Congreso de la AMT: La Justicia debate sus fronteras ante la irrupción de la inteligencia artificial
Más de 800 especialistas, magistrados de tribunales internacionales y cortes provinciales deliberan en Tucumán sobre neuroderechos, sesgos algorítmicos y el límite ético entre la asistencia tecnológica y la delegación de sentencias.
Resumen para apurados
- Más de 800 jueces y expertos debaten el 12 y 13 de noviembre en Tucumán el impacto de la inteligencia artificial para evitar la delegación indebida de fallos judiciales.
- El encuentro incluye paneles internacionales sobre sesgos algorítmicos, neuroderechos y experiencias de cortes argentinas en la aplicación de sistemas inteligentes supervisados.
- El evento culminará con la Declaración de Tucumán, fijando un precedente para asegurar una modernización judicial tecnológica que preserve las garantías y el control humano.
La integración de sistemas generativos en el servicio de justicia trasciende el debate técnico para situarse de lleno en la garantía de los derechos fundamentales. Con la premisa de analizar hasta qué punto la tecnología puede optimizar el despacho judicial sin erosionar las facultades humanas no delegables, San Miguel de Tucumán concentrará este 12 y 13 de noviembre el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Justicia, organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) que preside Marcela Ruiz. El encuentro, que comenzará el jueves a las 9 en el hotel Sheraton, congrega a especialistas de tribunales locales, cortes de la región y casas de altos estudios de Europa.
La apertura institucional del jueves sienta las bases doctrinarias del encuentro a través de tres conferencias magistrales internacionales consecutivas. El titular del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, João Cura Mariano, expone sobre las fronteras de la inteligencia artificial frente a la función jurisdiccional; seguidamente, el catedrático Alfredo Ferrante (Universidad de Pavía) analiza los neuroderechos y el alcance de las nuevas tecnologías predictivas en el derecho privado, mientras que el jurista Gabriel Casado Ollero (Universidad Complutense de Madrid) aborda la tensión entre el dominio del poder público y las garantías individuales del justiciable.
La mañana completa su tramo inicial con un taller sobre innovación para la transformación judicial a cargo de Martín Alfonsín. El bloque vespertino del jueves profundiza el examen de la vulnerabilidad y las salvaguardas técnicas. En el panel sobre interseccionalidad y derechos humanos, referentes como Mariana Sánchez Caparrós, Romina Lara Gagliano, José Sahián y Victoria Santamaría Giugiaro analizan el impacto de la tecnología en consumidores, infancias, colectivos vulnerables y el informe Stanford sobre sesgos algorítmicos.
Tras un espacio de presentaciones ágiles enfocado en ingeniería de instrucciones (prompt skills) y diseño de agentes automatizados a cargo de Román Manso, Christopher Atanasopulo y Alejandra Fuca, la jornada ingresará en el análisis de resoluciones judiciales. Allí, Lucas Diez Hermida, Sara Pérez Cuervo y Carlos Frontera debatirán el paso crítico de la consulta exploratoria a la delegación indebida, antesala de un diálogo de jueces coordinado por Carolina Cano y Eduardo Barrionuevo e integrado por Sandra dos Santos Pera, Pablo Lorenzetti, Gustavo Caramelo, Adolfo Iriarte Yanicelli y David Chassagnade sobre la protección de datos y litigios ambientales.
El cierre incluye la presentación del libro sobre IA en el derecho tributario coordinado por Pablo Salomón junto a Gabriel Casado Ollero, Adolfo Iriarte Yanicelli y Carlos Pedroza López, con palabras de las doctoras Marcela Ruiz y Cristina Grunauer de Falú, decana de la Facultad de Derecho de la UNT.
El viernes 13 la actividad retoma con ponencias conceptuales sobre la filosofía del algoritmo en los tribunales y el modelo de justicia abierta para la generación de valor público, a cargo del especialista chileno Peter Sharp. Nuevas presentaciones breves explorarán el trabajo cotidiano del abogado con IA, la seguridad en agentes con acceso a sistemas procesales y la arquitectura de influencia digital, con aportes de León Finger, Juan Pablo Pezzutti, Diana Farfán y Horacio Báez Amenábar. El debate medular de la mañana se concentra en los riesgos directos para el debido proceso: el peruano Luis Alberto Durán Rojo y el fiscal Lucas Moyano examinarán la manipulación de pruebas, el quiebre de la cadena de custodia cognitiva, la inyección de instrucciones (prompt injection) y las alucinaciones algorítmicas frente a la independencia judicial, complementados por las exposiciones de Ignacio Pastore y Mario Adaro.
La tarde final mostrará los resultados concretos de los poderes judiciales y ministerios públicos. Tras la intervención de Javier Arteaga y la experiencia institucional del Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán, a cargo de su titular Washington Navarro, en la redefinición del trabajo defensivo, la mesa de casos de éxito reúne a los referentes tecnológicos de las Cortes Supremas de la Nación (Andrés Alberto Sacchi), Tucumán (Josefina Sánchez y Marcelo Zelarayán), San Juan (Mauricio Cerezo y Gustavo Moyano) y Mendoza (Mario Adaro), quienes detallan la aplicación de sistemas inteligentes bajo supervisión humana continua. También habrá espacio para el Laboratorio de Derecho y Nuevas Tecnologías. Innovación pública e inteligencia artificial y la experiencia en ese sentido de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán, con palabras de Mario Leal, Martin Rivas y Grunauer de Falú, y para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que, con la presentación de Marcos Rossi, mostrará el trabajo: “IA como servicio público: aplicaciones prácticas en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”.
Los paneles de innovación pública comunal, la presentación de la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNT, los análisis de ética judicial en Latinoamérica por María Gattinone y la exposición de Luis Carballo concluirán con la lectura formal de la Declaración de Tucumán por parte de la presidenta del congreso, Marcela Ruiz, al sellar el compromiso de la magistratura argentina con una justicia tecnológicamente avanzada pero estrictamente garantista y humana.









