Nación fortalecida, provincias empobrecidas. La vieja estrategia volvió a asomar en el escenario previo a las elecciones generales. La procesión ya no va por dentro; se dirige hacia el Palacio de Hacienda de la Nación. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha captado la atención de todos los gobernadores. Los primeros datos del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 inquieta a las provincias. Las variables son claras: un crecimiento del PBI del 4%; una inflación acumulada del 18% para el año electoral (casi tres puntos menos que lo que se ha previsto para el ejercicio vigente), mientras que los salarios tendrán un ajuste promedio del 25,4%. Y un tipo de cambio que, hacia diciembre de 2027, puede ubicarse en torno de los $ 1.847,60 por unidad.
Esos lineamientos conducen a un camino: el ajuste a las provincias continuará en todas sus formas porque la administración del presidente Javier Milei no cederá nada en pos de conservar las anclas fiscal, monetaria y cambiaria. Por primera vez en mucho tiempo, la gestión libertaria quiere romper con la incertidumbre que, en cada año impar, asoma a las puertas de una elección.
Caputo habla con pocos gobernadores. El tucumano Osvaldo Jaldo es uno de ellos. El ministro más halagado por Milei le abrió las puertas a Tucumán para que, cuando necesite oxígeno financiero, no dude en entrar a su despacho. Economía es a las provincias lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo es para la Argentina:un prestamista de última instancia. Claro que los intereses no son sólo financieros;también se contabilizan los políticos. Los dialoguistas están sometidos a los designios de la Casa Rosada. El Presupuesto 2027 es una muestra de ellos. Por lo menos entre los mandatarios que acompañan institucionalmente al Gobierno nacional no habrá grandes discusiones para que sus representantes en el Congreso levanten la mano a la hora de votar “La Ley de Leyes”. Puede haber uno que otro cuestionamiento a la letra del proyecto pero, en lo medular, no habrá derecho al pataleo.
El “rojo” en las cuentas públicas atraviesa a casi todas las provincias, más a las del norte que a las patagónicas que, en su gran mayoría, se sostienen en base a las regalías. Neuquén es un caso excepcional. La explosión demográfica y económico por el “boom” de Vaca Muerta ha modificado el escenario de metas para lo que implican los márgenes de gastos y de ingresos en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hay gobernadores que promueven modificaciones para flexibilizar las condiciones y evitar una caída en incumplimiento de los objetivos acordados con la Nación.
En la Casa de Gobierno tucumana hay una preocupación notoria. Los números están tan ajustados que, en las proyecciones oficiales, se sostiene que todo está cuadrado hasta fines de octubre, cuando vence el plazo para que el Poder Ejecutivo eleve a la Legislatura el proyecto de Presupuesto provincial para 2027. No hay demasiados márgenes para la inversión; sí para el sostenimiento de los gastos esenciales. El ministro de Economía, Daniel Abad, ha dado un ejemplo sobre cómo se ha disparado el gasto público en un área sensible: la salud. Según el funcionario, las erogaciones para la atención sanitaria de la población se dispararon en torno de un 40%. Sucede que, cada vez más, los tucumanos dejan de pagar las cuotas de las empresas de medicina prepaga o no gozan de los servicios de una obra social, por lo que acuden al hospital público. A eso se suma la atención a los beneficiarios del PAMI. La deuda de la Nación por esos servicios crece, pero desde Buenos Aires no han dado señales de atender ese compromiso.
Hasta estos días, la deuda acumulada por el Gobierno nacional con Tucumán supera los $ 210.000 millones, un monto casi equivalente a una planilla salarial mensual en el sector público provincial. El déficit es un fantasma que ronda las finanzas tucumanas. Según los técnicos, los contratiempos financieros tienen solución en la medida que la Nación cumpla lo pactado. Además, Tucumán se sube al tren de los reclamos interprovinciales por las metas escritas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Dos cuestiones sustentan esa postura. Por un lado, la asignación de una participación más baja de lo que realmente le corresponde por su aporte al Producto Bruto y por la lectura diferente que la Nación realiza respecto de los subsidios. La provincia lo considera una inversión;la administración federal cree que es meramente un gasto; por eso los eliminó.
La educación el transporte sintieron ese impacto. El Incentivo Docente se provincializó y forma parte del Presupuesto provincial. Lo del transporte es más complicado. Los empresarios de la actividad exigen anticipos para sostener el servicio. Piden pan, no le dan, porque otras áreas como Desarrollo Social, piden queso y, a veces, le contestan con un hueso.
Las preocupaciones de Jaldo también tienen otros motivos. Las intestinas peleas con su ex compañero de ruta, el senador Juan Manzur, de cara a las elecciones generales del año que viene. El gobernador ha decidido dar un corte al asunto y anticipó que no le dará ni un espacio al ex mandatario en las nóminas que se están armando de cara a 2027. El lanzamiento anticipado de la fórmula y la exteriorización por parte de la intendente capitalina Rossana Chahla de que irá por la reelección le dio margen al resto de los actores oficialistas a estructurar los acoples. Un ministro salió fortalecido en el armado de lo que será el aparato peronista par 2027: el del Interior, Darío Monteros. Será el encargado de supervisar el armado en las tres secciones electorales: el Este (su lugar en el mundo político);el Oeste (con la impronta de los caciques legislativos como Sergio Mansilla y de los intendentes) y la Capital, donde estará la madre de todas las batallas. La experiencia de 2025 no le ha dado los frutos deseados a Jaldo. Por eso pone a su hombre de confianza para que diseñe la campaña. ¿Hay perdedores? Claro que sí. Las planillas de la elección de medio turno están frescas y alguien tiene que pasar factura. No habrá llaneros solitarios para evitar las fisuras que se exteriorizaron en comicios anteriores. Jaldo ha enfatizado que su candidata es Chahla y el que lo discuta no puede formar parte de Tucumán Primero.
Un viejo dirigente peronista resume todas estas cuestiones en una frase:“somos muchos los convocados, pero serán pocos los elegidos”.
Las tiranteces llegaron hasta Buenos Aires. Axel Kicillof levantó el teléfono para preguntarle qué hará el tucumano el año que viene. Jaldo no mostrará las cartas ni recibirá presiones políticas ni institucionales. El toma y daca es constante. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, también tiene línea directa con la Casa de Gobierno tucumana. La discusión sobre las reformas a la Ley de Biocombustible son la excusa, pero también el puntapié inicial para saber qué hará el oficialismo local hacia las generales.
Las inquietudes no se agotan en esas cuestiones. Jaldo sabe que, antes de las elecciones provinciales, habrá amenazas de tormenta. El 9 de mayo está muy cerca del período de lluvias. Las obras son más que necesarias y tendrán que ser un muro de contención para ganarse el apoyo social. Los fondos escasean. Tucumán vuelve a ser Nación-dependiente. Todos le prenden vela a Caputo para que, más allá de las diferencias políticas, la línea de financiamiento siga abierta, más allá del resultado en las urnas.
