Por Redacción Política
05 Julio 2005
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La Fiscalía de Estado recibió instrucciones precisas para iniciar la venta de la sucursal Rosario del ex Banco Provincia de Tucumán. El inmueble había sido elegido entre los primeros a ser liquidados mediante el polémico régimen del Activo por Activo. Un par de profesionales viajó a la ciudad santafesina, pero se topó con una sorpresa: en la dirección indicada en la ley no había un edificio sino una playa de estacionamiento, y no quedan rastros de la sede bancaria que se cerró hace una década.
Las ex sucursales del Banco Provincia y los inmuebles que pertenecían a la entidad financiera conforman el tronco principal de la Ley de Activo por Activo. De los 78 inmuebles contenidos en el anexo de la norma por la que se habilitó la venta de inmuebles públicos a cambio de infraestructura, 36 eran de propiedad de la entidad estatal que dejó de funcionar como tal el 30 de marzo de 1995.
Según el anexo aprobado por la Legislatura y sancionado por el PE en junio de 2001, la sucursal Santa Fe del ex BPT funcionaba en San Lorenzo 1286 de la ciudad de Rosario. "En ese lugar hay ahora una playa de estacionamiento. Estamos averiguando qué pasó", aseguró a LA GACETA el fiscal de Estado, Antonio Estofán.
Los problemas se repitieron en Buenos Aires, donde se encontraba la otra sucursal que iba a ser vendida por el PE. El local ubicado en Bartolomé Mitre y Esmeralda, en pleno centro porteño, fue ocupado por un ex empleado del banco que le inició juicio al Estado. "En este caso, la situación está en vías de solucionarse", dijo Estofán.
El 2004, la Legislatura aprobó un sistema de protección del patrimonio. La norma declaró la prohibición de vender las ex sucursales de Leales, Concepción, Simoca, Monteros, Trancas, Tafí Viejo y Famaillá. En la misma situación está el edificio de San Martín y Laprida. En ese lugar se planeó alguna vez instalar el recinto de la Legislatura y un museo, pero hoy funcionan varias dependencias oficiales.
"Las falacias del Gran Hermano"
Por Osvaldo Melloni - Economista y Docente de la UNT
En la fantástica 1984, el escritor George Orwell retrata, con singular precisión, un Estado totalitario. En esa novela, uno de los instrumentos centrales en la estrategia de "El Gran Hermano" para dominar al pueblo era borrar su memoria, rescribiendo y tergiversando el pasado.
Desde hace algún tiempo numerosos funcionarios, que bien podrían llevar los nombres de Ministerio de la Verdad o Departamento de la Fantasía, como Orwell había bautizado a algunas dependencias del megaestado totalitario, tratan de emular al Gran Hermano con dispar suerte (afortunadamente). Dos de las peores falacias que ellos generan, y que desprevenidos periodistas difunden, es que las empresas del Estado que se vendieron en los años 90 fueron "las joyas de la abuela". La otra falacia favorita del poder es culpar a las privatizaciones y a la desregulación de la crisis de 2001. Por supuesto, acto seguido, recomiendan la creación de más empresas del Estado y de más regulación estatal ¿Cómo pueden alguien, en su sano juicio, llamar "joya" al ex Banco de la Provincia de Tucumán?
El Banco de la Provincia era el que financiaba a los amigos del poder, el que daba créditos que nunca se pagaban. Llegó a tener más de 1000 empleados y fue auxiliado en más de una oportunidad con fondos para capitalizarlo porque estaba técnicamente quebrado. Por supuesto, los fondos de la capitalización no salían de las prestidigitaciones de David Copperfield sino de los bolsillos de los contribuyentes. Estas empresas no fueron un instrumento de crecimiento sino un lastre.
La otra falacia consiste en darles un lugar central a las empresas privatizadas en la debacle económica que sobrevino hacia fines de 2001. Por el contrario, fueron las privatizaciones las que generaron una gran oportunidad que los políticos (y también la sociedad) dilapidaron. Los recursos que generaron las empresas privatizadas, tanto por la venta de los activos como por los impuestos que las empresas pagan, no se invirtieron en educación ni en salud, sino que se gastaron en salarios de punteros políticos, en fondos reservados, en bolsones, en campañas políticas y quién sabe en qué otras formas de derroche.
En los años 90 se cometieron numerosos errores -tanto en lo político como en lo económico- que nos catapultaron a una de nuestras peores crisis. Pero ciertamente, la crisis ocurrió a pesar de las privatizaciones y de la desregulación, y no gracias a ellas. Si parece que nada cambió es porque nuestra sociedad fue (y es) incapaz de exigir un Estado austero y respetuoso de los derechos de propiedad de sus ciudadanos.
"Fue otra década infame"
Por Eduardo Bourlé, Secretario General de la Asociación Bancaria
A caballo de una crisis generada por los malos directivos que lo gobernaron y al amparo de una década infame, durante la cual se debía vender -costara lo que costara- hasta la última joya de la abuela, el Banco de la Provincia de Tucumán pasó de ser el orgullo de los tucumanos a ser un problema mayúsculo para el Estado, para sus empleados y para toda la sociedad.
En el año 1995 llegaba a su fin la historia del otrora poderoso Banco de la Provincia: el que fue sustento para industria -sobre todo para la azucarera-; el apoyo del comercio exterior; el que ayudaba a los agricultores cuando la cosecha "venía mala" y el que otorgaba créditos hipotecarios para que los sectores humildes pudieran obtener su primera vivienda.
Un proceso de privatización fallido, la decisión política del PE de no apoyarlo más y la presión del Banco Central llevaron al cierre de su puertas, lo que marcó el fin de una época. Las protestas de los trabajadores y la presión de la opinión pública dieron sus frutos: torcieron la voluntad del entonces gobernador, Antonio Bussi, y alumbraron una nueva ley que dio lugar a un también nuevo proceso de venta.
Además se aseguró el futuro laboral de todos los empleados y se logró que los empleados que pasaban al Banco del Tucumán SA tuvieran el 5 % del capital mediante la implementación de un programa de propiedad participada. Pero tuvieron que pasar nueve años y casi tres administraciones para que ellos lograran la titularidad de las acciones. Y aún se encuentra pendiente por parte del Estado provincial la emisión de un Bono de Participación en las ganancias que les corresponde por ley a los trabajadores del ex BPT.
La adjudicación al Hamilton Bank
El Banco Provincia de Tucumán dejó de funcionar, tras 97 años de historia, el 30 de marzo de 1995. Ese día se transformó en una Sociedad Anónima, paso previo a la privatización. La medida había sido reclamada por el ex gobernador Ramón Ortega desde 1992, tras la firma del Pacto Fiscal Federal, y formaba parte de las recomendaciones del Banco Mundial para los poderes políticos tucumanos. En el primer llamado a licitación, sobre un precio base de $ 9,4 millones, se presentaron tres oferentes. El 27 de octubre de 1995, un día antes de dejar el PE y luego de un complejo proceso, Ortega firmó la adjudicación a favor a un holding liderado por el Hamilton Bank, entidad financiera con sede en Miami, Estados Unidos.
El fracaso de la primera venta
El Hamilton Bank iba tomar posesión del ex BPT el 27 noviembre de 1995, pero el cambio de autoridades políticas trabó sus pretensiones. El ex gobernador Antonio Bussi cuestionó los términos del contrato y habló "de un amor no correspondido". Lo propio hizo el ex presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, José Alperovich. Luego de una extensa negociación, el procesó terminó de caerse en febrero de 1996. El 9 de julio de ese año el ex banco oficial se entregó a sus actuales dueños.
Balance de una decisión política
El ex legislador Luis Iriarte recordó, en referencia al informe publicado el lunes por LA GACETA, que el PE nunca acreditó el déficit con el que justificó el traspaso a la Nación del IPSS. "La realidad demostró que teníamos razón. Hoy la Nación nos retiene fondos con lo que se paga a nuestros jubilados y es la Provincia la que debe pagar las diferencias . El daño lo pagamos todos", dijo.
Las ex sucursales del Banco Provincia y los inmuebles que pertenecían a la entidad financiera conforman el tronco principal de la Ley de Activo por Activo. De los 78 inmuebles contenidos en el anexo de la norma por la que se habilitó la venta de inmuebles públicos a cambio de infraestructura, 36 eran de propiedad de la entidad estatal que dejó de funcionar como tal el 30 de marzo de 1995.
Según el anexo aprobado por la Legislatura y sancionado por el PE en junio de 2001, la sucursal Santa Fe del ex BPT funcionaba en San Lorenzo 1286 de la ciudad de Rosario. "En ese lugar hay ahora una playa de estacionamiento. Estamos averiguando qué pasó", aseguró a LA GACETA el fiscal de Estado, Antonio Estofán.
Los problemas se repitieron en Buenos Aires, donde se encontraba la otra sucursal que iba a ser vendida por el PE. El local ubicado en Bartolomé Mitre y Esmeralda, en pleno centro porteño, fue ocupado por un ex empleado del banco que le inició juicio al Estado. "En este caso, la situación está en vías de solucionarse", dijo Estofán.
El 2004, la Legislatura aprobó un sistema de protección del patrimonio. La norma declaró la prohibición de vender las ex sucursales de Leales, Concepción, Simoca, Monteros, Trancas, Tafí Viejo y Famaillá. En la misma situación está el edificio de San Martín y Laprida. En ese lugar se planeó alguna vez instalar el recinto de la Legislatura y un museo, pero hoy funcionan varias dependencias oficiales.
Por Osvaldo Melloni - Economista y Docente de la UNT
En la fantástica 1984, el escritor George Orwell retrata, con singular precisión, un Estado totalitario. En esa novela, uno de los instrumentos centrales en la estrategia de "El Gran Hermano" para dominar al pueblo era borrar su memoria, rescribiendo y tergiversando el pasado.
Desde hace algún tiempo numerosos funcionarios, que bien podrían llevar los nombres de Ministerio de la Verdad o Departamento de la Fantasía, como Orwell había bautizado a algunas dependencias del megaestado totalitario, tratan de emular al Gran Hermano con dispar suerte (afortunadamente). Dos de las peores falacias que ellos generan, y que desprevenidos periodistas difunden, es que las empresas del Estado que se vendieron en los años 90 fueron "las joyas de la abuela". La otra falacia favorita del poder es culpar a las privatizaciones y a la desregulación de la crisis de 2001. Por supuesto, acto seguido, recomiendan la creación de más empresas del Estado y de más regulación estatal ¿Cómo pueden alguien, en su sano juicio, llamar "joya" al ex Banco de la Provincia de Tucumán?
El Banco de la Provincia era el que financiaba a los amigos del poder, el que daba créditos que nunca se pagaban. Llegó a tener más de 1000 empleados y fue auxiliado en más de una oportunidad con fondos para capitalizarlo porque estaba técnicamente quebrado. Por supuesto, los fondos de la capitalización no salían de las prestidigitaciones de David Copperfield sino de los bolsillos de los contribuyentes. Estas empresas no fueron un instrumento de crecimiento sino un lastre.
La otra falacia consiste en darles un lugar central a las empresas privatizadas en la debacle económica que sobrevino hacia fines de 2001. Por el contrario, fueron las privatizaciones las que generaron una gran oportunidad que los políticos (y también la sociedad) dilapidaron. Los recursos que generaron las empresas privatizadas, tanto por la venta de los activos como por los impuestos que las empresas pagan, no se invirtieron en educación ni en salud, sino que se gastaron en salarios de punteros políticos, en fondos reservados, en bolsones, en campañas políticas y quién sabe en qué otras formas de derroche.
En los años 90 se cometieron numerosos errores -tanto en lo político como en lo económico- que nos catapultaron a una de nuestras peores crisis. Pero ciertamente, la crisis ocurrió a pesar de las privatizaciones y de la desregulación, y no gracias a ellas. Si parece que nada cambió es porque nuestra sociedad fue (y es) incapaz de exigir un Estado austero y respetuoso de los derechos de propiedad de sus ciudadanos.
"Fue otra década infame"
Por Eduardo Bourlé, Secretario General de la Asociación Bancaria
A caballo de una crisis generada por los malos directivos que lo gobernaron y al amparo de una década infame, durante la cual se debía vender -costara lo que costara- hasta la última joya de la abuela, el Banco de la Provincia de Tucumán pasó de ser el orgullo de los tucumanos a ser un problema mayúsculo para el Estado, para sus empleados y para toda la sociedad.
En el año 1995 llegaba a su fin la historia del otrora poderoso Banco de la Provincia: el que fue sustento para industria -sobre todo para la azucarera-; el apoyo del comercio exterior; el que ayudaba a los agricultores cuando la cosecha "venía mala" y el que otorgaba créditos hipotecarios para que los sectores humildes pudieran obtener su primera vivienda.
Un proceso de privatización fallido, la decisión política del PE de no apoyarlo más y la presión del Banco Central llevaron al cierre de su puertas, lo que marcó el fin de una época. Las protestas de los trabajadores y la presión de la opinión pública dieron sus frutos: torcieron la voluntad del entonces gobernador, Antonio Bussi, y alumbraron una nueva ley que dio lugar a un también nuevo proceso de venta.
Además se aseguró el futuro laboral de todos los empleados y se logró que los empleados que pasaban al Banco del Tucumán SA tuvieran el 5 % del capital mediante la implementación de un programa de propiedad participada. Pero tuvieron que pasar nueve años y casi tres administraciones para que ellos lograran la titularidad de las acciones. Y aún se encuentra pendiente por parte del Estado provincial la emisión de un Bono de Participación en las ganancias que les corresponde por ley a los trabajadores del ex BPT.
El Banco Provincia de Tucumán dejó de funcionar, tras 97 años de historia, el 30 de marzo de 1995. Ese día se transformó en una Sociedad Anónima, paso previo a la privatización. La medida había sido reclamada por el ex gobernador Ramón Ortega desde 1992, tras la firma del Pacto Fiscal Federal, y formaba parte de las recomendaciones del Banco Mundial para los poderes políticos tucumanos. En el primer llamado a licitación, sobre un precio base de $ 9,4 millones, se presentaron tres oferentes. El 27 de octubre de 1995, un día antes de dejar el PE y luego de un complejo proceso, Ortega firmó la adjudicación a favor a un holding liderado por el Hamilton Bank, entidad financiera con sede en Miami, Estados Unidos.
El fracaso de la primera venta
El Hamilton Bank iba tomar posesión del ex BPT el 27 noviembre de 1995, pero el cambio de autoridades políticas trabó sus pretensiones. El ex gobernador Antonio Bussi cuestionó los términos del contrato y habló "de un amor no correspondido". Lo propio hizo el ex presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, José Alperovich. Luego de una extensa negociación, el procesó terminó de caerse en febrero de 1996. El 9 de julio de ese año el ex banco oficial se entregó a sus actuales dueños.
Balance de una decisión política
El ex legislador Luis Iriarte recordó, en referencia al informe publicado el lunes por LA GACETA, que el PE nunca acreditó el déficit con el que justificó el traspaso a la Nación del IPSS. "La realidad demostró que teníamos razón. Hoy la Nación nos retiene fondos con lo que se paga a nuestros jubilados y es la Provincia la que debe pagar las diferencias . El daño lo pagamos todos", dijo.
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