El debate en torno a la gestión de la tierra puede centrarse en la capacidad del Estado para regular el territorio y proteger su soberanía por encima de las lógicas puramente inmobiliarias. En este marco, Natalia Czytajlo, arquitecta, investigadora del Conicet en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) e integrante del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano, cuestionó el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Gobierno. Según la especialista, el nombre resulta engañoso dado que el derecho a la propiedad ya cuenta con resguardo constitucional, por lo que el foco de las discusiones legislativas sobre desalojos y expropiaciones debería orientarse a preservar la función social del suelo.
La investigadora advirtió que la desregulación normativa atenta contra la soberanía estatal para tomar decisiones sobre los recursos naturales y sus límites territoriales. A modo de ejemplo, explicó que la adquisición privada de extensiones circundantes a un recurso estratégico puede terminar condicionando el uso de este, una problemática sensible en la región del NOA ante el avance minero y la acelerada urbanización. En este contexto, sostuvo que la explotación económica no puede evaluarse de forma aislada, sino que debe contemplar los impactos sociales y ambientales a largo plazo.
En la escalada urbana de Tucumán, Czytajlo señaló que las grandes urbanizaciones cerradas suelen alterar la circulación de los ciudadanos y extender las distancias de traslado. Asimismo, criticó la existencia de predios que se mantienen vacíos durante años como especulación financiera o “terrenos en engorde”, recordando que el Estado cuenta con herramientas técnicas e instrumentos normativos para reorientar el destino de esas tierras hacia fines comunitarios.
