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Los expertos sostienen que detrás de las estafas masivas hay otro delito que debe ser investigado: el lavado de activos. En Tucumán, los casos de maniobras fraudulentas vinculadas con la captación de fondos van en aumento. Lo mismo ocurre con las investigaciones sobre personas u organizaciones sospechadas de intentar dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Técnicamente, el lavado consiste en hacer que dinero obtenido ilegalmente parezca haber sido ganado de manera legítima. Vale la pena recurrir a un ejemplo para que quede aún más claro. Días atrás, se descubrió que una organización narco realizaba esta operación con un grupo que había abierto siete gimnasios en menos de un año en Chaco y Corrientes. No sólo fue llamativa la expansión, sino también que las facturas por la compra de las máquinas que habían instalado eran un 60% más elevadas que su valor de mercado. Eso sí, todos los fastuosos locales estaban “colgados” del sistema de energía eléctrica.
Hay otras maniobras que suelen utilizarse. La compra de bienes (inmuebles, autos, motos y lanchas) es una de las alternativas más comunes. El entretenimiento también es un recurso habitual: hoteles, casinos, boliches, gimnasios y restaurantes han sido utilizados para estos fines. Los lavadores facturan millones sabiendo que ninguna autoridad controlará cuántas personas ocuparon una habitación, cuántos platos de comida se sirvieron en un restaurante o cuántos tragos se expendieron en un boliche.
Hay un mito popular: que sólo los narcos recurren a esta estrategia para introducir recursos de origen ilegal en el mercado formal. En nuestro país, las causas conocidas como “La Ruta del Dinero K”, “La Rosadita” y “Hotesur” son ejemplos de que los fondos provenientes de hechos de corrupción también pueden ser objeto de este tipo de operaciones.
Algunos casos
La experiencia judicial demuestra que las grandes estafas suelen dejar una segunda pregunta tan importante como la primera: no sólo cómo se obtuvo el dinero, sino qué se hizo después con él. En otras palabras, los investigadores no sólo buscan determinar si existió una maniobra fraudulenta, sino también establecer si los fondos obtenidos fueron introducidos en la economía formal mediante operaciones destinadas a ocultar su origen.
Tucumán también aparece en el escenario de este delito. Quizás el caso más emblemático sea la condena contra el clan Ale. El ya fallecido Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “El Mono” Ale fueron condenados junto con otras personas por haber realizado estas operaciones con fondos provenientes de la usura, la prostitución y la comercialización de drogas, entre otros ilícitos. El expediente fue particularmente llamativo porque, según se acreditó en el juicio, utilizaron a San Martín como parte de la estructura destinada a blanquear activos.
Pero en los últimos tiempos surgieron otros expedientes relevantes. Entre ellos se destacan:
• Adhemar Capital: Edgar Adhemar Bacchiani captó millones de pesos para realizar operaciones con criptomonedas. En febrero de 2022 comenzó a incumplir con los contratos. Ya fue condenado en Córdoba por estafa y espera ser juzgado por los hechos denunciados en Catamarca y Tucumán. La causa generó una tormenta política en la vecina provincia ante la sospecha de que funcionarios habrían utilizado fondos públicos para obtener ganancias extraordinarias.
• Causa Alberdi: el ex intendente Luis Campos, la legisladora Sandra Figueroa, los ex funcionarios José Roldán y Pablo Barrionuevo, el ex edil Albano Loru y el empresario Roque Giménez están acusados de haber integrado una asociación ilícita que habría lavado activos provenientes de presuntas irregularidades en la obra pública y del comercio de drogas.
• “Petiso David”: Walter David Lobos aparecía mencionado en varias causas de narcotráfico del NOA, pero los investigadores detectaron que había adquirido inmuebles y vehículos de alta gama a nombre de familiares sin justificar el origen de los fondos.
• “Chuky”: al monotributista Javier Casanova, tras ser detenido por tenencia de drogas, le descubrieron dos motos de alta gama, una camioneta costosa y una embarcación. Por ahora sólo se lo investiga por el estupefaciente secuestrado. Al parecer, acordó una condena de tres años de cumplimiento efectivo.
• Causa Ovejero: Darío Gerardo Ovejero captaba fondos para realizar negocios con la compra y venta de azúcar. Fue denunciado por estafa, pero el fiscal Diego López Ávila logró que el expediente pasara al fuero federal porque sospecha que podrían existir operaciones de lavado.
• Comando Vermelho: dos jóvenes tucumanos y sus madres -que ya recuperaron la libertad- fueron procesados por haber realizado operaciones con criptomonedas utilizando fondos que, según la acusación, pertenecerían a la organización criminal brasileña.
Pero existen otras pesquisas en marcha, como el caso de Lebron Group, otra presunta estafa piramidal. También están bajo la lupa cuatro de los seis detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína, que aseguraron estar vinculados al negocio de compra y venta de vehículos. Uno de ellos fue condenado en el juicio contra el clan Ale.
Limitaciones y dificultades
También es importante realizar una aclaración: no todas las estafas de estas características terminan necesariamente derivando en una causa por lavado de activos. Para que ello ocurra, los investigadores deben demostrar una conducta destinada a convertir, transferir, administrar, vender, gravar o poner en circulación bienes provenientes de un ilícito con el objetivo de otorgarles apariencia lícita.
El principal problema es que no resulta sencillo desarrollar una pesquisa de estas características. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) es un organismo especializado que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Fue creada en 2012 para fortalecer la investigación y persecución de delitos económicos complejos, especialmente aquellos vinculados con el lavado de activos, corrupción, fraude financiero, evasión tributaria y financiamiento del terrorismo.
Su función principal no es juzgar ni condenar, sino asistir a los fiscales federales, desarrollar investigaciones preliminares, recibir denuncias, elaborar estrategias de trabajo y colaborar en expedientes complejos. Aunque tiene sede central en Buenos Aires y una delegación en Rosario, interviene en causas de todo el país brindando apoyo técnico a los funcionarios que las instruyen.
Los legisladores José Cano y Gerónimo Vargas Aignasse sostienen desde hace tiempo que es necesario que la Nación instale una delegación de la Procelac en el NOA, tal como ocurre en la ciudad santafesina. “Siempre es importante desfinanciar a las organizaciones para que pierdan su poder”, sostuvo el radical. El oficialista agregó: “Las investigaciones económicas son fundamentales para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, que sigue creciendo en toda la región”.
Hace algunos años, los especialistas advertían que con el avance del tráfico de drogas aparecerían otros delitos asociados. Uno de ellos era el lavado de activos. El tiempo terminó dándoles la razón.
