La acción del Estado

La pobreza no tiene sólo una solución de mercado. Una parte está relacionada directamente con el crecimiento del PBI y del empleo; pero otra parte significativa es la que se conoce como pobreza estructural, que permanece alta si no existe una activa participación del Estado.
En ese sentido, como es el caso de Tucumán, los instrumentos para combatir los elevados índices de pobreza y de indigencia no son caros. Es cuestión de organizar la acción y de poner prioridades efectivas para una política que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. En esto se conjugan acciones sociales basadas en la alimentación y en la atención de la salud. Si no se hace, es porque no hay una clara y decidida vocación del Gobierno, provincial o nacional, para combatir la pobreza. Con los niveles de presupuestos actuales, observamos que los gastos en viajes de funcionarios o en publicidad no tienen la misma urgencia que la atención a los pobres. El Estado, en ese aspecto, es responsable de generar políticas que combatan la pobreza estructural, para que esta no se convierta en escándalos, como la muerte de los chicos desnutridos. Una forma de demostrar voluntad es organizar la asistencia para que esta llegue a los sectores más vulnerables de la sociedad. Al frente del área social podría ponerse a una institución independiente o a un político opositor, con el fin de evitar el clientelismo vergonzoso de los bolsones.