Las personas públicas se exponen y, muy a menudo, sus vidas privadas terminan confundidas con sus actividades públicas. A veces se trata de historias que les ocurren y que ni siquiera piensan en difundir, hasta que llega el escándalo. Le pasó a Carlos Menem cuando se difundió que había tenido un hijo extramarital, o a Susana Giménez cuando le arrojó un cenicero a su marido Huberto Roviralta. En otros casos, como parece ser el del legislador Mariano Poliche y de su esposa Alejandra Ducca, hay una decisión de hacer, mediante un acta judicial, una denuncia penal por determinados motivos. Por problemas familiares, como dijo el parlamentario, o por la presunta comisión de delitos públicos (groseras coimas), como indica el expediente judicial. Hay quienes dicen que todo caerá porque la esposa no puede declarar contra su marido (artículo 220 del Código Procesal Penal). Pero queda la duda: esto involucra en delitos a otras personas. Y si la cónyuge de alguien sabe que comete un delito, ¿no incurre en encubrimiento si no lo denuncia?
Poliche dice que todo es privado y que la denuncia por coimas fue introducida ilegalmente por el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, en represalia porque él pidió informes sobre la tarea de Jerez. Pero en este caso, la Justicia tendría que investigar si se falsificó el acta de la denuncia (hecha por la esposa de Poliche, con su abogada, frente al fiscal y al secretario del fiscal). Si no se plantea la falsedad del acta, el juez Víctor Pérez tendría que seguir la investigación de lo que se denuncia, y, posiblemente, agregarla a la causa contra Sisto Terán por el presunto pago de coimas para aprobar la reforma constitucional.
Al enviarse simplemente el acta a otra fiscal para que investigue el falso testimonio de la denunciante, el caso se dilataría con el riesgo de que pase lo de siempre: que pasado mañana las investigaciones terminen archivadas. Ya ocurrió otras veces, por vencimiento de tiempos o por errores procesales.
Desde hace casi tres años la Justicia naufraga en sus intentos por investigar si los legisladores cobraron dinero en forma indebida. Con este nuevo escándalo en el que aparentemente se dirimen lo público y lo privado, están en juicio el fiscal Jerez (si se probara que actuó mal todo el andamiaje de su tarea puede caer) y la moral de los políticos oficialistas y sus amigos. Podría ser el hundimiento definitivo de todos, incluido el gobernador.
El desgaste de las frustradas investigaciones sobre la presunta corrupción ayudó a que se considere que la Justicia es débil y que la clase política está abroquelada en sus fueros y actúa como una corporación que defiende sus intereses. A pesar de que haya políticos que quieren apartarse de esta maraña, quedan sepultados por el sistema. Apenas les queda el grito agónico de "que se vayan los fuleros". Pero por ahora no alcanza.
