El efecto posDucca

La mala noticia llegó a oídos de Julio Miranda cuando repartía su tiempo entre la búsqueda de dinero para el canje de bonos y los tejemanejes internos del peronismo en Buenos Aires.El anticipo de LA GACETA del jueves dejó helados al gobernador y a su séquito de colaboradores.
La revelación de que un expediente judicial contenía afirmaciones de Amelia Alejandra Ducca -esposa de Mariano Poliche-, referidas al pago de dinero para aprobar la reforma constitucional, descolocó a la plana mayor del oficialismo.
Toda la línea de conducción institucional de la provincia entró en una zona de densa sospecha. Miranda, Sisto Terán, Osvaldo Jaldo, Juan Antonio Ruiz Olivares y Poliche aparecen implicados en una oscura negociación.
Terán es el sucesor natural del gobernador, mientras que Jaldo y Ruiz Olivares reemplazan en ese orden al vicegobernador. La sombra del escándalo se proyecta sobre ellos.
El ex bussista Gustavo Rojas Alcorta también está citado dentro de ese contexto, en el documento judicial que produjo un giro espectacular en el debate público tucumano.
Las circunstancias descriptas en el expediente coinciden con la impresión generalizada en la sociedad de que hubo compensaciones para alcanzar los 27 votos necesarios para que se diera el sí al plan reeleccionista de Miranda. Coimas, en el lenguaje popular. Por eso, se radicaron denuncias judiciales y abundaron los actos de repudio en la sociedad .
El primer análisis que se hizo en el entorno del gobernador era que la reforma constitucional había entrado en vía muerta. La contundencia del diagnóstico hizo subir la temperatura en la fría mañana del jueves porteño.
Miranda empezó, entonces, a darse cuenta de que enfrentaba un gigantesco problema político. Y con él, en forma solidaria, los 27 legisladores que levantaron la mano para eliminar la prohibición de ser reelectos.

En distintos ambientes
La conmoción se expandió por los más variados ámbitos. La nacionalización del conflicto tucumano es un dato de la realidad.
En el Congreso se anuncian movimientos para reactivar algunos de los pedidos de intervención federal a Tucumán. Los bussistas, el radical Carlos Courel y José Vitar (ARI) prometen hacer ruido en esa dirección.
De hecho, se descarta que la diputada Olijela Rivas vaya a hacer ningún tipo de gestión en la comisión de Asuntos Constitucionales, que signifique rescatar del olvido su iniciativa intervencionista de la provincia. Rivas ahora es socia del gobernador Miranda.
Naturalmente, en la Legislatura se recalentó el clima. La coalición interbloques recuperó el protagonismo que había perdido en las últimas semanas a manos de los legisladores menemistas. Estos votaron por la aprobación de la reforma cuando el romance político marchaba viento en popa. Ahora están a la defensiva, y a dos de sus representantes más conspicuos -Jaldo y Ruiz Olivares-, la alianza interbloques les reclama que se despojen de los fueros, y se sometan a la Justicia. Además, se les plantea que renuncien a sus cargos de conducción de la Legislatura local.
Ante la perspectiva de afrontar otro escándalo en el recinto, Poliche renunció a la vicepresidencia segunda de la Legislatura en la tarde del viernes. De ese modo, pretendió aliviar la coacción sobre Jaldo y Ruiz Olivares.
No obstante, la oposición interbloques no cejará en el reclamo de sesión legislativa porque barrunta que no pagará precios políticos.
Los legisladores oficialistas -sin distinción de preferencias- esperan una señal de Miranda. En definitiva, todos están en el mismo barco, pero el salvamento no llegará para todos los tripulantes. La política suele tener ese tipo de desigualdades. "Parece que ahora se van a comer 27 cabezas guateadas", comentó con sorna un empinado personaje.

Dentro del Gobierno
La línea de flotación del mirandismo se averió seriamente. En el mundo gubernamental se abrió la discusión sobre qué hacer ante el nuevo escenario post-Ducca. La estrategia de disimular la erosión de los personajes con el disfraz de un problema conyugal se reveló ineficaz para sacar a la política del pantano.
Con los ojos puestos en el almanaque y con los oídos atentos a que se les avise desde algún rincón de la Justicia lo que podría pasar con los hechos comprometedores, en el Gobierno se esbozan hipótesis de desemboque del proceso. Hay quienes piensan que en marzo de 2003, junto con la fórmula presidencial, podrían elegirse los convencionales constituyentes.
Una victoria del PJ nacional les aseguraría a los mirandistas obtener la mayoría de convencionales constituyentes y sancionar la reelección. Con un gobierno federal afín, se animarían a llamar a elecciones de gobernador unos meses más tarde.
La tesis de la provincialización choca, con todo, con el efecto posDucca. Hay otra corriente de opinión que aboga lisa y llanamente por el adelanto de las elecciones provinciales para marzo de 2003, con renuncia a la reelección por Miranda, quien sería propuesto para senador. Esa propuesta incluiría también la no aplicación de la ley de reforma constitucional. Es tema abierto.
La otra materia pendiente es la judicial. El proceder de la fiscal Teresita Marnero y del juez Víctor Pérez está bajo observación. La primera -que debe resolver sobre la veracidad del expediente- salió indemne de un pedido de juicio político en 2000, por el voto mayoritario del PJ. Además, algunos admiten que la fiscal lleva muy adentro la camiseta peronista. Los hechos pueden mostrar otra cosa. Y de Pérez, temen que se equivoque legalmente. Pero el planteo de Sisto Terán muestra reserva ante lo que haga Pérez. El PE juega su carta.