Resumen para apurados
- La legisladora Silvia Elías de Pérez pidió hoy al Ejecutivo tucumano reglamentar la ley de salud mental para garantizar la asistencia y prevención del suicidio en la provincia.
- Sancionada en 2025, la Ley 9.923 reformó el abordaje integral sanitario, pero carece de protocolos, programas y mecanismos administrativos clave para operar plenamente.
- Frente al suicidio como causa líder de muerte en jóvenes de 15 a 34 años, su aplicación efectiva permitirá coordinar a los efectores de salud y brindar respuestas oportunas.
La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo provincial que otorgue carácter prioritario a la reglamentación e instrumentación de la Ley N.º 9.923, sancionada en septiembre de 2025, con el objetivo de garantizar su aplicación plena y efectiva.
La norma introdujo modificaciones sustanciales al régimen provincial de salud mental y prevención del suicidio, estableciendo un abordaje integral, comunitario, interdisciplinario e intersectorial. Además, incorporó obligaciones concretas vinculadas con la prevención, la detección temprana, la asistencia, el seguimiento, la posvención, la capacitación y la coordinación entre instituciones. Sin embargo, algunas de sus disposiciones todavía requieren la elaboración de protocolos, programas, procedimientos y mecanismos administrativos complementarios para poder implementarse completamente.
“En salud mental, cada demora tiene consecuencias. No alcanza con sancionar una ley si después no se generan las herramientas necesarias para que pueda aplicarse y llegar concretamente a las personas que necesitan asistencia”, sostuvo Elías de Pérez.
La parlamentaria remarcó que la falta de una reglamentación integral no suspende la vigencia de las disposiciones que pueden aplicarse directamente, pero advirtió que impide organizar adecuadamente programas, dispositivos de atención, protocolos y estructuras de coordinación indispensables.
“Estamos hablando de prevención del suicidio, detección temprana, acompañamiento y continuidad asistencial. Son políticas que requieren respuestas claras, articuladas y oportunas por parte del Estado. La reglamentación no puede seguir esperando”, afirmó.
El proyecto también solicita que, una vez aprobados los instrumentos reglamentarios y administrativos correspondientes, el Gobierno provincial garantice su publicación y difusión para facilitar su conocimiento y aplicación por parte de organismos públicos, efectores de salud y demás sectores involucrados.
“A casi un año de la sanción de la ley, necesitamos que el Poder Ejecutivo concluya este proceso. La salud mental debe ser una verdadera prioridad de la política pública y no solamente una declaración escrita”, concluyó Elías de Pérez.
