BUENOS AIRES.- Los ejes que cruzaron la economía para el Gobierno y el sector privado fueron la deuda y la inflación, y su efecto arrastre sobre la inversión y sobre el ex-ministro de Economía, Roberto Lavagna.
El año arrancó con un canje de la deuda en default y una propuesta mejorada de la lanzada en Dubai. Sin despertar una absoluta adhesión la operación culminada en febrero dejó un pasivo contingente de casi U$S 25.000 millones que incluyen varias demandas judiciales ante tribunales extranjeros.
El canje resultó para el Gobierno un pequeño respiro ya que le quitó de encima dramatismo y puso fin a más de tres años de cesación de pagos.
Pero lejos de aportar soluciones, el canje, como presumían, en la administración Kirchner, no abrió las puertas para que la Argentina pueda volver a colocar deuda en los mercados internacionales.
Sin embargo, el Gobierno, al igual que todos sus antecesores, antepuso sus apetencias electorales a la marcha de la economía y complicó lo que podía ser un buen punto de partida.A todo esto, el frente externo se complicaba con reyertas reiteradas con sus principales mercados compradores. Con Brasil con Chile y con los Estados Unidos, las relaciones transitaron sobre caminos sinuosos y riesgosos. La férrea oposición al ALCA durante la Cumbre de las Américas dejó virtualmente las puertas cerradas en Washington y las diferencias con el Brasil, colocaron al país como furgón de cola en cuanto foro económico internacional participara. Los cortes de gas a Chile dejaron más tensas las relaciones con Santiago. Sólo se aceitó una incierta relación con Venezuela, un país que no despierta entusiasmo en ningún ambiente internacional.Al tiempo que se mantenía un buen nivel de actividad industrial y económica con crecimientos de casi el 9%, la tasa de inversión no respondía a igual ritmo y se comenzaba a observar ciertos cuellos de botella en muchos sectores.
El trasfondo de este importante nivel de actividad tenía dos vertientes. Una, hacia una recaudación tributaria inédita basada en una estructura impositiva que contiene gravámenes distorsivos, y otra hacia una fenomenal expansión del gasto público que creció a una tasa del 20%.
Este incremento del gasto por dentro y por fuera del presupuesto, motorizado por la apetencia de obtener un triunfo electoral en octubre, obnubiló a la Casa Rosada y disparó incrementos en toda la red de subsidios para tranquilizar a sus beneficiarios. Al mismo tiempo, el Gobierno se encargó de homologar todos los incrementos salariales del sector privado potenciando la estructura de costos de las principales compañías formadoras de precios.
El traslado a precios resultó casi inmediato y la tasa de inflación anual voló al 12%, duplicando la del año anterior, con un efecto adicional no deseado.
Con la inflación, la batalla por la distribución del ingreso ha comenzado y aunque todavía se da en una forma silente, en los próximos meses va a adquirir ribetes más intensos. Pero, además, la inflación ha disparado también la actualización de todos los contratos y obligaciones dinerarias, en particular, aquellas que tienen al Estado como una de las partes deudoras en los contratos de obras públicas. Esto potenció las sospechas de sobreprecios y eventualmente corrupción que resultó a posteriori en la renuncia de Lavagna por haber tenido la osadía de reclamarlos públicamente.
La impotencia frente a la inflación y el fracaso rotundo de los acuerdos de precios llevó al Gobierno a tener que prorrogar impuestos de emergencia, la ley de emergencia económica y mantener un presupuesto de ficción para 2006.
El ejercicio 2005 culmina con la cancelación de U$S 10.000 millones al FMI metiendo mano a las reservas, comprometiendo el respaldo financiero del país cuando nada justificaba semejante operación. La Argentina perfila 2006 con menor respaldo, con más inflación, con escasa inversión y con un horizonte externo muy incierto. (DyN).
