Acusaciones sin precedentes

La sociedad tucumana está comprensiblemente conmocionada por las acusaciones de corrupción en el Poder Legislativo. Es un tema acerca del cual venimos dando abundante información durante estos últimos días. Por cierto que, estando en curso la investigación judicial, no es posible manejarse con conclusiones definitivas. Pero eso no impide apuntar algunas reflexiones.
En primer lugar, hay que destacar que un suceso de esta índole carece de precedentes en la historia próxima o remota de Tucumán. En ella no se registra, en efecto, un caso en que haya caído, sobre la Legislatura de la Provincia, un manto de sospecha de características parecidas, que involucra a una porción muy considerable de sus integrantes.
Esto deja estupefacta a la ciudadanía y, sin duda, potencia su descreimiento acerca de las instituciones de la democracia; descreimiento que sabemos que está tocando, en todo el país, sus puntos más altos. Pone en entredicho la probidad de una apreciable cantidad de personas que han sido elegidas por el pueblo para sancionar las leyes que velen por su bien común y que protejan sus intereses. Inevitablemente, además, lleva a cuestionar la totalidad de la gestión de esos representantes, lo que basta para definir la extrema gravedad de lo que está sucediendo.
La trascendencia de las imputaciones se multiplica, si cabe, cuando se tiene en cuenta el contexto alarmante de crisis económica y social que las rodea y que resulta imposible soslayar.
La opinión pública considera una suerte de burla afrentosa que el dinero oficial pudiera haberse dispuesto tan generosamente para fines torcidos, en momentos en que el Estado declara carecer de fondos para hacer frente a sus obligaciones más premiosas, y cuando una inmensa parte de la población es azotada por el hambre y el desempleo.
El hombre de la calle, el ciudadano común, necesita con urgencia una exhaustiva explicación sobre el excecrable cuadro de conductas deshonestas y de ambiciones de enriquecimiento personal que plantean las acusaciones en danza. En una democracia, como bien se sabe, los anticuerpos para tal tipo de situaciones no pueden salir de otra parte que de su mismo interior. Nos hallamos, entonces, ante la ocasión de que el sistema republicano pruebe que funcionan sus estructuras. Y que ellas son eficaces para llegar a definir sin vacilaciones la verdad, para establecer claramente las responsabilidades y para aplicar, a quienes resulten culpables, todo el rigor de la ley sin miramientos.
La Justicia es el único organismo que puede dar a la ciudadanía la satisfacción que esta exige frente a semejantes afirmaciones. Debe hacerlo sin pérdida de tiempo, adoptando todas las medidas que permitan hacer luz en este caso afrentoso que, repetimos, carece en absoluto de precedentes en la vida institucional de Tucumán. No así en lo nacional: como se recordará, varios meses atrás se plantearon fuertes acusaciones de soborno a integrantes del Senado. Y como se recordará también, las investigaciones iniciadas en torno de tan gravísimo suceso terminaron, hasta el momento, diluidas en la nada. Eso es, justamente, lo que no debe ocurrir ahora en Tucumán.
Han de investigarse a fondo estas imputaciones. Ellas han abierto dramáticos interrogantes acerca de la efectiva vigencia de los valores más elementales que debieran rodear el desempeño de uno de los poderes del Estado. Simultáneamente, han conmovido a toda la estructura del Gobierno local. Corresponde un sólo camino: tomar todos los recaudos para que la investigación de la Justicia llegue hasta el fondo de la cuestión, en el término más breve posible, y adopte las decisiones que las leyes prevén, para difundirlas en toda su amplitud a la ciudadanía. Es lo que espera ansiosamente la opinión pública.