Cuarenta carpetas blancas con el membrete de la Legislatura se transformaron en la pesadilla que los legisladores no esperaban enfrentar a esta altura del año. Fueron distribuidas por las autoridades administrativas de la Cámara y contenían la ejecución de una orden dada por el vicegobernador Fernando Juri antes de viajar a Buenos Aires el martes pasado: desde julio y, hasta nuevo aviso, oficialistas y opositores deberán reducir el gasto de personal entre el 30 % y el 35%.
En diálogo telefónico con LA GACETA, Juri confirmó la disposición y aseguró que pretende lograr un achique en los gastos de la Legislatura. "La responsabilidad de la administración de este poder del Estado es mía. Por eso tengo la obligación de tomar las previsiones, para poder enfrentar sin riesgos, por ejemplo, el inminente incremento del salario mínimo a $ 630", explicó. El vicegobernador anticipó que el reajuste incluye el rubro personal, pero también los gastos en pasajes, teléfonos e insumos. "Son medidas de austeridad", recalcó.
Pese a las argumentaciones de Juri, la novedad cayó como un balde de agua fría entre los parlamentarios. El lunes, durante el desarrollo de la sesión legislativa, el titular de la Cámara les había anticipado personalmente la novedad, pero la mayoría no tomó dimensión del problema hasta que la Secretaría de la Cámara les comunicó oficialmente los alcances del recorte.
El presupuesto de la Legislatura para todo este año alcanza los $ 62, 5 millones. El gasto mensual rondaría los $ 5 millones, pero con la reducción del 30% se podría gastar $ 1 millón menos.
Partidas limitadas
La decisión de cómo se hará la reducción en el rubro personal quedó en manos de los 40 legisladores. En las carpetas blancas que llegaron a todos los despachos, las autoridades de la Cámara les informaron sobre cuál será el presupuesto de que dispondrán para atender a sus empleados políticos desde julio, incluidos los gastos sociales y las obligaciones salariales que están a cargo del Estado.
Los parlamentarios podrán reacomodar categorías y reducir horas extras dentro de los márgenes fijados. Juri dijo que no están previstos despidos, pero la mayoría de los legisladores consultados por LA GACETA admitió que la medida será inevitable, porque la mayoría del personal político está entre las categorías más bajas, y sus salarios no pueden ser reajustados por los pisos que fija la ley.
El presidente de la comisión de Hacienda y subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo, defendió el ajuste presupuestario. "El año pasado, un empleado de la categoría 20 cobraba $ 220; ahora pasará a ganar $ 630. La mayor parte de la planta política está en esa franja y hay que tomar las previsiones para que no haya dificultades", mencionó.
El temor de excederse en la ejecución del Presupuesto, al que hizo referencia Juri Debo, ya le generó un costo político a la Cámara durante 2004, cuando en agosto tuvo que aumentar el gasto en $ 14 millones para llegar a fin de año. El oficialismo no estaría dispuesto a enfrentar el mismo problema en un año electoral, pero algunos legisladores temen que la medida pueda afectar el camino a las urnas. Desde la oposición, Alejandro Sangenis (MTB) dijo que la medida tendrá efecto si es para transparentar y no para designar a nuevos punteros políticos.
En diálogo telefónico con LA GACETA, Juri confirmó la disposición y aseguró que pretende lograr un achique en los gastos de la Legislatura. "La responsabilidad de la administración de este poder del Estado es mía. Por eso tengo la obligación de tomar las previsiones, para poder enfrentar sin riesgos, por ejemplo, el inminente incremento del salario mínimo a $ 630", explicó. El vicegobernador anticipó que el reajuste incluye el rubro personal, pero también los gastos en pasajes, teléfonos e insumos. "Son medidas de austeridad", recalcó.
Pese a las argumentaciones de Juri, la novedad cayó como un balde de agua fría entre los parlamentarios. El lunes, durante el desarrollo de la sesión legislativa, el titular de la Cámara les había anticipado personalmente la novedad, pero la mayoría no tomó dimensión del problema hasta que la Secretaría de la Cámara les comunicó oficialmente los alcances del recorte.
El presupuesto de la Legislatura para todo este año alcanza los $ 62, 5 millones. El gasto mensual rondaría los $ 5 millones, pero con la reducción del 30% se podría gastar $ 1 millón menos.
Partidas limitadas
La decisión de cómo se hará la reducción en el rubro personal quedó en manos de los 40 legisladores. En las carpetas blancas que llegaron a todos los despachos, las autoridades de la Cámara les informaron sobre cuál será el presupuesto de que dispondrán para atender a sus empleados políticos desde julio, incluidos los gastos sociales y las obligaciones salariales que están a cargo del Estado.
Los parlamentarios podrán reacomodar categorías y reducir horas extras dentro de los márgenes fijados. Juri dijo que no están previstos despidos, pero la mayoría de los legisladores consultados por LA GACETA admitió que la medida será inevitable, porque la mayoría del personal político está entre las categorías más bajas, y sus salarios no pueden ser reajustados por los pisos que fija la ley.
El presidente de la comisión de Hacienda y subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo, defendió el ajuste presupuestario. "El año pasado, un empleado de la categoría 20 cobraba $ 220; ahora pasará a ganar $ 630. La mayor parte de la planta política está en esa franja y hay que tomar las previsiones para que no haya dificultades", mencionó.
El temor de excederse en la ejecución del Presupuesto, al que hizo referencia Juri Debo, ya le generó un costo político a la Cámara durante 2004, cuando en agosto tuvo que aumentar el gasto en $ 14 millones para llegar a fin de año. El oficialismo no estaría dispuesto a enfrentar el mismo problema en un año electoral, pero algunos legisladores temen que la medida pueda afectar el camino a las urnas. Desde la oposición, Alejandro Sangenis (MTB) dijo que la medida tendrá efecto si es para transparentar y no para designar a nuevos punteros políticos.
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