La Justicia pide informes a la Nación sobre Lomas de Tafí

El fiscal general Gómez quiere saber si la Provincia debía tener adjudicadas las obras hasta el 30 de junio.

Por Redacción Política 06 Julio 2005
La Fiscalía Federal General sigue recolectando información vinculada al polémico proyecto de construcción de 3.000 viviendas en Lomas de Tafí. La semana pasada, la Fiscalía había iniciado una actuación preliminar a partir de la presentación penal del diputado nacional Esteban Jerez (Recrear). Este denunció que habrían sido cometidas irregularidades durante el proceso que concluyó con la invitación del gobernador José Alperovich a 21 empresas para que, en forma directa -no por medio de una licitación pública-, concreten ofertas para la construcción de las casas por $ 250 millones.

Nota a Bontempo
El titular de la Fiscalía, Antonio Gómez, libró ayer numerosos oficios por medio de los cuales requirió documentación. Al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Alberto Bontempo, le pidió que ratifique -o rectifique- que Tucumán tenía plazo hasta el 30 de junio para adjudicar las obras si no quería perder los fondos que le fueron asignados en virtud del Programa Federal de Construcción de Viviendas. Precisamente, Alperovich esgrimió este argumento para no llamar a una licitación pública.
Gómez también preguntó a Bontempo si es cierto que el dinero que recibirá Tucumán proviene de planes a los que no pudieron acceder otras provincias, como San Luis y Neuquén, por no haber cumplido con los requisitos establecidos por la Nación. A partir de la información que reciba de Bontempo (depende del Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura de la Nación), el fiscal pretende contrastar las disposiciones del acuerdo firmado entre Tucumán y la Nación con las de la convocatoria directa efectuada por Alperovich. Hoy, el interventor del Instituto de la Vivienda (Ipvdu), Gustavo Durán, anunciará cuáles de las 21 empresas resultaron adjudicatarias.

Compromiso
La Nación se comprometió a otorgar, en carácter de aportes no reintegrables, $ 250 millones para que sean construidas viviendas destinadas a personas de escasos recursos. Jerez denunció que Tucumán prometió que iba a construir casas de una superficie cubierta de 44 metros cuadrados por un valor de $ 30.000. Pero advirtió que en el proyecto de la Provincia la superficie asciende a 49,5 metros cuadrados; ello elevaría notablemente el precio final, que oscilaría entre los $ 38.000 y los $ 78.000. Por ello, Gómez analiza si hubo una eventual malversación de fondos federales con asignación específica (casas para gente pobre) y quiere saber qué destino dará el Ipvdu al dinero que cobre a los adjudicatarios de las viviendas.

Impacto ambiental
El fiscal federal general también solicitó documentación a los organismos provinciales vinculados al caso: Instituto de la Vivienda, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Dirección de Medio Ambiente.
A la titular de esta dependencia, Patricia Jalil, le inquirió si la obra proyectada cuenta con el correspondiente estudio de impacto ambiental. Según el legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), el emprendimiento, cuando esté finalizado -5.600 casas-, dará por resultado una nueva ciudad del tamaño de Tafí Viejo.

Señalan que la investigación judicial no debe molestar a las autoridades

El legislador Ernesto Padilla (Fuerza Republicana) considera oportuno que la Justicia Federal analice posibles irregularidades vinculadas al proyecto para la construcción de 3.000 viviendas en Lomas de Tafí.
A partir de la denuncia penal del diputado nacional Esteban Jerez (Recrear), el fiscal federal general Antonio Gómez inició una actuación preliminar.

Sin licitación
El parlamentario nacional denunció que habrían sido cometidas irregularidades durante el proceso que concluyó con la invitación del gobernador José Alperovich a 21 empresas para que, en forma directa -no por medio de una licitación pública-, concreten ofertas para la construcción de las casas por $ 250 millones.
Mediante oficios, Gómez pidió precisiones a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y a todos los organismos provinciales que intervinieron en el caso. En el afán de recabar información también se reunió con los legisladores Padilla y Rodolfo Danesi (ciudadanos Independientes), por sus críticas a la convocatoria directa efectuada por el Ejecutivo. "Gómez quería saber nuestra opinión, por los reparos legales y técnicos que expusimos en la comisión legislativa de Obras Públicas y en la sesión en la que la Cámara autorizó al PE a que llame a 21 empresas a un cotejo precios, en vez de a una licitación, como hubiera correspondido. Me parece bien que la Justicia actúe, porque esta cuestión excede con creces el mero interés de un gobierno", aseguró Padilla a LA GACETA.
La actuación en marcha, según el republicano, no debe molestar a nadie. "Sólo queremos saber a qué se debe el apuro y la forma directa -y excepcional- como llamaron a ciertas empresas. También llama la atención que, pese a haber acordado con el Gobierno nacional que las viviendas no podían costar más de $ 30.000, para favorecer a familias carecientes, la Provincia proyecte valores de entre $ 50.000 y $ 80.000, que no podrán pagar aquellas", subrayó.
El parlamentario bussista también está sorprendido porque hace una semana el gobernador, sin anunciar ni dar explicaciones, visitó al juez federal número II, Felipe Terán. "Es extraña la coincidencia entre el hecho de la denuncia (de Jerez) y la imprevista presencia del mandatario en el despacho de un magistrado", resaltó.

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