La impunidad de las mecheras

La solidaridad da una idea de unión, adhesión, concordia, conformidad de personas, fuerzas y cosas para alcanzar un determinado fin lícito. Equivale a la conjunción de esfuerzos humanos que concurren a un fin común político, social, económico, religioso y jurídico. En los últimos tiempos, a causa de la grave situación económica y social han surgido redes solidarias como una loable respuesta de distintos sectores de la comunidad a la desocupación y a la indigencia. Pero la solidaridad no sólo se manifiesta en el buen sentido que arriba apuntamos. También quienes viven en el submundo de la delincuencia, en la marginalidad, tejen sus redes solidarias para protegerse de la ley y cuentan a menudo con la protección de autoridades en los distintos niveles.
En nuestra edición de ayer, informamos sobre una grave denuncia que tres policías hicieron a LA GACETA sobre la impunidad con que operan las mecheras en el microcentro, que llegan al medio centenar y que cuentan con la complicidad de un sector de la Justicia y de la Policía. En la copiosa documentación de expedientes administrativos sobre procesos de arresto consta que existen mujeres que fueron detenidas hasta 30 veces por causas como hurtos, robos, lesiones, amenazas de muerte, asaltos en banda, asociaciones ilícitas, tentativas de robo o de hurto, incendios intencionales, entre otros atentados, delitos y contravenciones.
Uno de los oficiales denunciantes reveló que la mayor parte de las mecheras cuenta con apoyo logístico de policías de civil que recorren el centro y les informan por celulares dónde están los agentes más veteranos que podrían reconocerlas. Con frecuencia, si una de las malvivientes es detenida, sucede que a los pocos minutos aparece un móvil policial que rescata a la detenida y en una hora o en un día la mechera será liberada.En ámbitos judiciales y policiales se sabe que hay un solo abogado para todas estas ladronas, perfectamente identificadas, que se ocupa de lograr su libertad cuando ellas ingresan a Tribunales. También es conocido en esos ámbitos el usurero que socorre a las mecheras cuando no tienen dinero para pagarle al abogado. Según los oficiales denunciantes, en Tribunales saben quiénes son los policías implicados porque las mismas punguistas confiesan cuánto y a quién le pagaron para trabajar con tranquilidad.
Los fiscales se defienden diciendo que se trata de delitos menores y que sus juzgados están atiborrados de expedientes más importantes. También se emplea como argumentación el hecho de que pocas veces los damnificados hacen la denuncia correspondiente por miedo a las represalias y otro tanto sucede con los testigos. Sin embargo, cuando esto sucede, las mecheras tarde o temprano son liberadas y siguen en el oficio.Esta situación, por cierto de vieja data, es un reflejo más de la decadencia en que ha caído nuestra sociedad en los últimos tiempos. Si se conoce el modus operandi y a los protagonistas de esta "red solidaria", la Justicia y la Policía deberían actuar inmediatamente y aplicar la ley con todo su rigor. El Gobierno, por su parte, no puede permanecer ajeno a estos hechos, que contribuyen a alimentar una sensación de inseguridad total en los comerciantes y en los mismos ciudadanos. Debería, tal vez, apostar a la rehabilitación de estas mujeres, educándolas, brindándoles una posibilidad de que se ganen el pan dignamente; mucho más si tienen hijos, cuya subsistencia depende de ellas, u obligándolas a realizar tareas verdaderamente solidarias en pro del prójimo. Son justamente los delitos menores los que llevan a los mayores y logran alcanzar en muchos casos la jerarquía de "guantes blancos".