Resumen para apurados
- El Tribunal de Faltas de Tucumán invalidó recientemente una auditoría de la Municipalidad por considerar que violó los procedimientos legales correspondientes.
- Su titular, Lizondo Ruiz, rechazó el informe oficial y denunció serias fallas estructurales y operativas que dificultan las labores cotidianas del organismo.
- El conflicto profundiza la tensión institucional entre el juzgado y el municipio, lo que obligará a revisar los controles y las condiciones de trabajo del área.
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El Tribunal Municipal de Faltas (TMF) expuso su versión en el contrapunto que mantiene con la Capital. El órgano que preside Fabián Ignacio Lizondo Ruiz cuestionó la auditoría que aprobó por decreto el Ejecutivo y y replicó que existen deficiencias estructurales, tecnológicas y de equipamiento que dificultan la labor diaria en los Juzgados. El abogado habló de funcionarios “sin experiencia” y de “atropellos”.
El municipio encabezado por Rossana Chahla realizó un análisis sobre el manejo del Tribunal y detectó -según fue declarado en el Boletín Oficial (BO)- conclusiones “sumamente críticas” que incluyen una presunta paralización masiva de causas en 2024, una acumulación histórica sin juzgar entre 2019 y 2023, y otras irregularidades “sustanciales” en la prescripción de los expedientes.
Sin notificación
El presidente del TMF, Lizondo Ruiz, negó a LA GACETA que se haya realizado un procedimiento formal de esa magnitud. “Nunca fui notificado del inicio de una auditoría, como tampoco fueron notificados los juzgados que lo componen”, remarcó.
El órgano se excusó de las demandas de la Municipalidad -cuyos planteos, indican en el Tribunal, no habrían sido comunicados al órgano- apuntando a una serie de dificultades estructurales y tecnológicas de larga data.
En primer lugar, Lizondo Ruiz demandó “importantes limitaciones estructurales”, como que dos de los tres sistemas informáticos que utilizan (Sinai, CIT y SAE) tienen más de 15 años de antigüedad y dificultan el avance en la ejecución de las sanciones. Ese sería el caso del Sinai, que no permite instrumentar adecuadamente el procedimiento necesario para el cobro judicial de las multas impagas.
Agravio de inspectores
El abogado también advirtió que hay actas labradas por reparticiones municipales que tienen errores formales o legales, lo que provoca que algunas sean nulas. “Toda ejecución de una multa tiene que cumplirse con todos los formalismos para que el ciudadano no se vea perjudicado con la aplicación de una multa en un proceso ilegal de los inspectores. En muchos casos nos toca salvaguardar el derecho de los ciudadanos ante el atropello de algunos funcionarios municipales”, lanzó.
Lizondo Ruiz mencionó, además, errores de registración y carga de actas provenientes de otras oficinas municipales, sobre cuyas actuaciones iniciales el Tribunal no tendría injerencia directa. El presidente del TMF resaltó que esas deficiencias repercuten en la tramitación y el seguimiento de expedientes, y aseveró que todas las circunstancias fueron puestas en conocimiento del Ejecutivo municipal.
La insuficiencia del personal y la falta de equipamiento informático adecuado fueron otras de las problemáticas enumeradas por el titular del órgano.
Reclamo salarial
Asimismo, Lizondo Ruiz se refirió a la demanda salarial que sostiene frente al municipio. Repasó que en marzo de 2024 Chahla firmó un decreto que establecía un régimen de equiparación remuneratoria para los jueces del Tribunal al nivel de los secretarios municipales. Y como los haberes no se liquidaban como se había establecido -aseguró el titular del TMF-, el órgano inició una medida preparatoria contra la Municipalidad para que se subsane el error.
En agosto de este año, la intendenta firmó un nuevo decreto que revertía la equiparación salarial, lo que para los jueces fue considerada una medida “intempestiva, ilegal e irresponsable”, planteando que se menoscabó la intangibilidad de los sueldos de los jueces municipales. Allí, el TMF interpuso un recurso de reconsideración.
Finalmente la disposición fue revertida por el municipio. Lizondo Ruiz valoró esa decisión pero manifestó que “estas acciones ilegales e injustificadas no son culpa de la señora intendenta, pero sí de algunos funcionarios sin ningún tipo de experiencia, que la mal asesoran al punto de que la llevan a eliminar un decreto que ella misma había puesto en vigencia”.
Necesidad de reforma
Por último, el presidente del Tribunal de Faltas planteó la necesidad -según dijo, transmitida a la intendenta- de reformar el actual Código de Faltas, que data de 1982. “Han transcurrido más de cuatro décadas desde la sanción del actual Código, durante las cuales se produjeron profundas transformaciones sociales, urbanísticas, tecnológicas y jurídicas que hacen necesaria su actualización”, fundamentó.
Lizondo Ruiz cerró con un llamado al consenso. “Considero que mediante el diálogo institucional y el trabajo conjunto de las autoridades municipales, siempre respetando la autonomía funcional y jerárquica del honorable TMF, podremos avanzar en las transformaciones necesarias para brindar a la ciudadanía un servicio de justicia acorde con las necesidades actuales de nuestra ciudad”, sostuvo.
