Llegar hasta 2003 se está tornando una meta muy costosa para los que mandan en la Nación y en la provincia. El traspaso del poder a quienes triunfen en las elecciones generales estimula la ilusión de una salida mágica para los graves problemas socioeconómicos.
La administración duhaldista está lejos de resolver la crisis y ahora centra sus esfuerzos en no perder el control de la sucesión presidencial en manos de Carlos Menem.
En Tucumán se multiplican las dificultades hasta alcanzar límites impensados. La gestión mirandista ha empezado a sentir los efectos del agotamiento, mientras el descontento genera huelgas cada vez más prolongadas.
La barrera de contención de los gremialistas amigos se reveló impotente ante el malestar generado por los atrasos en el pago de los sueldos a los agentes estatales.
La hiperemisión de bonos (la circulación creció de $ 68 millones a $168 millones desde octubre de 1999 hasta ahora) chocó con condicionamientos que escaparon de las previsiones optimistas de la Casa de Gobierno.
Las reglas políticas cambiaron con la llegada de Eduardo Duhalde a la Casa Rosada.
Antes se podía socavar tranquilamente la estabilidad del delarruismo, con total impunidad política. El ex presidente radical era el monumento a la debilidad y a la falta de vigor para enfrentar los embate del PJ.
Ahora todo se modificó. Duhalde está sufriendo una aguda erosión de su poder, pero conserva todavía el manejo de la caja. Y la extrema dependencia financiera de la Nación acentúa la labilidad del mirandismo.
Sisto Terán negó que la demora de la administración federal en girar los $ 40 millones comprometidos por la Casa Rosada haya sido el resultado de un castigo político a la ambigua posición de Julio Miranda en la puja que enfrenta a Duhalde con Menem.
Desde la UCR, José Ricardo Ascárate discrepa con el vicegobernador: "Duhalde les está haciendo pagar el precio de la indecisión??.
Las apariencias
Miranda y sus socios del Frente Federal decidieron en Formosa que no serán prescindentes porque apoyarán el proyecto del salteño Juan Carlos Romero.
Amaga este gobernador con ser uno de los candidatos que acudirá a las elecciones internas abiertas del 24 de noviembre, pero en realidad está más cerca de negociar su inclusión como número dos de Menem o de José Manuel de la Sota que de otra cosa.
Mientras Miranda se aboca a la ardua tarea de destrabar los dineros prometidos, en el distrito local avanza el proyecto menemista. El diputado Roque Alvarez, once legisladores, cinco intendentes y sindicalistas han organizado una junta promotora, que luego debería empalmar con Olijela Rivas, la diputada amiga de Menem.
Alvarez atacó a Adolfo Rodríguez Saá porque desertó del PJ, al formar un partido propio.
Aquel no se olvida, además, de los potenciales aliados extrapartidarios de Menem: el Movimiento Popular Tucumano (Tiburcio López Guzmán), Voluntad Objetiva de Servicio (VOS) y Vanguardia Provincial (Mariano Poliche).
El Movimiento Independiente (MI) de Raúl Topa es otra corriente afín al liderazgo del ex presidente. La articulación de esa convergencia multipartidaria es una tarea propia de una etapa posterior de la lucha política, porque todavía Menem no ganó todavía la lucha interna en el peronismo nacional. Quienes discrepan con el relanzamiento del riojano están agrupándose tras el cordobés de la Sota. Esperan capitalizar los réditos del desgaste que sufre Menem a raíz de su presunta vinculación con Irán en el atentado contra la AMIA y su ocultamiento de la cuenta suiza. Mantienen cautela, con todo, porque la situación provincial es harto delicada.
La diputada nacional Stella Córdoba, por su parte, sigue firme en su opción por Néstor Kirchner, un rupturista del Frente Federal y tal vez del propio PJ. Córdoba alega que el gobernador está al tanto de su apuesta.
Las idas y vueltas
De hecho, Miranda evitó referirse a su proyecto reeleccionista cuando discurseó en la comida del domingo pasado, pese a que muchos dirigentes creían que debió haberlo hecho.
El ministro político Fernando Juri, sin embargo, rescató la vigencia del plan reformista en una carta enviada a Rafael Bulacio (Cambio 2000), quien pedía que se suspendiera por inoportuna la modificación de la Carta Magna.
De todas maneras, en algunos ámbitos reservados del mundo político se habla de un adelantamiento de las elecciones provinciales para el 30 de marzo de 2003, en coincidencia con las nacionales.
Se teme que la aceleración de la crisis socioeconómica y política acabe con el gobierno de Miranda, antes de tiempo. La última encuesta del INDEC reveló que hay 243.000 tucumanos con problemas de trabajo. Y la creación de los 50.000 puestos de empleo forman parte de la deuda mirandista.
A causa del colapso del canje de los bonos, el ministro Joaquín Ferre salió maltrecho de la última semana y concentra la ira de sus pares del gabinete porque todos sintieron la parálisis del engranaje estatal. Salud y educación fueron los focos más notorios.
Al acortamiento de los plazos electorales en Tucumán se contrapone la Constitución de 1990, que instituye un calendario distinto y muy despegado del nacional.
En la Casa de Gobierno existía un inocultable fastidio con una encuesta que encumbraba en la intención de voto a José Alperovich y hundía en el fondo del abismo a Miranda. Todo un sacrilegio en la tradición del PJ.
La valuación dispar de uno y otro surgió del sondeo que indagaba acerca de los principales personajes de la política comarcana.
Un documento que se firmó en el PJ en los últimos días, propicia que el próximo candidato a gobernador sea peronista. Es un modo elegante de decir que no lo quieren a Alperovich, si Miranda reniega de su reelección. La definición recogía la adhesión de congresales del partido, junto con un aval al gobernador.
La figura de Raúl Topa tampoco salió indemne. Los gremialistas municipales exigen que se intervenga la municipalidad de San Miguel de Tucumán, lo que implicaría poner en marcha un complejo mecanismo institucional. En las cercanías del intendente aseguran que este deja a salvo a Miranda y a Terán de todo intento de desestabilización. Pero no dicen lo mismo sobre los escalones inferiores del Poder Ejecutivo.
En la Legislatura hacen falta 27 votos para intervenir la municipalidad. Ante la presión sindical se miden los factores en juego. Las instituciones peligran.
