La Defensoría del Pueblo, el Ersact y el Epret son instituciones que nacieron en 1995, al amparo del proceso de desguace que vivió el Estado. Los tres organismos se crearon con distintas competencias, aunque con una filosofía común: generar espacios públicos para cumplir con el rol de regulación, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
A una década de la privatización de los servicios de aguas y cloacas y de luz, el control eficiente de las prestadoras de los servicios públicos sigue siendo una cuenta pendiente para la Provincia. La situación no discrimina entre firmas privadas y empresas estatales.
El Epret, responsable de controlar a EDET, fue intervenido tras un conflicto que alcanzó ribetes escandalosos. El Ersact tiene funciones más amplias, ya que extiende su área de influencia a los municipios y a las comunas que no reciben la atención de la sociedad estatal Aguas del Tucumán (SAT). Sin embargo, el ente funciona sin un directorio oficial desde 2001.
Julio Erazú, gerente general del Ersact a cargo del organismo, aseguró a LA GACETA que el Estado debe asegurar algún tipo de control de las empresas monopólicas pero con la ecuanimidad que requiere asegurar la continuidad del servicio. "Necesitamos entes pequeños, eficientes y profesionalizados", dijo quien también representa a la provincia en organismos nacionales y latinoamericanos.
A comienzos de este año, la Legislatura esbozó su intención de rediscutir el rol de los órganos de control de los servicios públicos y de despolitizar la actuación de los organismos creados hace una década. También se habló de la necesidad de incorporarlos, al igual que al defensor del pueblo, en la Constitución. Pero el debate aparece postergado por otras necesidades políticas.
El legislador Regino Amado anticipó que la cuestión volverá a la agenda a fines de 2005, cuando terminen los plazos previstos para la intervención del Epret.
Agosto será un mes clave para un planteo millonario
Los días 16 y 17 de agosto pueden resultar claves para el futuro de la Provincia dentro del litigio que mantiene con la ex Compañía Aguas del Aconquija.
Las fechas fueron dispuestas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para concretar las audiencias públicas de las partes, a fin de resolver un planteo de excepción que ha presentado el Estado nacional. El grupo Vivendi reclama el pago de US$ 700 millones en concepto de indemnización y de lucro cesante por el cese del contrato.
De acuerdo con las pautas vigentes, en caso de que prospere el reclamo será el Estado tucumano y no la Nación el que deberá abonar las costas. En el PE especulan que habrá que pagar, aunque una cifra bastante menor, y no descartan arribar a un acuerdo que incluya las deudas que la ex concesionaria todavía reclama a los usuarios del servicio.
Un proceso sin decisiones inocentes
El 28 de diciembre de 1994, el gobernador Ramón Ortega firmó el contrato de concesión de los servicios que prestaba la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos) a favor de la Compañía Aguas del Aconquija. Pese a la simbología de la fecha, el proceso que se desencadenó después distó mucho de ser una broma por el Día de los Inocentes. La concesionaria recién pudo hacerse cargo el 24 de mayo de 1995. Una suba tarifaria superior al 70% y las malas condiciones del servicio generaron un clima hostil que aceleró el fracaso del proceso hasta el retiro de la firma, en 1998.
| 9.993 hogares | 15% DE SUBA | 161.752 casas | 143 consultas |
| sin energía eléctrica: La cifra relevada por el INDEC es inferior a las 300.479 viviendas que cuentan con luz directa de la red. | para grandes usuarios: Este es el porcentaje de incremento tarifario acordado entre el PE y EDET para comenzar a negociar el contrato. | sin cloacas en Tucumán: Según el censo de 2001, más de la mitad de los hogares de la provincia no contaba con ese servicio sanitario. | mensuales: Son las que recibe la Defensoría del Pueblo por cortes o mala prestación del servicio de aguas y cloacas en la capital. |
