13 Junio 2005 Seguir en 
EL ALTO, Bolivia/BUENOS AIRES.- El nuevo presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y las combativas entidades de la ciudad de El Alto lograron ayer un primer acercamiento para tratar una agenda de demandas sociales centrales, como la nacionalización del gas, tras 20 días de protestas.
Al finalizar una crucial reunión en la radio San Gabriel de El Alto, Rodríguez dijo a la prensa que el sistema democrático renovado tiene que atender esta agenda.
El flamante mandatario, que asumió el jueves un frágil gobierno de transición, les pidió tiempo a las organizaciones de El Alto y dijo que tan pronto esté organizado con un nuevo gabinete, tratará esa agenda.
A la vez, ratificó la convocatoria a elecciones generales, uno de los reclamos centrales de los manifestantes de El Alto, los protagonistas principales de los bloqueos a un centenar de puntos del país en las últimas semanas.
El líder de la influyente Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, dijo haber percibido predisposición por parte del presidente y añadió que a partir de hoy se formarán comisiones con distintos sectores sociales para que las demandas se agenden en el Congreso nacional. De este modo, Rodríguez logró algo de oxígeno para encaminar su frágil gobierno al dar un primer paso en el conflicto más caliente de la convulsionada Bolivia.
Mamani confirmó la tregua al nuevo gobierno que el sábado permitió comenzar a superar un agudo desabastecimiento de gas envasado, alimentos y combustibles que pesaba sobre las ciudades de El Alto y la vecina La Paz, capital política del país.No obstante, confirmó que mañana se celebrará una manifestación para repudiar al desprestigiado Congreso boliviano.
Otro de los reclamos de las organizaciones vecinales y de mineros y campesinos de esa humilde ciudad de 800.000 habitantes que rodea a La Paz es la celebración de un juicio de responsabilidad al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la muerte de 80 manifestantes en las protestas de 2003.
A raíz de las fuertes protestas sociales, los líderes del Congreso, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, renunciaron el jueves a su derecho a suceder al ex presidente Carlos Mesa. Este dimitió el lunes pasado, dejando paso a Rodríguez, entonces titular de la Corte Suprema de Justicia y tercero en la línea sucesoria.(AFP)ANALISIS
Otra administración, ¿otro país?
Por Jorge LiottiLa designación de Eduardo Rodríguez como presidente interino de Bolivia actuó como una válvula de descompresión de una situación que el saliente Carlos Mesa no dudó en calificar de cercana a la guerra civil. Pero sería demasiado optimista ver en ello algo más que una esperanza. El recambio en el Palacio Quemado es apenas un intento desesperado por evitar enfrentamientos en las calles y por ganar algo de tiempo en un clima de múltiples apremios. Conviene entonces ir al fondo de la cuestión: hoy no existe en Bolivia un líder, un partido o una fórmula política que cuente con un apoyo tan amplio como para superar las profundas divisiones que subyacen al conflicto.
En consecuencia, lo más probable es que, aún después de las elecciones que anunció Rodríguez, el país se mantenga dividido en torno de las tres cuestiones centrales: el manejo del potencial hidrocarburífero, la reforma constitucional y el reclamo de autonomías regionales.
En este contexto hubo dos elementos que llamaron la atención. Uno fue la postura pasiva de la Argentina y Brasil durante la larga agonía de Mesa. El tema del gas fue excluyente. Argentina y Brasil ya decidieron explorar otras alternativas de suministro, como la planteada por Perú.
El segundo factor fue la ambigua posición de EEUU. Por un lado exhibió un respaldo formal al presidente saliente. Pero, al mismo tiempo, en la asamblea de la OEA realizada esta semana en Fort Lauderdale, la administración Bush pujó a favor de un mecanismo que permita al organismo intervenir diplomáticamente en situaciones de crisis.
En Santa Cruz sigue vigente un referéndum convocado para el 12 de agosto con el fin de pronunciarse sobre el futuro status de la zona. El debilitamiento de La Paz como fuente de poder central es una de las consecuencias visibles de la crisis. Esto podría llevar a un largo camino que conduzca a la inviabilidad del Estado boliviano. Incluso, dentro de la fragmentación social, el debate principal hoy no parece girar en torno de quién gobierna, sino sobre qué gobierna. (DyN)
Al finalizar una crucial reunión en la radio San Gabriel de El Alto, Rodríguez dijo a la prensa que el sistema democrático renovado tiene que atender esta agenda.
El flamante mandatario, que asumió el jueves un frágil gobierno de transición, les pidió tiempo a las organizaciones de El Alto y dijo que tan pronto esté organizado con un nuevo gabinete, tratará esa agenda.
A la vez, ratificó la convocatoria a elecciones generales, uno de los reclamos centrales de los manifestantes de El Alto, los protagonistas principales de los bloqueos a un centenar de puntos del país en las últimas semanas.
El líder de la influyente Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, dijo haber percibido predisposición por parte del presidente y añadió que a partir de hoy se formarán comisiones con distintos sectores sociales para que las demandas se agenden en el Congreso nacional. De este modo, Rodríguez logró algo de oxígeno para encaminar su frágil gobierno al dar un primer paso en el conflicto más caliente de la convulsionada Bolivia.
Mamani confirmó la tregua al nuevo gobierno que el sábado permitió comenzar a superar un agudo desabastecimiento de gas envasado, alimentos y combustibles que pesaba sobre las ciudades de El Alto y la vecina La Paz, capital política del país.No obstante, confirmó que mañana se celebrará una manifestación para repudiar al desprestigiado Congreso boliviano.
Otro de los reclamos de las organizaciones vecinales y de mineros y campesinos de esa humilde ciudad de 800.000 habitantes que rodea a La Paz es la celebración de un juicio de responsabilidad al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la muerte de 80 manifestantes en las protestas de 2003.
A raíz de las fuertes protestas sociales, los líderes del Congreso, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, renunciaron el jueves a su derecho a suceder al ex presidente Carlos Mesa. Este dimitió el lunes pasado, dejando paso a Rodríguez, entonces titular de la Corte Suprema de Justicia y tercero en la línea sucesoria.(AFP)
Otra administración, ¿otro país?
Por Jorge LiottiLa designación de Eduardo Rodríguez como presidente interino de Bolivia actuó como una válvula de descompresión de una situación que el saliente Carlos Mesa no dudó en calificar de cercana a la guerra civil. Pero sería demasiado optimista ver en ello algo más que una esperanza. El recambio en el Palacio Quemado es apenas un intento desesperado por evitar enfrentamientos en las calles y por ganar algo de tiempo en un clima de múltiples apremios. Conviene entonces ir al fondo de la cuestión: hoy no existe en Bolivia un líder, un partido o una fórmula política que cuente con un apoyo tan amplio como para superar las profundas divisiones que subyacen al conflicto.
En consecuencia, lo más probable es que, aún después de las elecciones que anunció Rodríguez, el país se mantenga dividido en torno de las tres cuestiones centrales: el manejo del potencial hidrocarburífero, la reforma constitucional y el reclamo de autonomías regionales.
En este contexto hubo dos elementos que llamaron la atención. Uno fue la postura pasiva de la Argentina y Brasil durante la larga agonía de Mesa. El tema del gas fue excluyente. Argentina y Brasil ya decidieron explorar otras alternativas de suministro, como la planteada por Perú.
El segundo factor fue la ambigua posición de EEUU. Por un lado exhibió un respaldo formal al presidente saliente. Pero, al mismo tiempo, en la asamblea de la OEA realizada esta semana en Fort Lauderdale, la administración Bush pujó a favor de un mecanismo que permita al organismo intervenir diplomáticamente en situaciones de crisis.
En Santa Cruz sigue vigente un referéndum convocado para el 12 de agosto con el fin de pronunciarse sobre el futuro status de la zona. El debilitamiento de La Paz como fuente de poder central es una de las consecuencias visibles de la crisis. Esto podría llevar a un largo camino que conduzca a la inviabilidad del Estado boliviano. Incluso, dentro de la fragmentación social, el debate principal hoy no parece girar en torno de quién gobierna, sino sobre qué gobierna. (DyN)
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