En la intendencia evalúan, otra vez, un pliego licitatorio

El intendente Domingo Amaya aún no fijó su posición en torno de las controvertidas exigencias que concejales del PJ y de FR introdujeron en el pliego de licitación para el servicio de recolección de residuos. Ayer, giró a sus asesores las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante, y una vez que cuente con un dictamen legal decidirá si acepta o rechaza esos cambios.
En la última sesión, el oficialismo y los republicanos insistieron en aumentar los requisitos de experiencia exigidos a las empresas que participen de la futura licitación. Esta decisión sorprendió a los propios representantes de la oposición y generó un fuerte cimbronazo en el Departamento Ejecutivo municipal.
"Voy a esperar el informe de los técnicos y después decidiré qué hacer. Pienso evaluar detenidamente todas las alternativas posibles. Creo que durante la semana próxima habrá una resolución", dijo el intendente y reiteró su intención de licitar el servicio de recolección de residuos lo más rápido posible, teniendo en cuenta que el contrato con la empresa 9 de Julio vence el 31 de agosto.
"No queremos seguir prorrogando el actual contrato", afirmó. Con el voto de peronistas y republicanos, el Concejo dispuso que las empresas interesadas en participar de la licitación acrediten el cumplimiento de un contrato por siete años en una ciudad similar a esta capital.

Réplica republicana
El concejal Javier Morof (FR) sostuvo que el referente de Recrear Pablo Walter cuestiona las decisiones adoptadas por el Concejo porque pretende "hacer lobby a favor del holding Macri, su nuevo paraguas protector".
"Los tucumanos tienen memoria; no se olvidan de que Walter, cuando fue concejal, tuvo un decisivo protagonismo en la suba del cospel del año 1993 y, también, en el taxigate, verdaderos hechos de corrupción", replicó.