El corralito demanda un acuerdo

El Poder Ejecutivo ha dispuesto mediante un decreto de necesidad y urgencia suspender por 120 días la ejecución de sentencias judiciales en acciones de amparo contra el corralito bancario. La decisión no impide que durante dicho lapso -que se extenderá hasta fines del año, más la feria judicial de enero- esas demandas en reivindicación de los depósitos bloqueados se tramiten ante la Justicia, pero deberán aguardar su ejecución en todo caso hasta marzo. La medida oficial ha sido otro tortuoso paso jurídico del Gobierno, a cuya inconstitucionalidad se considera obligado invocando la imposibilidad de consentir una situación que podría llevar al país a un colapso financiero con un costo social y económico muy superior al provocado por aquella. El decreto 1316 abre otro interrogante sobre el ya complejo problema bancario, el cuestionamiento del derecho de propiedad por el Estado y, en consecuencia, un previsible debate en el ámbito judicial, pues pone en tela de juicio mediante otra alternativa el mismo derecho que numerosos jueces vienen protegiendo en defensa de múltiples ahorristas.
En el mejor de los casos, dicho lapso permitirá a la autoridad de aplicación detener la extracción constante de fondos del corralito por un tiempo, durante el cual tratará de hallar una solución definitiva a la considerable paralización del sistema financiero. Tratará, a la vez, de no perjudicar aún más a la sociedad, cuyos depósitos en dicha situación oscilan en 30.000 millones de pesos.
La reacción de los sectores afectados por el reciente decreto ha sido rápida y enérgica, a la vez que las numerosas alternativas que periódicamente trascienden como eventuales soluciones, provienen de los técnicos del Gobierno y de los ámbitos específicamente financieros, por lo cual puede afirmarse que el Poder Ejecutivo y el Banco Central, responsables inmediatos de las mismas, no cuentan en el amplio escenario político con un marco consultivo adecuado.
Esta última observación apunta a una de las cuestiones ineludibles que debe atender la transición, pues concierne a los problemas más trascendentes que deberán hallar solución durante el actual Gobierno, con el fin de que el que emerja de las urnas pueda dejar atrás los efectos más perturbadores de la crisis sin quedar comprometido por los estos. Entre ellos, los del corralito.
La presente situación en el sistema financiero ha sido calificada por el presidente Eduardo Duhalde como "un problema que puede estallar", por lo que es del todo inaceptable que su solución sea de la exclusiva responsabilidad de un gobierno de transición cuya condición más evidente es la de su debilidad política.
Las elecciones partidarias de candidatos presidenciales pueden ser el momento a partir del cual se avance hacia un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los partidos para asumir responsabilidades y poner fin al corralito. Nada más razonable que una fórmula común, en la medida que no se trata de una cuestión ideológica, por más que ciertos manipuladores de la realidad pretendan seducir a algún electorado con propuestas mágicas.
El diálogo con las expresiones democráticas en las presentes circunstancias no puede quedar limitado a requerimientos de exclusivo interés comicial, en cuyo caso el Gobierno está llamado a convocarlo, dejando al menos en evidencia a quienes están dispuestos a participar en compromisos imprescindibles hacia el futuro.
Un acuerdo de esa naturaleza contribuirá, por otra parte, a poner fin al nocivo y recurrente recurso político de apelar a los errores del pasado para tratar de eludir las responsabilidades del futuro.