17 Noviembre 2005 Seguir en 
LA PAZ.- La contradicción persistente entre contratos suscriptos en la década pasada y los requerimientos de la nueva ley de hidrocarburos, que rige desde mayo, dejó a la industria petrolera boliviana en un limbo legal. Según la Cámara boliviana de Hidrocarburos (CBH), que nuclea a más de 100 compañías nacionales y extranjeras, este hecho afecta las operaciones, en especial las inversiones. La cuestión energética irrumpió así en la campaña electoral para las elecciones del 18 de diciembre.
El martes, al filo del plazo de 180 días para concretar la migración obligatoria de los contratos petroleros, el gobierno informó al Congreso que "fallas estructurales" de la norma impiden renegociar los contratos con la petroleras extranjeras. En rigor, no se han establecido sanciones a las petroleras que no se sometan a la ley.
Esos contratos de riesgo compartido deben ser sustituidos por otros de asociación y de servicios, según la nueva ley que, además, incrementa drásticamente los impuestos. Según el sector empresario, los 71 contratos firmados entre el gobierno boliviano y petroleras extranjeras en los últimos años, que son clave para el florecimiento de multimillonarios negocios de gas natural, continúan siendo válidos. Pero varios sectores políticos con representación parlamentaria opinan lo contrario. Ocho de las 12 grandes compañías que operan en el país -entre ellas Repsol YPF, British Gas y Total- han comunicado su rechazo al cambio de contratos. (Reuter)
El martes, al filo del plazo de 180 días para concretar la migración obligatoria de los contratos petroleros, el gobierno informó al Congreso que "fallas estructurales" de la norma impiden renegociar los contratos con la petroleras extranjeras. En rigor, no se han establecido sanciones a las petroleras que no se sometan a la ley.
Esos contratos de riesgo compartido deben ser sustituidos por otros de asociación y de servicios, según la nueva ley que, además, incrementa drásticamente los impuestos. Según el sector empresario, los 71 contratos firmados entre el gobierno boliviano y petroleras extranjeras en los últimos años, que son clave para el florecimiento de multimillonarios negocios de gas natural, continúan siendo válidos. Pero varios sectores políticos con representación parlamentaria opinan lo contrario. Ocho de las 12 grandes compañías que operan en el país -entre ellas Repsol YPF, British Gas y Total- han comunicado su rechazo al cambio de contratos. (Reuter)







