La inminencia de una nueva temporada de lluvias enciende, una vez más, las alarmas en una provincia que arrastra una dolorosa e histórica vulnerabilidad frente a los excesos hídricos. Este año, la advertencia meteorológica no admite ligerezas: los pronósticos sobre la intensidad del fenómeno de El Niño anticipan precipitaciones extraordinarias y tormentas severas que pondrán a prueba la capacidad de resistencia de todo el territorio tucumano. Frente a este horizonte crítico, la gestión del riesgo no puede quedar librada a la improvisación de último momento ni al mero auxilio de las víctimas cuando el agua ya ha ganado las calles y las viviendas; la anticipación rigurosa es el único camino ético e institucional para evitar que el verano se traduzca en una nueva catástrofe social.
En este contexto de emergencia latente, la ejecución a fondo y a tiempo de las tareas prelluvia se vuelve determinante. Las intervenciones operativas que llevan adelante la Dirección Provincial del Agua y los municipios en arterias troncales como los canales Norte y Sur, así como en los aliviadores del interior provincial, deben sostenerse sin interrupciones ni fisuras burocráticas.
Sin embargo, el despliegue estatal más eficiente y millonario resulta estéril si no va acompañado por un compromiso cívico ineludible. La desidia comunitaria sigue siendo uno de los mayores cómplices de los desbordes urbanos y rurales. Resulta inadmisible que, a pocas semanas de ser limpiados con retroexcavadoras y cuadrillas, los cauces y zanjas vuelvan a colapsar tapizados de basura domiciliaria, ramas, plásticos e incluso electrodomésticos en desuso. Transformar los canales de drenaje en basurales a cielo abierto es un acto de flagrante irresponsabilidad que anula cualquier planificación técnica y termina condenando a los propios vecinos al anegamiento. La cultura de la preservación del espacio público debe dejar de ser una consigna vacía para convertirse en un imperativo de supervivencia colectiva.
A la par de la limpieza inmediata, el Estado en sus tres niveles -provincial, municipal y comunal- debe acelerar la articulación de su Comité de Emergencias y aceitar los protocolos de evacuación, monitoreo y asistencia temprana. Las comunidades del interior, tradicionalmente castigadas por las crecidas repentinas, no pueden quedar relegadas a la suerte de su geografía ni depender de la ayuda tardía. La prevención requiere que los sistemas de alerta temprana funcionen con precisión, que los centros de acogida estén identificados y aprovisionados, y que se ejerzan controles implacables contra la deforestación de las cuencas y el desvío irregular de aguas en los campos, prácticas que multiplican de forma artificial la furia de las correntadas.
Tucumán conoce con demasiada crudeza el costo de la desatención hídrica: familias que pierden en minutos el esfuerzo de toda una vida, caminos rurales arrasados, aislamiento de pueblos y un saldo evitable de angustia generalizada. La naturaleza no negocia sus tiempos ni repara en los descuidos humanos. Preparar la infraestructura, concientizar a la ciudadanía para erradicar el arrojo de residuos y coordinar las defensas del territorio con la máxima premura es una obligación impostergable.
