Por Redacción Política
18 Junio 2005
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¿Cuál debe ser el perfil de quienes eventualmente reformarán la Constitución de la provincia? Esta pregunta está instalada en los círculos políticos, teniendo en cuenta que el viernes el gobernador José Alperovich anunciaría la fecha de los comicios para elegir convencionales. Desde el oficialismo insisten en que los constituyentes no tienen que ser necesariamente abogados, sino personas que expresen a los diferentes sectores sociales. Los opositores, mientras tanto, temen que la Convención se transforme en una asamblea de punteros manejados desde la Casa de Gobierno.
La ley que el año pasado habilitó la enmienda de la Carta Magna de 1990 se limitó a establecer que no podrían ser convencionales el gobernador, el vice ni los miembros del Poder Judicial nacional o tucumano. Además, aclaró que los constituyentes deberían reunir las condiciones exigidas para ser legislador: ciudadanía argentina (natural o legal, con dos años de ejercicio desde que hubiera sido obtenida), 24 años y domicilio en la provincia.
La norma, tal como está redactada, deja abierta la posibilidad para que los actuales legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo sean convencionales, y la cuestión genera polémica. Pero más allá de las condiciones técnicas, late la siguiente pregunta: ¿las particulares circunstancias de Tucumán obligan a que el convencional tenga, además, determinadas condiciones políticas o éticas?
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, fue contundente. "La futura no debe ser una Constitución de juristas, porque estos interpretan la realidad, pero no la representan. Tiene que expresar todos los elementos y las inquietudes de la comunidad. Obreros, empresarios, mujeres, etcétera, todos deben estar representados", aseveró.
El segundo de Jiménez, el secretario de Gobierno, Javier Noguera, insistió en la misma dirección. "El convencional sólo tiene que ser un genuino representante del pueblo, porque una Constitución no es más que el sueño colectivo de un futuro mejor", dijo.
En la oposición desconfían de la retórica del oficialismo. "Urge que los convencionales tengan un perfil académico, intelectual y reflexivo, que no sean punteros políticos que pueden juntar votos, pero que no tienen la formación que un texto constitucional merece. Las fuerzas políticas deben esforzarse para que en sus listas haya gente que tal vez no sea eficaz en los términos de captar votos, pero sí pueda aportar experiencia y ciencia", subrayó el legislador Ernesto Padilla (Fuerza Republicana).
El parlamentario Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) destacó que, frente a la ola de escepticismo que prima en la sociedad, los constituyentes primero que nada deben ser confiables. "Deben ser no sólo profesionalmente capaces, idóneos, sino con una trayectoria que garantice su ecuanimidad e interés por la sociedad. Debe tratarse de gente que, más allá de las posiciones ideológicas, se haya ganado el respeto de la comunidad, porque una Constitución es un contrato social y moral", afirmó.
Desconocimiento
Carlos Muiño, convencional radical en 1990, tiene una preocupación diferente. "Desaparecieron los partidos orgánicos, con propuestas y principios, sustentados en una ideología. Aquí las cosas se manejan como si fuera una cuestión atinente sólo a algunos políticos. Ni siquiera sabemos por qué es necesaria la reforma y qué norma de la actual Carta Magna impiden gobernar. Está bien la capacitación técnica, pero una Constitución es un código político y, como tal, debe ser tratado. Lo paradójico es que eso, lo doctrinario, es lo que está ausente", concluyó.
Dicen que los reformadores deben conocer la realidad
Los propios expertos en Derecho Constitucional admiten que, más que abogados, los futuros convencionales constituyentes -reformarán la Carta Magna provincial vigente desde 1990- deben representar la diversidad social y contar con ideas claras.
Luis Iriarte, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), tiene experiencia en asambleas constituyentes. Fue convencional en la provincial de 1990 y en la Nacional de 1994. Por ello, creo que, para la redacción técnica de las cláusulas, puede recurrirse a profesionales especializados.
"Pero lo sustancial es que estén representados todos los sectores por medio de gente vinculada y comprometida con la problemática económica, social y política de Tucumán, conocedora de la realidad", afirmó.
Otro docente de la UNT, Rodolfo Burgos fue tajante. "Lo menos importante son los hombres. Los que importan son los programas, que establezcan qué se hará. No obstante, en el caso particular de la próxima Asamblea, los futuros constituyentes deben saber que el trabajo estará acotado, porque la única idea fuerza es la reelección de las actuales autoridades. No hay mucho espacio para discutir programáticamente", advirtió.
Burgos agregó que la gente hace bien en desconfiar y en ser escéptica. "Esta es una reforma pergeñada para los privilegios de la clase política, no para la sociedad civil", concluyó.
Extenso decálogo
Julio César Alvarez Suriani, además de profesor de Derecho Penal de la UNT, fue el albacea (guardián) de la Constitución del 90. Por su experiencia, detalló cuáles son los requisitos que no pueden faltar en un convencional. "Tener una visión enaltecedora de la función por cumplir; estar imbuido de los principios y reformas que sostendrá, y estar comprometido con ellos; tener competencia e idoneidad en los temas que serán discutidos, y estar avalado por una trayectoria pública y privada impoluta. También debe haber participado en su partido en la discusión de las enmiendas, sin perder la visión de conjunto de los intereses supremos en juego, y estar convencido de que sus propuestas son las más convenientes para la provincia", enumeró.
No obstante, advirtió que ya es tarde para pensar en perfiles. "Los partidos no encararon con seriedad la reforma por venir. Por ser tantos, diversos y trascendentes los temas por considerar, deben optar por los mejores candidatos que tengan a mano, sean o no del partido", concluyó.
La Asamblea del 90 reunió
a numerosos profesionales
La Asamblea Constituyente de 1990, que reformó la Carta Magna de 1907, funcionó con 60 convencionales. Una veintena de ellos eran abogados, pero también hubo médicos, ingenieros, profesores, empresarios, contadores (como el actual legislador del peronismo Fernando Juri Debo) y dirigentes de base.
El bloque de Fuerza Republicana (FR), con 33 representantes, dominó la convención, de la que pronto se retiraron los 25 miembros del bloque del Frente Justicialista Popular (Frejupo). Finalmente, FR pudo sancionar la Constitución vigente con el apoyo del radical Carlos Muiño y del hoy bussista Pablo Calvetti, por entonces ucedeísta.
El texto constitucional fue publicado en el Boletín Oficial en enero de 1991 por decisión de la intervención federal.
Pese a las críticas que la Carta Magna ha recibido, desde su sanción por la falta de participación del peronismo, Calvetti destaca la heterogénea composición profesional y cultural de aquella asamblea que, a su entender, sintetizó a la flor y nata de la intelectualidad tucumana.
"En una Asamblea debe haber profesionales de las distintas especialidades. Al capítulo de salud de la Constitución del 90 lo preparó Carlos Landa, médico y ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán. En las cuestiones sociales trabajó Víctor Alvarez, profesor de Derecho Social de la UNT. En medio ambiente actuó Antonio Nasca y en educación Jorge Nougués", destacó Calvetti.
El bussista reconoció que también había profesionales interesantes en el justicialismo. Nombró a los abogados Roberto Toledo, Benito Garzón, Luis Iriarte y José Carbonell. "El problema es que se fueron", aclaró.
Evocan a López de Zavalía
La síntesis de aquellas personalidades, según Calvetti (por entonces el más joven, con sólo 30 años), fue el ya desaparecido jurista Fernando López de Zavalía. "Icono del Derecho Civil argentino, fue el mentor del texto sancionado. Los futuros convencionales tienen que ser iguales o mejores que los del 90, para que no tengamos una Constitución de punteros, que destroce a la anterior y que nos haga hacer otro papelón en el país", advirtió.
La ley que el año pasado habilitó la enmienda de la Carta Magna de 1990 se limitó a establecer que no podrían ser convencionales el gobernador, el vice ni los miembros del Poder Judicial nacional o tucumano. Además, aclaró que los constituyentes deberían reunir las condiciones exigidas para ser legislador: ciudadanía argentina (natural o legal, con dos años de ejercicio desde que hubiera sido obtenida), 24 años y domicilio en la provincia.
La norma, tal como está redactada, deja abierta la posibilidad para que los actuales legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo sean convencionales, y la cuestión genera polémica. Pero más allá de las condiciones técnicas, late la siguiente pregunta: ¿las particulares circunstancias de Tucumán obligan a que el convencional tenga, además, determinadas condiciones políticas o éticas?
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, fue contundente. "La futura no debe ser una Constitución de juristas, porque estos interpretan la realidad, pero no la representan. Tiene que expresar todos los elementos y las inquietudes de la comunidad. Obreros, empresarios, mujeres, etcétera, todos deben estar representados", aseveró.
El segundo de Jiménez, el secretario de Gobierno, Javier Noguera, insistió en la misma dirección. "El convencional sólo tiene que ser un genuino representante del pueblo, porque una Constitución no es más que el sueño colectivo de un futuro mejor", dijo.
En la oposición desconfían de la retórica del oficialismo. "Urge que los convencionales tengan un perfil académico, intelectual y reflexivo, que no sean punteros políticos que pueden juntar votos, pero que no tienen la formación que un texto constitucional merece. Las fuerzas políticas deben esforzarse para que en sus listas haya gente que tal vez no sea eficaz en los términos de captar votos, pero sí pueda aportar experiencia y ciencia", subrayó el legislador Ernesto Padilla (Fuerza Republicana).
El parlamentario Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) destacó que, frente a la ola de escepticismo que prima en la sociedad, los constituyentes primero que nada deben ser confiables. "Deben ser no sólo profesionalmente capaces, idóneos, sino con una trayectoria que garantice su ecuanimidad e interés por la sociedad. Debe tratarse de gente que, más allá de las posiciones ideológicas, se haya ganado el respeto de la comunidad, porque una Constitución es un contrato social y moral", afirmó.
Desconocimiento
Carlos Muiño, convencional radical en 1990, tiene una preocupación diferente. "Desaparecieron los partidos orgánicos, con propuestas y principios, sustentados en una ideología. Aquí las cosas se manejan como si fuera una cuestión atinente sólo a algunos políticos. Ni siquiera sabemos por qué es necesaria la reforma y qué norma de la actual Carta Magna impiden gobernar. Está bien la capacitación técnica, pero una Constitución es un código político y, como tal, debe ser tratado. Lo paradójico es que eso, lo doctrinario, es lo que está ausente", concluyó.
Los propios expertos en Derecho Constitucional admiten que, más que abogados, los futuros convencionales constituyentes -reformarán la Carta Magna provincial vigente desde 1990- deben representar la diversidad social y contar con ideas claras.
Luis Iriarte, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), tiene experiencia en asambleas constituyentes. Fue convencional en la provincial de 1990 y en la Nacional de 1994. Por ello, creo que, para la redacción técnica de las cláusulas, puede recurrirse a profesionales especializados.
"Pero lo sustancial es que estén representados todos los sectores por medio de gente vinculada y comprometida con la problemática económica, social y política de Tucumán, conocedora de la realidad", afirmó.
Otro docente de la UNT, Rodolfo Burgos fue tajante. "Lo menos importante son los hombres. Los que importan son los programas, que establezcan qué se hará. No obstante, en el caso particular de la próxima Asamblea, los futuros constituyentes deben saber que el trabajo estará acotado, porque la única idea fuerza es la reelección de las actuales autoridades. No hay mucho espacio para discutir programáticamente", advirtió.
Burgos agregó que la gente hace bien en desconfiar y en ser escéptica. "Esta es una reforma pergeñada para los privilegios de la clase política, no para la sociedad civil", concluyó.
Extenso decálogo
Julio César Alvarez Suriani, además de profesor de Derecho Penal de la UNT, fue el albacea (guardián) de la Constitución del 90. Por su experiencia, detalló cuáles son los requisitos que no pueden faltar en un convencional. "Tener una visión enaltecedora de la función por cumplir; estar imbuido de los principios y reformas que sostendrá, y estar comprometido con ellos; tener competencia e idoneidad en los temas que serán discutidos, y estar avalado por una trayectoria pública y privada impoluta. También debe haber participado en su partido en la discusión de las enmiendas, sin perder la visión de conjunto de los intereses supremos en juego, y estar convencido de que sus propuestas son las más convenientes para la provincia", enumeró.
No obstante, advirtió que ya es tarde para pensar en perfiles. "Los partidos no encararon con seriedad la reforma por venir. Por ser tantos, diversos y trascendentes los temas por considerar, deben optar por los mejores candidatos que tengan a mano, sean o no del partido", concluyó.
a numerosos profesionales
La Asamblea Constituyente de 1990, que reformó la Carta Magna de 1907, funcionó con 60 convencionales. Una veintena de ellos eran abogados, pero también hubo médicos, ingenieros, profesores, empresarios, contadores (como el actual legislador del peronismo Fernando Juri Debo) y dirigentes de base.
El bloque de Fuerza Republicana (FR), con 33 representantes, dominó la convención, de la que pronto se retiraron los 25 miembros del bloque del Frente Justicialista Popular (Frejupo). Finalmente, FR pudo sancionar la Constitución vigente con el apoyo del radical Carlos Muiño y del hoy bussista Pablo Calvetti, por entonces ucedeísta.
El texto constitucional fue publicado en el Boletín Oficial en enero de 1991 por decisión de la intervención federal.
Pese a las críticas que la Carta Magna ha recibido, desde su sanción por la falta de participación del peronismo, Calvetti destaca la heterogénea composición profesional y cultural de aquella asamblea que, a su entender, sintetizó a la flor y nata de la intelectualidad tucumana.
"En una Asamblea debe haber profesionales de las distintas especialidades. Al capítulo de salud de la Constitución del 90 lo preparó Carlos Landa, médico y ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán. En las cuestiones sociales trabajó Víctor Alvarez, profesor de Derecho Social de la UNT. En medio ambiente actuó Antonio Nasca y en educación Jorge Nougués", destacó Calvetti.
El bussista reconoció que también había profesionales interesantes en el justicialismo. Nombró a los abogados Roberto Toledo, Benito Garzón, Luis Iriarte y José Carbonell. "El problema es que se fueron", aclaró.
Evocan a López de Zavalía
La síntesis de aquellas personalidades, según Calvetti (por entonces el más joven, con sólo 30 años), fue el ya desaparecido jurista Fernando López de Zavalía. "Icono del Derecho Civil argentino, fue el mentor del texto sancionado. Los futuros convencionales tienen que ser iguales o mejores que los del 90, para que no tengamos una Constitución de punteros, que destroce a la anterior y que nos haga hacer otro papelón en el país", advirtió.
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