Limitan por ley a las empresas constructoras

Con el voto dividido entre oficialistas y opositores, la Legislatura dio ayer vía libre al Gobierno de la provincia para avanzar con el proyecto para construir, sin licitación pública, 3.000 viviendas e infraestructura en el marco del emprendimiento Lomas de Tafí. La Cámara rechazó el decreto por el que se habían habilitado las vías de excepción para ejecutar un presupuesto estimado en $ 250 millones, pero mantuvo sin modificaciones los principales puntos de la norma justificada por la necesidad y urgencia de tener todas las obras adjudicadas antes del 30 de junio.
Con la ley sancionada, la carrera contra reloj que lleva adelante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPVDU) para la cesión de las obras, obligará a modificar sus plazos. El interventor del organismo, Gustavo Durán, anticipó que la apertura de sobres con las ofertas se realizaría el martes o el miércoles de la próxima semana, y no este jueves, tal como estaba previsto.
"Una vez que la norma sea notificada oficialmente, tendremos que informar los cambios a las firmas que ya fueron invitadas. De todas formas, creo que podremos cumplir con los objetivos previstos", explicó Durán.
En el Gobierno respiraron aliviados cuando lograron cerrar el texto de la norma que finalmente aprobó la Legislatura. El secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, negoció con la comisión de Obras, Servicios Públicos y Vivienda el dictamen que finalmente fue sancionado. El funcionario siguió, desde el despacho del vicegobernador Fernando Juri, las más de dos horas y media de debate y negoció con los oficialistas cada uno de los ocho artículos de la norma aprobada. Las conversiones obligaron a cambiar el despacho de la mayoría en el instante mismo en el que comenzó la votación en general.

Cambios consensuados
El oficialismo buscó que cada empresa contratada por el Estado tenga como obligación subcontratar o ceder, como mínimo, el 30% de sus trabajos a firmas de menor envergadura. Las empresas serán las responsables finales y se quedarán con el 3% de los montos de cada subcontrato, para cubrir sus costos administrativos y burocráticos. Las firmas subcontratadas recibirán el 97% restante. El listado de todas las empresas deberá integrar cada una de las ofertas.
Los funcionarios del PE accedieron al planteo porque la alternativa ya estaba contemplada por las leyes vigentes.

El oficialismo impuso el peso de los números y doblegó a los opositores
El PJ impuso su número y logró que la Cámara avale la edificación de 3.000 viviendas en el barrio Lomas de Tafí, con adjudicación de obra a través de contrato directo, sin pasar por la licitación pública. El dictamen del PJ sumó 23 votos, frente a los 12 que alcanzó una oposición cohesionada tras el despacho que firmó Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y que rechazaba la iniciativa.
La fundamentación a favor estuvo a cargo del presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, el peronista José Teri, que defendió la participación amplia de las empresas del rubro. "No hubo quejas de ningún sector respecto del proyecto, que cubrirá las necesidades de los pobladores porque la ciudad está planificada en todos los sentidos. Tiene factibilidad de luz y agua, y certificados de no inundabilidad; no aumentará el caudal del canal de agua, y habrá mejoras en la seguridad del tránsito", explicó.
Danesi cuestionó aspectos legales y técnicos. Concretamente, denunció que falta una evaluación del impacto ambiental del proyecto completo de 5.600 viviendas, que no tienen aseguradas la provisión de agua potable ni los desagües pluviales y cuyos desechos cloacales serían trasladados 13 kilómetros, hasta el arroyo Manantial, donde se harán piletones de tratamiento. "Se oculta un gran negociado", denunció.

A favor y en contra
El republicano Ernesto Padilla, por su parte, dijo que considera "una paradoja que el PE someta a la Cámara a estos tironeos, en una encrucijada que enfrenta a oficialistas y a opositores, con la única responsabilidad del gobernador". Según Pedro Stordeur (Recrear) no hacían falta ni un decreto ni una ley. "Con una resolución administrativa alcanzaba", aseguró. El radical Juan Roberto Robles sostuvo: "lo que no está al comienzo no está al final", y advirtió de que hay sospechas de que se beneficiará a allegados al Gobierno.
Desde la bancada oficialista, José Alberto Cúneo Vergés rechazó las críticas y defendió el proyecto, que se gestó durante la gestión de Julio Miranda, al tiempo que el peronista Alejandro Martínez destacó que el futuro barrio será un hecho histórico y una reivindicación para Tafí Viejo.
"Incomodan los procesos de excepción, pero están contemplados. Sólo participarán empresas tucumanas. El Tribunal de Cuentas sugirió 20 correcciones al pliego, que fueron aceptadas", sostuvo Rodolfo Ocaranza, y cerró el debate.

ECOS DEL RECINTO
CONTRA CASINO CLUB.- "Habrá causal de juicio político para el gobernador José Alperovich si no manda una ley para tratar el intento de instalar a Casino Club en el hipódromo. Hay dos clases de silencios: el de los inocentes y el de los cómplices. Tomemos el toro por las astas", bramó ayer Alejandro Sangenis, en el comienzo de la sesión parlamentaria. El legislador aseguró que el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, le pidió al gobernador, invocando a Néstor Kirchner, que permita la instalación de las maquinitas. "Espero que cuando el Presidente venga el 9 de julio, pida perdón y diga que le usaron el nombre para seguir hundiendo en el vicio a los tucumanos", dijo.

NO A DOS VETOS.- Los legisladores ratificaron dos leyes en las que se habilitó el perdón a las deudas que mantienen productores hortícolas y apícolas con la Caja Popular de Ahorros. La condonación había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero fue insistida por casi todos los bloques, con la sola excepción de Pedro Stordeur, que se había opuesto a la ley original.

PEDIDO DE INFORMES.- Por unanimidad, los legisladores aprobaron un proyecto de resolución pidiendo informes al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento del convenio firmado por el Subsidio de Salud con el Círculo Médico del Sur.

POLEMICA.- El discurso del radical Juan Roberto Robles contra el último gobierno militar abrió nuevamente el debate sobre lo ocurrido en esos años. El legislador reivindicó a la familia de Julia Rita Ariza, "que fue obligada a ceder terrenos donde se levantó el pueblo Capitán Cáceres", y pidió que se derogue el decreto de aceptación del predio, firmado en 1977. Le contestó el bussista Carlos Canevaro, que recordó los asesinatos de Humberto Viola y de José María Paz, y acusó al Presidente de fomentar "el odio y el rencor". La polémica se repitió durante el debate sobre Lomas del Tafí. Rodolfo Ocaranza recordó que los militares obligaban a ceder tierras a punta de pistola. José Costanzo dijo que lo único que se hizo de esa forma fue lo ordenado por decreto por Estela Martínez de Perón.