiento y apuestan a la amnesia colectiva, como si la nuestra fuese una comunidad poco inteligente, que no se diera cuenta de los hechos que la agravian en su dignidad.
Cuando no se puede responder con la verdad y exhibir transparencia en las acciones de gobierno, se habla de persecución política y se elucubran los argumentos más inverosímiles para eludir la responsabilidad. Si alguien está sospechado de corrupción y no tiene nada qué ocultar, debe acudir a los estrados judiciales sin miedo. En estos tiempos de decadencia tucumana, los fueros se han convertido en el escudo más eficaz de estos representantes del pueblo para oponerse a la verdad y a la exigencia de la sociedad. Si ello no fuera así, no se apelaría a artilugios legales o constitucionales.
Pero la responsabilidad les compete también a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la Justicia y a la misma comunidad. La primera tiene la obligación de investigar si es que hubo evolución patrimonial en todos los sospechosos. La Justicia tiene la posibilidad de demostrar una vez más que es un poder independiente, capaz de llegar a la verdad más allá de cualquier investidura. La sociedad debe presionar con su participación y compromiso para que los integrantes de las magnas instituciones del Estado obren como manda la Constitución. Una democracia no se sostiene con votos, sino con justicia, con personas que posean vocación de servicio, que no le teman a la verdad y que privilegien los intereses comunitarios a los personales. Cuando se desorganizan las partes de un todo, se ingresa en un estado de descomposición.
En estos últimos días, el expediente con la declaración de la esposa de un legislador ante el fiscal anticorrupción, que tomó estado público, ha vuelto a salpicar con barro a un gobierno que, lejos de la luz, prefiere construir gabinetes en las sombras. La acusación de la compra de voluntades para votar la reforma de la Constitución puso al borde del abismo a 27 legisladores y al vicegobernador, que ya dieron sobradas muestras de su resistencia a ser investigados por supuesto enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, estos representantes del pueblo se habrían repartido $2 millones en Lecop.
El juez Víctor Pérez solicitó el lunes a la Legislatura la destitución, previo juicio político, del vicegobernador para poder citarlo a declarar como imputado por el presunto pago de coimas. Presentó en la Cámara un expediente de 1.111 folios y apoyó su pedido en las declaraciones juradas presentadas por el vicegobernador y su esposa entregadas a la AFIP-DGI y en el expediente sobre la denuncia de cohecho activo formulada por Alejandra Ducca, esposa del legislador Mariano Poliche, ante la Fiscalía Anticorrupción.
La comisión de Juicio Político, con mayoría oficialista, resolvió archivar el pedido del juez en una veloz deliberación, en la cual ciertamente fue imposible que leyeran las más de 1.000 páginas. Actitud que revela no sólo una escasa vocación por llegar a la verdad, sino también una ausencia de respeto por una sociedad que está exigiendo a los gritos transparencia, honestidad y capacidad de gestión.
Los escándalos por supuestos actos de corrupción se pierden con frecuencia en los vericuetos de la burocracia y de los intereses de distintos sectores, que mantienen como estrategia básica el ocultamiento y apuestan a la amnesia colectiva, como si la nuestra fuese una comunidad poco inteligente, que no se diera cuenta de los hechos que la agravian en su dignidad.
Cuando no se puede responder con la verdad y exhibir transparencia en las acciones de gobierno, se habla de persecución política y se elucubran los argumentos más inverosímiles para eludir la responsabilidad. Si alguien está sospechado de corrupción y no tiene nada qué ocultar, debe acudir a los estrados judiciales sin miedo. En estos tiempos de decadencia tucumana, los fueros se han convertido en el escudo más eficaz de estos representantes del pueblo para oponerse a la verdad y a la exigencia de la sociedad. Si ello no fuera así, no se apelaría a artilugios legales o constitucionales.
Pero la responsabilidad les compete también a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la Justicia y a la misma comunidad. La primera tiene la obligación de investigar si es que hubo evolución patrimonial en todos los sospechosos. La Justicia tiene la posibilidad de demostrar una vez más que es un poder independiente, capaz de llegar a la verdad más allá de cualquier investidura. La sociedad debe presionar con su participación y compromiso para que los integrantes de las magnas instituciones del Estado obren como manda la Constitución. Una democracia no se sostiene con votos, sino con justicia, con personas que posean vocación de servicio, que no le teman a la verdad y que privilegien los intereses comunitarios a los personales. Cuando se desorganizan las partes de un todo, se ingresa en un estado de descomposición.







