Inician una auditoría en el Tribunal de Faltas

La intervención al Tribunal de Faltas, dispuesta en febrero por el intendente Domingo Amaya, aún no logró apagar los continuos focos de conflicto que se generan en el organismo. Las denuncias de tres jueces de Faltas, en contra del interventor Juan Luis Fernández, derivaron en que Contaduría General del municipio disponga una auditoría de todas las causas que se tramitan en la repartición.
Ante el Concejo Deliberante, los jueces Graciela Baillo de Malaspina, Gerardo Poliche y Estela Martínez de Chehuán, denunciaron que, por orden de Fernández, durante los meses de abril, mayo y junio no se remitieron a Fiscalía Municipal los cargos judiciales, con lo cual "hay una gran cantidad de causas en riesgo de prescripción y su consecuente daño al erario municipal". Afirmaron, además, que tal situación constituye una violación a las normativas. Estas establecen que el Tribunal de Faltas debe remitir a Fiscalía todas las cuentas judiciales en un plazo de 72 horas, puesto que es la dependencia encargada de realizar la ejecución de dichos cargos.
Según los denunciantes, las cuentas no fueron remitidas a Fiscalía por una orden verbal del interventor al jefe del Departamento Información y Control Procesal, Juan José Chaler. Estas alcanzan un monto cercano a los $ 874.000, sólo durante los meses de abril y mayo. "Esta decisión se agrava por la decisión del propio interventor, que retiene en su poder causas con la intención de ejecutar desde el Tribunal de Faltas ciertas cuentas judiciales que él mismo selecciona", agregaron en su escrito.
Fernández, en tanto, consideró que las denuncias formuladas por los jueces de Faltas forman parte de un "mero operativo de prensa". "Presentaron -prosiguió- esta denuncia ante el Concejo Deliberante y no ante la Justicia con el objeto de buscar apoyo en algunos concejales, transformando una presunta irregularidad jurídica o administrativa, según sus dichos, en un conflicto político".
El interventor reconoció que la demora en remitir las cuentas judiciales obedece al trabajo de ordenamiento que encararon en el organismo. Esa postura fue avalada por el fiscal municipal, Leonardo Szachniuk. "El trabajo de la intervención y los informes de Gestión Judicial de Fiscalía permitieron advertir que, dentro del Tribunal, se encontraban centenares de causas guardadas en los juzgados, prescriptas o próximas a la prescripción sin trámite para su ejecución", expresó el funcionario.
Szachniuk explicó que, ante esta situación irregular, se instruyó a los interventores para que, previo a continuar remitiendo causas con defectos de forma, diseñaran un procedimiento efectivo. "Para que en el menor plazo posible, sin errores y sin resquicios administrativos, todas las causas pudieran quedar en condiciones de ser ejecutadas", enfatizó.
Contrariamente a lo que denuncian los jueces, Fernández y Szachniuk entienden que el procedimiento mediante el cual se tramitan las causas desde hace años, generó enormes retrasos en las ejecuciones de cuentas y quedarán esclarecidas una vez que se conozcan los resultados de la auditoría dispuesta por la Contaduría General del municipio.