Resumen para apurados
- Franco Alderete solicitó la quiebra en Tucumán ante la causa por estafa piramidal que investiga el fiscal Blanno, lo que provocó el rechazo de los denunciantes.
- Los abogados de los damnificados denunciaron que el planteo de quiebra es una maniobra para demorar los pagos, aunque la investigación penal continuará su curso.
- La justicia deberá resolver la situación legal del expediente en los próximos días, determinar el avance de la causa penal y el destino de los fondos adeudados.
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“Es una maniobra conocida para no cumplir con sus obligaciones”, sostuvo Aníbal Paz. “Puede pedir lo que quiera, pero una quiebra fraudulenta también es un delito”, añadió Juan Pablo Bello. Ambos representan a inversionistas que denunciaron por estafa a Franco Alderete, titular de Lebron, la empresa que está siendo investigada por una supuesta estafa piramidal que habría causado un perjuicio de unos $530 millones.
La quiebra solicitada por Alderete se conoció días después de que personal de Inteligencia Criminal allanara los domicilios conocidos del investigado. Por pedido del fiscal Fernando Blanno, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos para ser peritados.
Según trascendió, en uno de los domicilios se secuestró un documento considerado clave para la investigación. Se trata de un papel que serviría para demostrar que se dedicaba a la importación de suplementos alimentarios, tal como lo había informado en su declaración.
De la investigación surgió que Alderete comenzó a operar en 2020 y que a mediados del año pasado comenzó a incumplir los pagos pactados. Ese es un punto clave para los denunciantes. Señalaron que, aun sabiendo que no contaba con los fondos necesarios para responder a sus obligaciones, seguía captando capitales de otros inversionistas. “Por eso insistimos en que no estamos ante un incumplimiento contractual, sino frente a un típico esquema de estafa piramidal”, añadió Paz en una entrevista con LA GACETA.
Cuestionamientos al por mayor
“La situación concursal planteada por el denunciado no suspende el proceso penal. También hay que diferenciar si quien lo solicita es la propia persona, la empresa u otra sociedad que presuntamente se utilizó para la defraudación”, sostuvo Paz.
El penalista indicó que el concurso o la quiebra son mecanismos previstos para situaciones de insolvencia. “Eso no puede ser utilizado como un escudo ante eventuales responsabilidades penales”, aclaró. “A nuestro criterio, el denunciado realizó operaciones a sabiendas de que no podría cumplir con las obligaciones asumidas frente a mi representado”, añadió.
Bello, representante legal de otros denunciantes, señaló: “Nos enteramos recientemente del pedido de quiebra. Será materia de análisis determinar si se trata de una quiebra fraudulenta. En caso de ser así, presentaremos la correspondiente denuncia ante la fiscalía interviniente porque recordemos que se trata de una conducta prevista y penada por el Código Penal”.
“Claramente hay maniobras desesperadas por parte del imputado para seguir perjudicando a las víctimas”, agregó.
Cómo seguirá el proceso
Más allá de lo que ocurra en el fuero civil, esta semana podría definirse la continuidad del expediente que instruye Blanno. El fiscal espera las respuestas a los oficios que envió a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central de la República Argentina para establecer si Alderete estaba autorizado a realizar actividades financieras.
Si la respuesta fuera negativa, debería declararse incompetente y remitir el expediente a la Justicia Federal. Si ello ocurre, como sucedió con otras causas similares, también podría investigarse la posible comisión de otros delitos de competencia federal, entre ellos lavado de activos.
