Resumen para apurados
- La Corte Suprema convocó este viernes a un acuerdo extraordinario en Buenos Aires para tratar la demanda contra el DNU de Milei que derogó la Ley de Tierras.
- El tribunal aceleró plazos e integró a dos conjueces por falta de consenso previo, en una causa impulsada por comunidades indígenas y ambientalistas.
- Una eventual medida cautelar podría restablecer provisoriamente los límites a la venta de campos a extranjeros, marcando el futuro del régimen de tierras.
La Corte Suprema de Justicia convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, en el marco de la causa que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023. La reunión podría abrir el camino a una nueva definición judicial sobre la vigencia de las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La convocatoria se produjo después de que el máximo tribunal acelerara el trámite del expediente y redujera de 72 a 24 horas el plazo para formalizar la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Ambos fueron sorteados para completar la integración de la Corte ante la falta de una posición común entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El expediente fue promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionan el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, una norma que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Una cautelar que podría restablecer las restricciones
El expediente tiene pendiente la resolución de una medida cautelar que, si fuera concedida, podría restablecer provisoriamente las restricciones que regían antes de la derogación. La posibilidad de que el tribunal avance sobre ese planteo explica la aceleración de los tiempos procesales.
La propia Corte justificó la reducción de los plazos por las “particulares circunstancias de la causa” e incluso habilitó días y horas inhábiles para completar su integración. Barroetaveña y Pérez Curci ya aceptaron sus designaciones como conjueces.
La convocatoria a un acuerdo extraordinario constituye un nuevo paso en el tratamiento de una causa que podría tener consecuencias sobre el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina. Sin embargo, la reunión no implica por sí misma que el tribunal vaya a resolver definitivamente la cuestión de fondo.
Las diferencias con el caso de los excombatientes de Malvinas
El expediente guarda relación con otro planteo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), aunque los argumentos jurídicos son diferentes.
La semana pasada, la Corte rechazó la presentación de los excombatientes por considerar que no contaban con legitimación suficiente para impulsar el reclamo. En esa decisión, el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
En cambio, Árbol de Pie y las comunidades indígenas sostienen que cuentan con “títulos de legitimación propios y diferentes”. Para respaldar su presentación, invocan derechos ambientales, la protección de la biodiversidad y la preservación de los territorios ancestrales.
