Salvo en los productos exportables o importados, que se elevaron sin piedad (entre 300% y 400%), la tendencia apunta a inflar los valores en lapsos más prolongados, para evitar caídas bruscas en las ventas y que se irriten los consumidores.
La estrategia está enderezada a enjabonar la aceptación de los nuevos precios, hasta que la gente, con el tiempo, se resigne y los acepte como algo inevitable. "Es lo que siempre ocurrió", dicen los formadores de precios.
Con la devaluación improlija de enero, una década de estabilidad quedó destrozada en materia de precios.Los que más sufren en Tucumán los efectos de la impericia son los asalariados, los jubilados y los cuentapropistas. Son, igualmente, a los que golpeará con más fuerza la indexación de las tarifas en los servicios públicos, que representan un 20% de la canasta familiar. En el caso de los pobres, el peso es aún mayor.
Los presupuestos familiares son devorados por la inflación. Quedaron al margen, por ahora, los servicios privatizados, cuyas tarifas, que están congeladas, treparán entre un 2% y un 10% desde agosto, una vez que el ministro Lavagna lo autorice.
Detrás de la cruda realidad del corralito, el colapso del sistema financiero y la recesión se agazapa la inflación, como un enemigo implacable que puede derrumbar aún a las empresas más sólidas.
Los precios, de todas formas, no estallaron como lo hizo el dólar, que subió un 270%. Los índices oficiales minoristas marcan apenas un 30% de suba en seis meses y los mayoristas saltaron un 70%, aunque la canasta alimentaria se elevó un 70%. Los tucumanos interpretan que la onda inflacionaria no se detuvo y que tampoco será fácil pararla en poco tiempo.
Un tormento
Para ajustar por inflación, la economía usa las inolvidables indexaciones, que son un tormento insoportable para las empresas y para la gente que debe pagar cuotas, porque transforman el futuro en una odisea imprevisible. Los ingresos nunca suben con la misma velocidad que los índices de ajuste para créditos, como el CER, que se pone en marcha en agosto, o el CVS (ajusta por índice salarial).
Estos mecanismos también se emplean para actualizar alquileres, compras del Estado y otras operaciones, e implican una preocupación adicional para los deudores y siempre se codean con la corrupción.
Las nuevas reglas de juego son incompatibles con las que rigieron durante la Convertibilidad y, junto a la catástrofe que se abatió sobre el sistema bancario, explican por qué desaparecieron instrumentos tan útiles como el crédito hipotecario para adquirir inmuebles y los préstamos prendarios para comprar automóviles. En Tucumán, ambos mercados muestran una mayúscula depresión.
El CER se aplicará en las cuotas de muchos créditos, con las excepciones dispuestas hace poco, pero eso no significa un alivio para todos los deudores tucumanos. Muchos tienen acuerdos particulares que la legislación no contempla y que los pone en riesgo de perder lo que adquirieron con esfuerzo y cuando suponían que este era un país normal. (Por Luis Alberto Peña, Jefe de Redacción de LA GACETA)
