Clases que siguen suspendidas

Todo parece indicar que los escolares de Tucumán tendrán una nueva semana de inactividad, a raíz del conflicto de los docentes con el Estado, que no ha terminado de cubrir todavía los pagos de la planilla salarial. Como lo hemos consignado en la información respectiva, la extensión de la huelga llevaría a tres semanas el receso escolar. Y contando las retenciones de servicios de algunos gremios, en el actual período lectivo ya se ha llegado al medio centenar de días perdidos para el aprendizaje.
Se trata de una cuestión grave. Garantizar la instrucción pública, como lo hemos recordado en otras oportunidades, es algo que figura entre las estipulaciones constitucionales obligatorias para las provincias, como requisito para que el Estado nacional sustente sus instituciones. Es decir que no se trata de algo que puede estar supeditado a los vaivenes del Tesoro oficial. Se trata de una prioridad que el poder público debe atender. Para que ello ocurra la ciudadanía paga sus impuestos.Lamentablemente, no es la primera vez, desde la restauración de la democracia, que los apuros salariales del Estado provincial se reflejan catastróficamente en el rubro de la instrucción pública. Los resultados de tan triste fenómeno están a la vista. Se traducen en el indigente bagaje intelectual con el cual los escolares llegan posteriormente a la Universidad. De sobra puede comprobarse, entonces, la importancia capital que reviste un adecuado aprendizaje en los ciclos previos de enseñanza.
Esto equivale a decir que las deficiencias en la instrucción primaria y secundaria son algo que compromete seriamente el futuro de esa juventud en la que, teóricamente, nuestro país cifra sus esperanzas de progreso y de inserción en el mundo altamente competitivo que nos rodea.No podemos, entonces, asistir impasibles a una cuestión como la que está planteada en estos momentos en las instituciones educativas tucumanas.
Corresponde en primer lugar y sin duda alguna, que el Estado ponga la máxima diligencia para satisfacer sus obligaciones salariales con la docencia. Es innegable que quienes enseñan son trabajadores que dependen, para el sustento de sus hogares, del sueldo que se les adeuda. No puede pedirse a ninguna persona que trabaje sin percibir, al final de cada mes, la retribución que le corresponde. Y mucho más si tal retribución, como ocurre en Tucumán, no consiste en dinero en efectivo sino en títulos cuya aceptación como medio de pago les significa pérdidas y complicaciones. Esto es indiscutible.
Pero pensamos que corresponde también enfocar el problema desde el punto de vista de los valores que afecta la falta de clases, y a los que nos referimos someramente párrafos atrás. La misión de quien enseña no es algo común, que puede interrumpirse y reanudarse más o menos sin problemas. Aquí se vulneran cuestiones profundas, que tienen que ver con la formación de las personas y su habilitación para tomar un lugar en la sociedad.
Convendría, entonces, un nuevo diálogo entre el Estado y los docentes, con la participación de los padres de alumnos, a fin de enfocar el problema de modo realista y, a través de inevitables concesiones recíprocas, ver la manera de que la educación no siga interrumpida. No puede dejarse de tener en cuenta el contexto de dramática crisis en que nos movemos, y que afecta a la totalidad de las actividades. Las posiciones endurecidas dentro de esa realidad no han de llevarnos a ninguna parte.
Creemos que siempre es posible una salida, y a obtenerla deben tender todos los esfuerzos. Ha de darse, a los alumnos de Tucumán, la posibilidad de cumplir con el ciclo educativo que está previsto para ellos. Afrontemos la grave obligación de allanar todos los obstáculos que existan para lograr un propósito de tanta importancia. No es posible pensar que no exista el modo de llegar a un acuerdo, y con urgencia.