Resumen para apurados
- En Tucumán, el fiscal Blanno rechazó hoy darle informes al legislador Courel sobre la causa contra la intendenta Graneros por considerar que la ley no lo reconoce como parte.
- Courel denunció a Graneros por la supuesta compra en efectivo de una mansión de un millón de dólares en Yerba Buena, pero la Justicia ya le había negado ser querellante penal.
- El legislador denunció un manto de impunidad judicial para proteger al poder político y anticipó que evalúa pedir el juicio político del fiscal tras la negativa.
Fue rechazada por el fiscal Fernando Blanno la petición que presentó el legislador Manuel Courel para que le informen novedades sobre la denuncia que realizó contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por la supuesta compra de una casa en el country Las Yungas (Yerba Buena) por más de un millón de dólares en efectivo. “Está claro que la están protegiendo”, embistió el parlamentario.
En un escrito de seis páginas, el fiscal Regional esgrimió los motivos por los cuales rechazó la solicitud de Courel sobre la presentación que inició en junio de 2026 con el patrocinio de Luis María Díaz Augier. De movida, señaló que el artículo 148 del Código Procesal Penal de Tucumán establece que el denunciante no será parte del proceso y que esa disposición “delimita con claridad los efectos jurídicos derivados de la formulación de una denuncia penal”. Le recordó, a su vez, que la Justicia le rechazó la posibilidad de ser querellante.
Desarrollo del fiscal
A su vez, el fiscal sostiene que el “interés legítimo” exigido por el Código Procesal Penal de Tucumán no es una simple expectativa ciudadana, sino un concepto jurídico que requiere una vinculación concreta, personal y diferenciada con la investigación. En ese sentido, el fiscal señaló que la condición de denunciante no otorga privilegios y que la función de legislador no genera un interés particular.
“No se desconoce la importancia institucional que reviste la investigación de hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de funciones públicas, ni el interés que puede tener la ciudadanía en que tales acontecimientos sean esclarecidos mediante una actuación objetiva y eficaz de los órganos competentes. Sin embargo, ese interés (...) no constituye por sí mismo una situación jurídica diferenciada que habilite el acceso individual a las actuaciones”, expuso el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Finalmente, Blanno consideró que Courel “no ha demostrado una afectación concreta, personal y diferenciada, ni otra situación jurídica particular que permita reconocerle el interés legítimo exigido por el artículo 228 del CPPT”. Por ese motivo, dispuso no hacer lugar a lo solicitado por el legislador “por no ser parte en el proceso ni acreditar interés legítimo”.
Manto de impunidad
Consultado por este diario, el parlamentario cuestionó el nuevo revés (antes había solicitado ser querellante en la causa y luego pidió que revea esa decisión). “Esto es más de lo mismo. Primero me rechazan el rol de querellante y ahora hasta la posibilidad de acceder al expediente y pedir un informe sobre los avances que ha habido. La realidad es que la causa no avanzó absolutamente nada. Ahí queda claro lo que es este sistema de impunidad que está cubriendo esta causa y a todo el sistema político de Tucumán”, disparó.
En ese sentido, Courel cargó contra el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez. “Hay una orden de arriba del Ministerio Público Fiscal, de Jiménez, par que esta causa no avance de ninguna manera. Hay un manto de impunidad que está cubriendo esta causa y a todo el sistema político. En Tucumán la corrupción no se investiga; esto es gravísimo, y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Estamos dispuestos hasta pedir juicio político al fiscal”, aseguró, al tiempo que dijo que pedirán una audiencia para ser atendidos por Jiménez.
Según el legislador, pese a que aportaron muchas pruebas, “no se ha hecho absolutamente nada más que enviar un oficio a Las Yungas” y que eso le dio tiempo suficiente a la parte denunciada para supuestamente “acomodar todas sus cosas”. Mencionó un supuesto cambio de titularidad del boleto de compraventa del inmueble.
Graneros evitó siempre referirse al tema. Su abogada, Paula Morales Soria, rechazó que el inmueble en cuestión sea de Graneros. “Lo que manifiesta (el legislador) en los medios es completamente falso. Que deje de incurrir en delitos haciendo una gira mediática por todos los medios digitales de la provincia”, mencionó.
