Cada vez menos seguridad

El problema de la seguridad, al que hemos dedicado abundante espacio en nuestra edición de la víspera, es actualmente uno de los más serios que aquejan a la comunidad tucumana. Es conocido por todos el hecho de que los habitantes de todos los sectores de la ciudad circulan con miedo por las calles, y que inclusive se asiste a una fuerte alza en la adquisición de armas por parte de quienes a se disponen a defenderse por mano propia.
La seguridad pública es algo que está primordialmente en manos del Estado. Se trata de una de esas responsabilidades elementales e indelegables, ya que suponen el uso de la fuerza. De esta verdad sabida surge que el peso principal de la tarea recae sobre la Policía.
El titular de la cartera de Gobierno reconoce que tiene escaso personal (un agente por cada 1.200 personas, mientras la media internacional aconseja uno por cada 200), además de serias fallas en materia de movilidad y de comunicaciones.
Lo que más inquieta es que el ministro haya expresado que la falta de recursos le impide cumplir los planes que tiene para mejorar esa realidad. Nos parece que tales expresiones no pueden aceptarse. Lograr que el ciudadano pueda circular por las calles o permanecer en su casa con razonable tranquilidad constituye algo prioritario, y el Estado, de la manera que fuere, debe proporcionárselo. Cualquier rubro del gasto público es menos importante que el que nos ocupa. Deben, pues, obtenerse los recursos a todo trance y a costa de cualquier postergación en otro ámbito. Una sociedad civilizada no puede aceptar que su vida transcurra rodeada de amenazas. A esto debe asumirlo claramente el Gobierno y no es la primera vez que lo decimos.
Por otro lado, como bien lo ha expresado el director nacional de Seguridad Regional, el problema debe encararse con cierta amplitud. Que la gente adquiera armas o que se encierren, quienes tengan posibilidades, en "countries" dotados de vigilancia privada, no es una solución. La gente debe seguir confiando en que tiene una Policía que le garantiza su seguridad. Y, en ese sentido, viene a adquirir importancia fundamental la colaboración del vecindario con la fuerza policial: es decir, los sistemas de "policía comunitaria" que han empezado aisladamente a ensayarse. De esa manera podrían fijarse las prioridades, y hasta es posible que surjan, en cada núcleo vecinal, ideas y propuestas novedosas para la prevención del delito, que es lo que interesa.
No puede ser de otro modo. El país vive actualmente una crisis generalizada, de cuyas secuelas nadie puede librarse. Existe un empobrecimiento general de la población, y un cúmulo de incertidumbres nublan el horizonte de todos y cada uno de los ciudadanos. Si a ese clima le agregamos el riesgo cotidiano de ser víctimas de los delincuentes, habría que convenir que hemos tocado un punto límite, después del cual sólo pueden aguardarnos instancias impredecibles. Acertadamente se ha recordado que tal estado de cosas conspira seriamente contra las instituciones democráticas, ya que estas deben demostrar a la ciudadanía, y no lo hacen, su capacidad para garantizarles valores elementales.La población espera ansiosamente que se opere un cambio en semejante estado de cosas, y por cierto que corresponde al Gobierno tomar las urgentes providencias para que así sea. Ellas consisten, en primer lugar, repetimos, obtener de cualquier modo los recursos para que el personal policial exista en el número que corresponde, y que cuente con todo el equipo adecuado en materia de movilidad, de comunicaciones y de armamento.
Y, en idéntico nivel de importancia, debe el poder público impulsar las acciones tendientes a lograr una fuerte integración entre el vecindario y la Policía, a la búsqueda de nuevas estrategias eficaces para prevenir el delito.