Las obligaciones fiscales

Como lo hemos informado, la Dirección General de Rentas de la Provincia anunció que tomará medidas para cobrar lo que le adeudan los contribuyentes. No se trata de sumas pequeñas. Los tucumanos morosos son muchos miles y ocupan el 70 por ciento del padrón provincial. En los últimos dos años, según el organismo, dicha mora le ha representado dejar de recaudar más de 120 millones de pesos, lo que representa una media docena de planillas salariales de la administración provincial. Ahora, Rentas se propone recuperar esas cifras, y ha otorgado plazo hasta el último día del mes que corre para que los morosos -en los impuestos Inmobiliario, Automotor y Tasa del Uso de Agua- cancelen sus deudas o se acojan a las formas de pago disponibles.
La actitud del organismo recaudador provincial nos parece acertada. Es verdad que estamos todos inmersos en una crisis económica que afecta a la generalidad de las actividades. Pero también lo es que esa circunstancia no autoriza a nadie a dejar de llenar sus obligaciones fiscales. Es la única manera para que, a su vez, pueda cumplir las suyas ese Estado al cual constantemente se le reclaman alimentos, educación, salud, etcétera, además de puntualidad en los sueldos de sus agentes.
Los recursos del Estado provincial provienen, en un gran porcentaje, de los impuestos que cobra. No satisfacer el pago respectivo coopera a la insolvencia oficial, con todas sus graves secuelas. Se trata de una verdad muy simple, que no requiere de mayores explicaciones. Por lo demás, es bien sabido que estos cobros, entre nosotros, se han caracterizado siempre por su benignidad, a través de la proliferación de moratorias y de concesiones de formas de pago. Quien no cumple, entonces, es porque no quiere, lo que lo convierte en injusto usufructuario de servicios a cuyo costo no coopera.
El destacado politólogo Natalio Botana ha insistido, en múltiples oportunidades, en la urgencia de que nuestro país construya una "ciudadanía fiscal". Lo que significa, en su aspecto subjetivo, que "por lo menos una parte de nuestros intereses particulares debe transferirse a un patrimonio común, en función del interés general de la República". Y sostiene que, si no hay "una aquiescencia voluntaria y una solidaridad espontánea" para que ocurra así, es deber básico del Estado "aplicar con eficacia la coacción legítima para lograrlo".El punto de vista parece correcto. Si bien todos estamos de acuerdo con que nuestro país debe realizar sustanciales modificaciones en lo que a la conducción del Estado y las prácticas políticas atañe, sería una utopía pensar que junto a todo ese cambio no debe asistirse, también, al destierro definitivo de la cultura de la evasión fiscal o de la morosidad permanente (cuyos efectos son similares), que practicamos desde tiempo inmemorial. Ha de acostumbrarse el ciudadano a cumplir con el fisco, y ha de tomar conciencia de que, si no lo hace, el cobro de su deuda será obtenido judicialmente; es decir, tal como ocurre en la esfera privada. No hay razón para que no sea así.Al Estado debemos mantenerlo todos, y esa manutención no puede realizarse en otra forma que a través del pago de los tributos que el mismo establece, en los diversos órdenes. Es nuestra contraprestación por todo lo que del Estado recibimos; aporte que sin duda existe, a pesar de que lo consideremos siempre incompleto e insuficiente. Comprenderlo y practicarlo así determinará la formación de esa "ciudadanía fiscal" inexistente hasta ahora.
Es de esperar que los tucumanos se dispongan a arreglar sus cuentas con el organismo recaudador. Y que, si no lo hacen, el Estado inicie, como lo ha advertido, las acciones dirigidas a cobrarse lo que se le adeuda, con todo rigor y celeridad.