El Gobierno nacional encarará esta semana una etapa decisiva en el Congreso para encauzar el debate del Presupuesto 2027 y desactivar las embestidas de los bloques opositores. Las primeras reuniones de negociación estuvieron encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y contaron con la presencia estratégica del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En ese marco de primer acercamiento, los bloques aliados acercaron sus demandas prioritarias, solicitando mayores precisiones sobre las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas y al área de discapacidad. Ante esto, el plan de trabajo del oficialismo apunta a consolidar consensos con celeridad para lograr la firma del dictamen en comisión el 28 de octubre. De cumplirse ese plazo, La Libertad Avanza buscará llevar el proyecto al recinto el próximo mes, otorgando al Senado el margen necesario para desarrollar un tratamiento acelerado antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. No obstante, en los pasillos de la Cámara baja reconocen que el cronograma es tentativo y estará sujeto a la solidez de los acuerdos parlamentarios que logre tejer el oficialismo en el Congreso y en Casa Rosada.
El cronograma formal de debate se iniciará mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el diputado Bertie Benegas Lynch. Para esa jornada inaugural están programadas las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. Las discusiones comenzarán al día siguiente y proseguirán en las reuniones pactadas para el 20, 27 y 28 del mismo mes, jornada en la que se pretende dictaminar.
Uno de los principales focos de tensión proviene del reclamo por mayores recursos económicos para la educación superior y la atención a la discapacidad. Estas exigencias son impulsadas fuertemente por legisladores referenciados en los gobernadores de Misiones y Salta, agrupados en la bancada de Argentina Federal. En este sentido, el diputado misionero Alberto Arrúa elevó un proyecto de resolución exigiendo que la pauta presupuestaria de 2027 contemple los fondos para cumplir la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente, garantizando así gastos operativos, actualización salarial y becas estudiantiles.
Jugada oficialista
Para contrarrestar la agenda impulsada por la oposición y asegurar la gobernabilidad parlamentaria, Martín Menem convocó a una sesión especial para el 21 de octubre. La estrategia del oficialismo busca ensamblar un temario que combine iniciativas libertarias con proyectos de interés para los aliados dialoguistas. El objetivo de fondo es aislar a las bancadas opositoras que intentan derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por Javier Milei. El temario impulsado por el propio Menem y diputados de LLA absorbe dos de los tres reclamos de la oposición: Discapacidad y Desendeudamiento Familiar. Ambas iniciativas cuentan con dictamen e integran la convocatoria previa impulsada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de Provincias Unidas. Para habilitar esa sesión, el arco opositor debe garantizar un quórum de 129 diputados en sus bancas, una meta que hoy luce distante producto de las maniobras políticas y fallos judiciales recientes.
La disputa central gira en torno al intento de la oposición de derogar el DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Milei eliminó los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. La oposición solicitó una sesión especial para el 15 de octubre con el fin de voltear la medida. A pesar de que un reciente fallo de la Corte Suprema rechazó una medida cautelar impulsada por el Centro de Excombatientes al considerar que carecía de legitimación, el resultado envalentonó a los sectores críticos. Con el malestar expresado también desde la Iglesia, el Poder Ejecutivo quedó en una postura defensiva.
El escenario legislativo sumó además un elemento determinante tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que actuó como un salvavidas institucional para la Casa Rosada. La decisión del máximo tribunal restableció la vigencia de la Ley de Tierras, fija límites precisos para las compras de campos por parte de adquirentes extranjeros y reconfigura el terreno sobre el cual el oficialismo y la oposición librarán sus próximas batallas decisivas en el Congreso.
