La Corte podría complicar el proceso electoral reformista

La inminente definición de la competencia judicial para resolver las cuatro causas presentadas contra la convocatoria del Poder Ejecutivo a elegir convencionales constituyentes, abrirá la puerta de otra instancia procesal. La resolución que debe tomar la Corte Suprema de Justicia es tan simple como clave.
Los máximos jueces de la provincia podrán asumir para sí el estudio de los planteos contra el PE (así opinó el ministro fiscal, Luis de Mitri) o pasar los expedientes a la Cámara en lo Contencioso Administrativo (criterio que viene sosteniendo el vocal de la Corte Alberto Brito). En cualquiera de las opciones, se dispararán inmediatamente instancias de trámite.La decisión de la Corte se conocerá antes del viernes, último día de actividad en los tribunales antes del receso invernal. Pero se descuenta que durante el descanso se seguirán activando las causas, ya que serían declarados asuntos de feria cualquiera que sea el tribunal que los trate, por razones de urgencia electoral.
Esta posibilidad no implicaría que se emita sentencia de fondo sobre las cuestiones sometidas a estudio, sino que se avance en el trámite tribunalicio, en la última semana de este mes, lo que permitiría un rápido dictado de sentencia. Pero hay una fecha tope, que está siendo manejada en distintos despachos. Si la Justicia se pronuncia contra el decreto del Gobierno, el PE podría efectuar una nueva convocatoria a comicios de constituyentes, corregida y adaptada, hasta el 23 de agosto, dos meses antes del día de la votación de diputados nacionales. Vencido ese plazo, no habría tiempo útil para citar a votar en forma simultánea en las dos categorías.

Posible unificación
La tramitación de las causas en la feria implicaría, como primer paso, que se defina si se unifican o no los expedientes. El sentido de acumular expedientes es doble: por un lado, se apunta a la economía procesal (se hace un solo trámite) y además se evitarían sentencias contradictorias en planteos similares. En este punto, hay una diferencia de fondo entre las presentaciones del edil Alejandro Sangenis (h) y las restantes. El planteo del concejal de Yerba Buena es una acción de amparo, que tiene un trámite urgente específico. En cambio, los escritos del radical Miguel Mibelli, del peronista Enrique Pedicone y de Víctor Arias y Carlos Posse son acciones declarativas de inconstitucionalidad. Si bien fueron presentados por separado, la similitud de materia y de proceso permitiría unificarlas.
El paso siguiente sería que se corra traslado de los expedientes a la Fiscalía de Estado, que se encarga de defender a la Provincia ante cualquier planteo judicial. Con la respuesta, quedaría entablada la litis contenciosa y se abrirían las causas a prueba.
El último paso sería la sentencia. Si actúa inicialmente la Cámara en lo Contencioso Administrativo, las partes podrían apelar ante la Corte; pero si interviene directamente el máximo tribunal, no hay alternativa recursiva, ya que los casos electorales provinciales no son atendidos por la Corte Suprema de la Nación.