Lo que debería buscarse es el uso más eficiente de los recursos disponibles por el Estado en cada momento. Cuando se decide la aplicación de partidas presupuestaria, el Estado debería tender a maximizar el bienestar social presente y futuro. Puede tratar de solucionar deficiencias inmediatas como la habitacional, alimentaria, educacional,y de salud, pero también debe pensar en el futuro. Para eso, debe generar obras de infraestructura, y regulaciones legales e impositivas que propicien un ámbito para el crecimiento y, por lo tanto, mejorar el bienestar social.
Muchas veces la gente no percibe la importancia a futuro de muchas obras que realiza el Estado, y esto genera incentivos para que se preste mas atención a lo inmediato (ejemplos: cambiar un foco en la calle), que a lo importante, como la reparación o construcción de rutas. Para contrarrestar este efecto es importante la publicidad de los actos de gobierno, y en el caso de proyectos de largo plazo, también se debe explicar los resultados futuros que obtendrá la sociedad.
Respecto de la reducción de la carga impositiva, y su relación con la eficiencia del uso de los recursos, cabe una pregunta: ¿los recursos que se cobran en impuestos generan mayor beneficio social estando en manos de Estado o del sector privado? Con un Estado eficiente, es óptimo que éste se encargue de tareas distributivas del ingreso. Pero, si la carga impositiva es más alta que la que el Estado puede administrar eficientemente, se termina deteriorando la capacidad del sector privado de invertir y de crear empleo, y por lo tanto de que este genere beneficio social. La creación de un fondo anticíclico es una herramienta fundamental para todo Gobierno.
